Culpable: los secretos de la condena al ex presidente de Honduras que puede terminar sus días en la cárcel

(Nueva York, especial). Los jurados creyeron, de forma unánime como debía de ser según la ley estadounidense, lo que la fiscalía les dijo durante las dos semanas que duró el juicio al ex presidente de Honduras, acusado en la corte del distrito sur de Manhattan de tres cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el uso ilegal de armas. Los jurados creyeron que Juan Orlando Hernández es culpable de haberse asociado con los narcotraficantes más peligrosos de su país, incluso con el mexicano Cartel de Sinaloa, de haber recibido millonarios sobornos de ellos, de haberlos protegido con todo el poder del Estado a cambio del dinero y, al final, de haber sido, él mismo, un capo del narcotráfico.

A la 1:31 p.m., hora del este, el vocero del jurado, un hombre blanco de mediana edad, contestó en nombre de sus colegas la primera pregunta de la secretaria del tribunal respecto al cargo de conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos. “Culpable”, dijo el hombre. Dio la misma respuesta para los otros dos delitos, uso de armas destructivas de grueso calibre y uso de esos pertrechos en la empresa de narcotráfico.

Acto seguido el juez de la causa, Kevin Castel, agradeció a los jurados por su servicio y los despachó. Dijo Castel que leerá la sentencia el próximo 26 de junio a las once de la mañana. Luego, Juan Orlando Hernández, vestido con el saco gris oscuro, la camisa azul metálico y corbata a juego que usó durante el juicio, se retiró de la sala 26B de la corte, donde durante poco más de dos semanas ha escuchado a testigos y él mismo subió al estrado para defenderse.

Antes de retirarse acompañado de los dos alguaciles que lo han custodiado en los últimos días, acaso sabedor de que enfrenta la posibilidad de morir en una cárcel estadounidense -cadena perpetua es la sentencia máxima por el primer cargo-, Hernández volteó a la banca del público en donde estaban sentadas sus dos cuñadas, Lottie y Julia García Carías. “Soy inocente, díganselo al mundo. Los quiero mucho”, les pidió con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos por las lágrimas.

Afuera, periodistas hondureños que han seguido el juicio desde el principio, se apresuraban a enviar sus despachos hasta Tegucigalpa. Frente a la entrada lateral de la corte, en el sur de Manhattan, decenas de migrantes originarios de Honduras explotaban en muestras de emoción. Madres de víctimas mortales que el narcotráfico ha dejado en el país centroamericano se abrazaban, también con lágrimas, mientras otros gritaban consignas celebrando la condena. Una mujer, megáfono en mano, dirigió el canto espontáneo del himno nacional hondureño.

Cuando el sol se puso en Nueva York, Juan Orlando regresó a la celda en la que ha estado en los últimos meses, luego de que fue extraditado a principios de 2022 a petición de Estados Unidos, pocas semanas después de haber dejado la presidencia de su país. Esa celda está en el centro de detención metropolitano de Nueva York en Brooklyn, a una media hora en carro desde la corte.

Fue la última página de una saga cuyo último capítulo arrancó con la extradición del ex mandatario y había comenzado mucho antes, al menos en 2009 según el relato de la fiscalía.

Era el año previo al golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya, el presidente en aquella época. Juan Orlando Hernández se preparaba para ser elegido presidente del Congreso Nacional de Honduras. En El Patio, un restaurante de Tegucigalpa, la capital, el entonces diputado Hernández se reunió con otros tres hombres, su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, Fabio Lobo y un narcotraficante colombiano nombrado solo como “Cinco”. Hablaron de drogas y dinero, según testificó Lobo bajo juramento en este juicio.

Los hermanos Hernández encomendaron a Lobo hacer una gestión solicitada por Cinco: rescatar 1,200 kilos de cocaína de un avión decomisado en Roatán, una isla turística en el Caribe hondureño. El testimonio, uno de los más dañinos para Juan Orlando Hernández, lo ponía al centro de una red de narcotraficantes acuerpados por el poder político de sus socios.

Lobo es hijo de Porfirio “Pepe” Lobo, quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010 y, desde su posición, impulsó a Hernández como su sucesor.

El primero de los testigos presentados por la fiscalía fue un contador nombrado aquí como José Sánchez, quien detalló cómo Hernández recibió, en 2013, previo a las presidenciales que lo llevarían a la jefatura del Ejecutivo, sobornos de Giovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante con el que hizo sociedad en un narcolaboratorio.

Pasaron también al estrado Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de la banda Los Cachiros, uno de los clanes de narcotráfico más poderosos del país la década pasada, y Alexander Ardón, otro narcotraficante, este compañero de partido de Hernández y entonces alcalde de El Paraíso, una aldea en las montañas fronterizas con Guatemala que era entonces uno de los principales puntos de salida de la cocaína hacia México y de ahí a los Estados Unidos.

Fue Ardón quien testificó que él y el clan de los Valle Valle, el otro grupo importante de narcotraficantes hondureños, gestionaron el contacto de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando, con el Cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, y el Mayo Zambada. Dijo Ardón que el Chapo envío una “contribución” de un millón de dólares para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, JOH como se le conoce en Honduras por sus iniciales.

Las relaciones de JOH con Sinaloa fueron confirmadas por un narcotraficante colombiano a quien la fiscalía presentó en el juicio como Luis Pérez, quien también utilizó el alias de Alexander Monroy Murillo y era el enviado del Chapo en Honduras. Pérez/Monroy reveló que desde 2012 Sinaloa había logrado mover cocaína por Puerto Cortés, la principal entrada marítima de carga por el Atlántico hondureño, gracias a contactos con el gobierno de Pepe Lobo, entonces presidente.

Los gestores del puerto aconsejaron al representante del cartel mexicano dar dinero a la campaña presidencial de Hernández para garantizar el uso continuado de la rada cuando JOH llegara a la presidencia. Sinaloa, según Pérez, aportó USD 2.4 millones y obtuvo la promesa de protección de sus cargamentos y algo más, la certeza de que recibirían del gobierno información sobre helicópteros Blackhawk estadounidenses estacionados en territorio hondureño para evitar la interdicción de aeronaves cargadas de cocaína.

Todos estos testimonios sirvieron al equipo de acusadores, liderados por la fiscal Elinor Tarlow, construir el relato que habían presentado en los argumentos de apertura, uno según el cual Juan Orlando Hernández estuvo al centro de una conspiración de narcotraficantes que, alimentados por la corrupción política, lograron hacer de Honduras una de las principales “autopistas” de la droga en el continente americano.

Había más. Otros dos testigos llevados por el gobierno estadounidense al estrado detallaron cómo esa conspiración incluyó, también, a la MS13, la más violenta de las pandillas centroamericanas.

La mujer entró a la sala 26B de la corte en silencio. Menuda, vestida con pantalón y suéter negros, el rostro cubierto por gafas transparentes, pronunció su nombre en voz alta desde el estrado: Andrea Santos. Dijo haber sido compañera de vida de Alexander Mendoza, alias “Porky”, líder máximo de la MS13 en Honduras en 2014, cuando JOH había asumido ya como presidente.

Durante sus días con Porky, dijo Santos, escuchó varias llamadas telefónicas entre su compañero de vida y otros pandilleros. Hablaban, aseguró la mujer, del presidente, de que los “gringos” ya lo investigaban por sospechas de que estaba implicado con el crimen organizado, de que Hernández había armado un equipo élite en la policía para deshacerse de un narcotraficante al que Estados Unidos buscaba y que, de caer en manos de los extranjeros, podía dar información comprometedora sobre el mandatario. Y hablaron los pandilleros de cómo Juan Carlos “Tigre” Bonilla, jefe policial y protegido de JOH, era uno de los principales abastecedores de droga para la MS13.

Daniel McNamara, un técnico de la Agencia Antidrogas (DEA) que también testificó, corroboró que él había revisado transcripciones de algunas de esas llamadas, obtenidas de un teléfono de Porky que había sido intervenido por las autoridades.

Otro hilo condujo a la MS13. Miguel Reynoso, un ex detective hondureño adscrito al Ministerio Público, explicó cómo había decomisado armas, dinero y libretas de un vehículo en el que se conducía Nery López, alias Magdaleno Meza, un narcotraficante que era socio de Tony Hernández. En esos cuadernos Reynoso encontró anotaciones de las iniciales JOH y del apellido Hernández al lado de cantidades de dinero escritas a lápiz.

Meza, quien quedó detenido el día que le decomisaron el vehículo en junio de 2018 y luego fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Honduras, fue asesinado por un comando militar que se introdujo sin problemas a la prisión en diciembre de 2019. Días antes del asesinato, Meza y las narcolibretas habían sido mencionadas en el juicio que Estados Unidos siguió a Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando. La inteligencia hondureña determinó que Porky, el jefe de la MS13, había sido el cerebro que planificó la operación.

Los defensores de Hernández intentaron refutar el relato fiscal diciendo que se basó en la palabra de narcotraficantes confesos y que no había más elementos que corroboraran esos dichos. Pero sí los hubo: los fiscales presentaron fotos de JOH con uno de los narcotraficantes y con los hijos de otro, transcripciones de las llamadas de Porky, las narcolibretas y fotos de armas en chats de socios del presidente. Un testigo presentado por la defensa corroboró, también, relatos que ubicaban a JOH en reuniones con narcos.

Sobre la calidad de sus testigos, los fiscales repitieron en sus argumentos de cierre lo que habían dicho en la apertura: para hablar de un narcotraficante no llevaban a la corte “niñas scout” o “niños del coro”, dijeron, sino a los criminales sanguinarios con quienes el acusado había conspirado.

Al final, el jurado, con su veredicto de culpabilidad, convirtió en verdad judicial el relato de los fiscales. Desde el 8 de marzo de 2024 a la 1:31 p.m., cuando se leyó la decisión del jurado, Juan Orlando Hernández se convirtió en un narcotraficante condenado. La defensa adelantó que apelará el fallo.

El gobierno de Estados Unidos reaccionó pronto a la condena de Hernández en Nueva York. El primer funcionario en hacerlo fue Damian Williams, jefe distrital de la fiscalía neoyorquina. “Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo”, escribió en un comunicado.

Williams parecía hacer una corrección de plana al discurso que la defensa de Hernández utilizó durante el juicio, según el cual el expresidente fue un aliado confiable de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en Centroamérica.

Merrick Garland, fiscal general estadounidense y jefe de Williams, también se pronunció y envío un mensaje a otros políticos extranjeros que son investigados desde Washington por sospechas de corrupción o narcotráfico, entre los cuales hay, en el caso centroamericano, funcionarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele y del exmandatario guatemalteco Alejandro Giammattei.

“Como lo demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia esta perturbando todo el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar qué tan lejos o cuán alto debamos llegar”, comunicó Garland.

Durante el juicio a Hernández, testigos, fiscales y la misma defensa nombraron a una treintena de funcionarios y exfuncionarios hondureños, incluidos ministros, diputados y militares, sospechosos de haber participado con el expresidente en su red de narcotráfico. El Ministerio Público de Honduras, que envió a cuatro agentes como observadores al juicio en Manhattan, ha anunciado que abrió ya varias líneas de investigación por lo dicho en este proceso judicial.

Uno de los nombres más mencionados fue el de Óscar Chinchilla, el ex fiscal general de Honduras, señalado por los fiscales de encubrir investigaciones que apuntaban a Hernández y su hermano Tony.

Por ahora, el jefe máximo de aquella red, el expresidente, está ya condenado. Atrás de él queda uno de los países más pobres y violentos del continente, lastrado por la violencia del narcotráfico. Familiares de algunas de esas víctimas se dieron cita en una pequeña plaza aledaña a la corte neoyorquina para celebrar el fallo y rendir homenaje a los suyos.