Exiliados nicaragüenses en Costa Rica lanzaron una campaña para evitar extradiciones de opositores al régimen de Ortega

Los exiliados nicaragüenses en Costa Rica han iniciado acciones para evitar que opositores en ese país sean extraditados a Nicaragua bajo cargos de delitos comunes, tal como sucedió el pasado 16 de febrero cuando las autoridades costarricenses entregaron al régimen de Daniel Ortega al exilado político Douglas Gamaliel Pérez Centeno.

Este lunes, grupos de exiliados se manifestaron frente a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica para pedir prudencia cuando conozcan casos de extradición que solicita el régimen nicaragüense.

Según los opositores, el gobierno de Daniel Ortega aprovecha las leyes costarricenses para “encarcelar a nicaragüenses por razones meramente políticas” a través de gestiones de extradición.

“Lamentamos que la dictadura nicaragüense pueda estar utilizando a la justicia costarricense, remitiendo casos con apariencia de legalidad para seguir encarcelando a opositores. Apelamos a la prudencia de este honorable tribunal”, señalaron los exiliados en una misiva dirigida al magistrado Fernando Castillo, titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias “Relámpago”, 44 años, fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022, alertadas por una orden internacional de captura que se originó en Nicaragua.

El 16 de febrero, después de infructuosos esfuerzos legales para detener la extradición, Pérez Centeno fue entregado por Costa Rica al régimen nicaragüense, bajo la sombra de un antiguo tratado de extradición firmado entre ambos países hace 130 años, el cual en su artículo 1 establece el compromiso a entregarse mutuamente a las personas que se refugien en sus respectivos territorios y que hayan sido condenados o enjuiciados como autores o cómplices de crímenes como homicidio, asesinato, parricidio, envenenamiento, infanticidio o aborto, así como la tentativa para cometer estos crímenes; también estupro, violación y rapto, entre otros.

Pocas horas después de su entrega, las autoridades nicaragüenses presentaron al extraditado con uniforme azul de preso y encadenado de pies y manos.

Los exiliados nicaragüenses solicitaron también a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica que se revise el caso de Reinaldo Miranda Picado, otro opositor detenido sobre quien hay una solicitud de extradición hecha desde Nicaragua.

“Sobre él pende una aberrante solicitud de extradición por parte del régimen nicaragüense, que pretende desconocer su condición de opositor”, afirma el documento entregado por los exiliados nicaragüenses.

El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, recordó en un artículo de opinión publicado en el costarricense diario Extra que tanto Douglas Gamaliel Pérez Centeno como Reinaldo Miranda Picado “son dirigentes campesinos que han enfrentado al régimen de Ortega y Murillo y se vieron obligados a dejar su patria después de las violentas represiones del Gobierno de Nicaragua contra las manifestaciones de abril de 2018 con saldo de 355 muertos. Solicitaron condición de refugiados que les fue negada en 2019″.

Otro caso que ha despertado las alarmas en el exilio nicaragüense es el del profesor de matemáticas Gabriel Leónidas Putoy Cano, un reconocido opositor contra quien la jueza nicaragüense María Auxilio Chavarría giró una orden de captura consignada en Interpol.

Putoy Cano fue preso político de la dictadura nicaragüense por participar en las protestas ciudadanas de 2018. Fue detenido en julio de 2018 y salió de cárcel el 10 de junio de 2019, gracias a una ley de amnistía que aprobó Daniel Ortega.

Tras su excarcelación, el profesor se refugió en Costa Rica y, recientemente, el sistema financiero de ese país le cerró sus cuentas bancarias debido a la orden de captura internacional que existe contra él. Perdió su trabajo y teme ser extraditado.

El expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez expuso en su artículo las matemáticas que demostrarían cómo Daniel Ortega está usando a la Interpol y las acusaciones por delitos comunes para perseguir a los opositores más allá de las fronteras de Nicaragua.

“De un total de 6811 personas en las noticias rojas de Interpol, 69 son de Nicaragua. Esto es el 1.01% del total. Compárese esa cifra con la población nicaragüense respecto al mundo que es de solo 0.09%. ¡La demanda de arrestos a Interpol por parte de Nicaragua es más de once veces mayor a su proporción de la población del mundo!”, expone.

“Y no es que Nicaragua tenga una tasa de criminalidad común alta. Los homicidios dolosos por 100, 000 habitantes en Nicaragua son con mucho más bajos que en Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana”, añade Flores.

Recordó asimismo que el artículo 3 de la Constitución de Interpol dice: “Está rigurosamente prohibido a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial” e incluso tiene Interpol un Directorio de procedimientos del artículo 3 que específicamente señala como objetivo de ese artículo “proteger a las personas contra posibles persecuciones”.