La extradición a Managua de opositores al régimen de Daniel Ortega preocupa al exilio nicaragüense en Costa Rica

Encadenado de pies y manos, el régimen de Daniel Ortega presentó al opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno, 44 años, a quien el 16 de febrero las autoridades de Costa Rica entregaron a Nicaragua.

La extradición de Pérez Centeno ha despertado la alarma entre los exiliados nicaragüenses que se encuentran Costa Rica porque consideran que se está abriendo la puerta a futuras extradiciones sobre opositores que reclama la dictadura de Ortega en Nicaragua.

“El grave precedente se puede basar, en que en tanto y en cuanto el Estado costarricense no le otorgue el refugio a una persona que sea perseguida política, perfectamente, el Estado de Nicaragua puede realizar una imputación penal a esa persona y pedir su extradición”, señala el abogado y opositor nicaragüense Juan Diego Barberena, exiliado en Costa Rica.

Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias Relámpago, es acusado por el régimen nicaragüense por su presunta participación en el asesinato de una policía y un trabajador administrativo durante el asalto al vehículo de una empresa cacaotera, entre otros delitos, en la comunidad Buena Vista, del municipio de El Castillo, Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Junto a Pérez Centeno está requerido también Reinaldo Picado Miranda, alias Omar, por los mismos delitos. Ambos son ex guerrilleros nicaragüenses que lucharon contra la revolución sandinista en los años 80, participaron en las protestas contra el régimen de Ortega en 2018, y huyeron a Costa Rica ese año por la represión que desató la dictadura contra los opositores.

Ambos fueron apresados en Costa Rica poco después del asalto que se les imputa.

Según la Policía de Nicaragua, Pérez junto con otros sujetos son autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 cuando 10 sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían a realizar pago de planilla en una camioneta.

“Los sujetos al cometer el robo con intimidación asesinaron a la compañera policía Aracelly Marisol Díaz Salinas, de 20 años, y al compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56 años, trabajador de la empresa Agro Industrial del Río”, señaló el comisionado general Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía de Nicaragua.

“El monto de los robado a la empresa Agro Industrial del Río fue de 443.938,63 córdobas (12.121,4 dólares), que era el dinero correspondiente a la planilla de pago. Asimismo, se robaron una computadora portátil, fusiles AK propiedad de la Policía Nacional, una escopeta y dos pistolas que portaban los vigilantes de la empresa”, añadió.

Otro acusado, Ramón Antonio Argeñal Mendoza, fue capturado en Managua y condenado a cadena perpetua y 103 años de prisión por los delitos de robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado.

El 23 de junio de 2023, el Tribunal de Juicio de Puntarenas resolvió “acoger y declarar con lugar la solicitud de extradición iniciada por Nicaragua” contra Douglas Gamaliel Pérez Centeno y Reinaldo Picado Miranda, y el 22 de agosto un tribunal de apelaciones confirmó la orden de extradición y estableció un plazo de dos meses para que se cumpla.

La decisión de las autoridades judiciales de Costa Rica se argumenta en un tratado de extradición, firmado hace 130 años, entre Costa Rica y Nicaragua, que en su artículo 1 establece el compromiso entre ambos países a entregarse mutuamente a los individuos que se refugien en sus respectivos territorios y que hayan sido condenados o enjuiciados como autores o cómplices de crímenes como homicidio, asesinato, parricidio, envenenamiento, infanticidio o aborto, así como la tentativa para cometer estos crímenes; también estupro, violación, rapto, entre otros.

Un experto nicaragüense en temas de seguridad consultado por Infobae cuando se anunció la deportación, mostró sus reservas con este caso, pues, dice, “no se distingue la frontera entre la acción política y la delincuencial”.

“Son unas personas que sí son opositores, sí fueron contras, pero tanto en Nicaragua como en Costa Rica están involucrados en hechos delictivos”, afirma el experto que pidió no se mencionara su nombre por razones de seguridad.

Para el abogado nicaragüense Juan Diego Barberena, la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno “sienta un peligroso precedente porque no se observaron los procedimientos adecuados en términos de, por ejemplo, que las autoridades judiciales y policiales costarricenses tuviesen presente, al momento de ejecutar esta extradición, el sometimiento del poder judicial a los designios políticos de de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

Dice que en Nicaragua un opositor al régimen Ortega Murillo carece de las garantías fundamentales y las reglas básicas del debido proceso en un juicio.

En cual quier caso, agrega, Pérez Centeno nunca debió ser entregado a Nicaragua. “El artículo 31 de la Constitución costarricense establece que el territorio costarricense va a servir de asilo a todas aquellas personas perseguidas políticas y en el caso de que una persona, por algún imperativo legal, tenga que ser expulsada de este territorio costarricense nunca va a ser devuelta al Estado donde se presume es perseguido políticamente. Eso es un imperativo constitucional”, afirma.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tomó distancia de la extradición del nicaragüense señalando que se trataba de una decisión independiente del sistema de justicia costarricense.

“Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones”, expresó a través de un comunicado fechado el domingo 18 de febrero. “La extradición es un proceso 100 % judicial en el que sólo tienen participación y ejecución las autoridades de ese Poder de la República. Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, NO participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta”, añadió.

Sin embargo, el abogado defensor de Pérez Centeno, el costarricense Daguer Hernández, afirma que el ejecutivo de Costa Rica tiene responsabilidad directa en la extradición del opositor nicaragüense, en tanto realizó un proceso sumario para negar el asilo y el refugio a Douglas Gamaliel Pérez Centeno y así allanar el camino a la extradición.

En agosto de 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, negó el asilo político Pérez Centeno en una Resolución que la firma Rodrigo Chaves, entre otros.

“Si a nosotros nos trasladan a Nicaragua nos ponen en bandeja de plata al régimen para que nos asesinen”, expresó a la plataforma Expediente Público, Reinaldo Picado Miranda, el otro opositor que espera su extradición en una cárcel de Costa Rica.

“Ojalá que te dieran un solo tiro, pero no te matan de un solo tiro, allá existe la tortura, es lo primero que harán, hasta donde más pueda, lo llevan al hospital y lo regresan hasta que en una de esas uno muere”, añadió en la entrevista que realizó por teléfono con el detenido.

Juan Diego Barberena señala que el Estado costarricense tiene tradición de abrir sus puertas a quienes piden protección internacional, pero considera que con la reciente extradición “se pueden abrir unas grietas peligrosas si el Estado costarricense no denota, digamos la voluntad de mantener esa tradición”.