Caso Purga: así actuaba la red de corrupción entre políticos, jueces y narcos en Ecuador

El juez nacional Javier de la Cadena ha declarado como legal la detención de los 12 arrestados por supuesta delincuencia organizada dentro del caso Purga, que pretende probar los nexos entre la política, la justicia y el narcotráfico. La audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del 4 de marzo, se extendió toda la madrugada y fue suspendida a las 07h00 de este 5 de marzo. Según dijo el juez, la audiencia se reanudará esta tarde para conocer qué medidas impondrá a los vinculados.

Durante su exposición la Fiscal General, Diana Salazar, ha señalado a quienes la entidad considera como los líderes de la estructura de delincuencia organizada que sirvió para la obtención ilegal de beneficios judiciales. El exlegislador, Pablo Muentes; la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo y el juez Johan Marfetán –también vinculado al caso Metástasis– han sido presentados como autores, según el Ministerio Público. Los otros nueve involucrados habrían actuado en calidad de colaboradores.

Para este caso fueron claves las conversaciones y archivos extraídos del teléfono celular de Mayra Salazar, quien se desempeñaba como directora de comunicación de la Corte Provincial del Guayas, vinculada al caso Metástasis y que tenía una relación personal con el narco Leandro Norero. La mujer, que está en prisión preventiva, manejaba un troll center para defender a Muentes y a Gallardo. Mientras la jueza Gallardo buscaba llegar a la Corte Provincial le pagó a la relacionadora pública USD 2.500. La fiscal Diana Salazar cuestionó aquello pues dijo que un juez gana alrededor de USD 4.000: “¿Cómo le pagaba a Mayra Salazar ese sueldo, la jueza Gallardo?”, increpó la fiscal general.

Cuando Gallardo asumió como presidenta de la Corte, el sueldo de Mayra Salazar fue asumido por el exlegislador Pablo Muentes que le pagaba la misma cantidad en efectivo. La relacionista pública aprendió cómo funcionaban los sorteos de jueces, por ejemplo, para favorecer los intereses de sus jefes. Mayra Salazar actuaba como operadora y su trabajo era manipular a los funcionarios de la Corte Provincial del Guayas, para favorecer a intereses de la estructura criminal liderada por Muentes, Gallardo y Marfetán.

La fiscal también mostró que la jueza Gallardo contactó al abogado de Adolfo Macías, alias Fito, para que el criminal se beneficiara con un fallo que le permitiera regresar de la prisión de máxima seguridad La Roca a la cárcel regional del Guayas, de donde se fugó. La fiscal Salazar dijo que es sorprendente que no fue el narcotraficante quien buscó a Gallardo, sino que ella fue la que tendió el vínculo.

La fiscal Salazar sustentó ante el juez que Muentes utilizaba su poder político a su favor dentro de la Corte Provincial del Guayas. Eso le habría permitido obtener una sentencia favorable e impensable en un juicio que inició el Banco del Pacífico en contra del exlegislador y de su esposa, también detenida en el caso Purga.

Muentes y su esposa fueron demandados por no cancelar una deuda de USD 383.000 con el mencionado banco. En respuesta, el matrimonio interpuso una acción de habeas data y pretendieron “justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda”. En un giro sorprendente, el matrimonio no solo logró no cancelar la deuda sino que el juez dispuso al Banco que pague USD 4 millones por los daños causados a Muentes y a su esposa.

El juez que conoció la causa del matrimonio y falló a su favor también está detenido como parte del caso.

Pero no solo Muentes se beneficiaba, sino también sus familiares: “Usaban el recurso de habeas data para apropiarse de bienes. En Guayas todo era posible”, indicó la fiscal Salazar. Bajo este mecanismo un primo de Muentes se apropió de un terreno avaluado en USD 200.000

Cuando Fernando Villavicencio fue asesinado, Daniel Salcedo, condenado y procesado por varios delitos, se comunicó con Mayra Salazar. Salcedo –que también se aprovechaba de la misma estructura investigada en el caso Purga para que sus casos y el de sus familiares fueran conocidos por jueces que fallaran a su favor–, envió un video a Mayra Salazar para que ella lo difunda. En ese video, el grupo delincuencial se deslinda del asesinato de Villavicencio. En la audiencia se reprodujo un fragmento donde se escuchó: “No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de la delincuencia organizada) Los Lobos. No nos tapamos la cara, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado a personas del Gobierno o civiles”.

Fue entonces, según la Fiscalía, Salcedo quien se encargó de que Mayra Salazar difundiera ese mensaje: “Ese video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel Salcedo... Mayra Salazar le responde que ya lo pasa a grupos de prensa también”, dijo la fiscal general.

Para la fiscal Salazar, este hallazgo contribuirá a determinar quiénes son los autores intelectuales del asesinato del político.