Luis Lara, ex ministro de Defensa de Ecuador: “Si se declaró una guerra sin planificación, es muy peligroso”

Han pasado casi tres meses desde que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretara el estado de excepción y el conflicto armado interno. La disposición del Ejecutivo incluyó la orden para que las Fuerzas Armadas ejecuten acciones tácticas para neutralizar a 22 grupos narcocriminales que fueron declarados como terroristas y como actores no estatales beligerantes.

Hasta el 22 de febrero, las fuerzas del orden ya habían ejecutado más de 118.000 operativos de seguridad y detuvieron a 9.473 personas, 241 por actos de terrorismo. Los efectivos militares desplegados en todo el país realizan patrullajes y controlan las prisiones. La Policía también ejecuta controles terrestres y aéreos. Según el gobierno, en las dos primeras semanas de la declaratoria del conflicto armado interno, las muertes violentas bajaron de 28 a 6 por día.

A pesar de estas medidas, recuperar los niveles de seguridad en el país es una tarea que llevaría varias décadas. En un contexto complejo, el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Guillermo Lasso y general en servicio pasivo del Ejército, Luis Lara, conversó con Infobae y analizó las acciones emprendidas por el nuevo gobierno en materia de seguridad.

Para el ex ministro es necesario que exista transparencia en los objetivos que el Ejecutivo busca alcanzar así como en las cifras presentadas. Además, Lara explicó a este medio sobre las implicaciones que conlleva haber declarado a los grupos de delincuencia organizada como actores no estatales beligerantes. El general también se refirió al apoyo estadounidense en materia de seguridad y al fortalecimiento de los servicios de inteligencia en el país.

– ¿Cuál es su criterio en torno a la situación de conmoción que ha vivido el país a consecuencia de la violencia desatada por las organizaciones narcocriminales?

– Es importante colocar en contexto la grave situación que vive el país por la acción de violencia desatada por el crimen organizado, las mafias del narcotráfico y sus aliados, los operadores políticos, económicos y judiciales. Este no es un tema que surge de improviso. Existen causas estructurales de la violencia, es decir, causas económicas, sociales y culturales que propiciaron el fortalecimiento de los grupos criminales. No hay que perder de vista que existen también causas políticas que tienen que ver con la complicidad o la inacción de gobiernos nacionales, gobiernos locales, operadores de la justicia y legisladores. Como esta es una problemática del conjunto de la sociedad, se necesitan unas políticas, estrategias y acciones del Estado y del gobierno para enfrentar esta situación de violencia extrema, desatada por la delincuencia organizada y el narcotráfico, tanto en la coyuntura como a largo plazo. Este tipo de violencia de la mafia contra los países no es nuevo ni es un problema exclusivo del país. Debemos recordar los casos de Colombia en los años ochenta, de Perú o Bolivia en los noventa, de México en los 2000 o del Estado fallido en Haití en la actualidad. A diferencia de esos países, las organizaciones criminales en el Ecuador no han logrado el control de territorios o la liberación de zonas por la ausencia de autoridades del Estado. Han conseguido de alguna manera el control en determinados barrios de ciudades imponiendo el terror o la violencia, pero siempre se han generado respuestas por parte de la Policía Nacional o en casos de emergencia por las Fuerzas Armadas, como se evidenció con las operaciones militares que se desarrollaron en todo el país, cuando se emitieron los estados de excepción y con ellos se facultó el apoyo de las FF.AA. a la policía en el control de la seguridad interna y de los centros de privación de libertad. La decisión del gobierno anterior de declarar al narcotráfico primero y más tarde al crimen organizado, a la minería ilegal y al terrorismo como amenazas para el Estado, no solamente dio inicio a acciones concretas para enfrentar la arremetida de los grupos armados al servicio del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, sino también al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin esas acciones, oportunas y valientes, no hubiesen sido posibles las decisiones del actual gobierno. En materia de seguridad y defensa, los procesos no nacen de una toma de decisiones apresurada o retórica, sino que requieren planes minuciosamente preparados con soportes de información, inteligencia, tecnología, logística y georreferenciación. MacArthur dijo: “Ningún plan gana una guerra, pero sería muy difícil ganar una guerra sin un plan”.

– ¿Cuál es su opinión sobre el Plan Fénix anunciado por el gobierno del presidente Daniel Noboa?

– El actual gobierno anunció un Plan Fénix y lo promocionó como una solución instantánea a los problemas de inseguridad. Ese plan no ha sido dado a conocer; el gobierno tampoco ha anunciado cuáles son las estrategias para reducir la inseguridad ni los objetivos a conseguir a corto y mediano plazo; tampoco se conocen las políticas de seguridad o de defensa. La violencia desatada por las mafias en estos últimos tiempos es una reacción desmesurada ante las acciones del Estado ecuatoriano para defender su soberanía, la democracia y los derechos de los ecuatorianos, el principal, sin duda, el derecho a la vida. Frente a ella no caben simples campañas promocionales o estrategias de TikTok. Si es el caso que se declaró una guerra contra las organizaciones criminales sin una adecuada planificación, estamos frente a una situación extremadamente peligrosa, pues se estaría poniendo en riesgo la vida del personal militar que debe afrontar, en durísimas condiciones de operación, a grupos fuertemente armados...

– En relación con la declaración de conflicto armado interno o internacional, ¿considera que la denominación dada a los delincuentes afecta su estatus y el tratamiento legal que reciben?

– Intentaré ser muy preciso en el análisis de esta coyuntura. ¿Existe una situación de enorme violencia que pone en riesgo a los ciudadanos? Sí. ¿Esa violencia es generalizada en todas las ciudades y parroquias del país, impidiendo la normal actividad de los ecuatorianos? En este caso, la respuesta es que, aunque la criminalidad se ha convertido en una realidad cotidiana, no ha escalado a niveles en los cuales se impida el trabajo, el estudio, la circulación o el reposo de la gran mayoría de ciudadanos. Hay que matizar que un gran porcentaje de los asesinatos tienen que ver con los grupos criminales, sus enfrentamientos y venganzas. Sin embargo, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y las amenazas a la fiscal general Diana Salazar son muestras de un accionar cada vez más violento de las mafias, que le perdieron el respeto a la Policía y al accionar de la justicia, porque lograron infiltrar algunas organizaciones del Estado y al parecer cuentan con apoyo en sectores legislativos, judiciales y de la comunicación... La declaratoria de “conflicto armado interno” es uno de los mecanismos contemplado en la doctrina de seguridad. Su utilización debe hacerse para enfrentar el peligro real de grupos armados organizados, que controlan físicamente parte del territorio nacional, imponiendo sus propias reglas y sin permitir la acción de las instituciones del Estado o de las autoridades de la justicia. Para la existencia de un conflicto armado interno, deben existir grupos armados no gubernamentales que luchan en contra de las Fuerzas Armadas de un Estado; sus acciones tienen un nivel de intensidad que excede el de los actos de violencia aislados; esos grupos cuentan con un nivel de organización que les permite llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas contra el Estado y sus instituciones. En ese caso, se justifica la utilización de las Fuerzas Armadas al interior del territorio nacional, utilizando el poder militar para neutralizar a quienes pretendan socavar la soberanía, destruir la democracia y atentar contra el Estado de Derecho (...). Considerar como amenazas inminentes a la existencia misma de la nación a 22 grupos criminales, grandes y pequeños, que no actúan como una fuerza integral, bajo un comando central, con operaciones estructuradas para tomarse territorios o para suspender o impedir las actividades de las instituciones y los ecuatorianos, considero que fue apresurado. Los grupos de delincuencia organizada existentes en el Ecuador no pueden ser considerados como un grupo armado beligerante, ya que no cuentan con una organización militar y política permanente; así como tampoco ejercen el control de una parte importante del territorio ecuatoriano. Sería importante para el país que el señor presidente de a conocer de manera transparente si existen informes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Inteligencia Estratégica que fueron la base para la toma de esta decisión. Esos informes deberían contener la información de inteligencia necesaria para ubicar de manera inmediata las zonas del territorio en poder de los grupos considerados terroristas y realizar las operaciones militares para combatir esa amenaza con el poder de las armas. A los criminales, asesinos, sicarios, extorsionadores, que operan en grupos aislados, se les debe identificar, perseguir y neutralizar mediante operaciones especializadas de la Policía Nacional. Pero para ello, debe darse una profunda depuración y reestructuración de la institución policial, cambiando su modelo de gestión y manera de operar. Entonces, el país tendrá la confianza en la lucha contra la violencia, en la cual ya han venido actuando las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Me pregunto y le pregunto al gobierno, ¿qué pasa si fracasa esta declaratoria? No le quedaría al Estado espacio de maniobra. Si se declara una guerra es con la intención de ganarla, se debe tener un plan logístico que le de sostenibilidad a las operaciones, caso contrario estas se irán diluyendo con el pasar del tiempo. No olvidemos que una guerra tiene un alto costo en vidas y en recursos y debemos estar totalmente preparados para esas batallas.

– Se menciona que los resultados de las operaciones son producto del trabajo de inteligencia militar que se ha venido realizando desde meses atrás. ¿Qué nos puede comentar sobre la efectividad de estas operaciones y la calidad de la inteligencia en el país?

– A raíz de que el narcotráfico y el crimen organizado son declarados como una amenaza a la soberanía e integridad territorial, se inició la planificación y capacitación mediante el desarrollo de seminarios, cursos, ejercicios y simulaciones para capacitar al personal militar en técnicas, tácticas y procedimientos inherentes a la lucha contra el narcotráfico, priorizando la cooperación interagencial e interoperabilidad. Paralelamente a esta capacitación y entrenamiento se realiza el fortalecimiento de las capacidades de las FF.AA., siendo la prioridad inmediata el fortalecimiento de la inteligencia militar, absurdamente desmantelada por anteriores gobiernos, ya que el narcotráfico y el crimen organizado pasaron a constituirse en un blanco prioritario para las FF.AA. El fortalecimiento de la Inteligencia Militar se orienta tanto al recurso humano como a los recursos materiales, equipo y tecnología. Se crearon unidades especiales para cubrir estos nuevos blancos. En la medida que se iba fortaleciendo, los resultados de las operaciones se iban incrementando; los resultados que hoy estamos viendo son justamente producto de todo un proceso del desarrollo de la inteligencia militar, casos como la detención de más de una veintena de cabecillas de diferentes niveles y de diferentes grupos de delincuencia organizado. El caso de la droga encontrada en Vinces y otros ejemplos más que podría indicar, así como otras investigaciones que están por resolverse, son justamente resultados del fortalecimiento de la Inteligencia Militar.

– ¿Cuál es su percepción sobre el proceso de cooperación con Estados Unidos en materia de Defensa y Seguridad y qué impacto tiene en la situación actual del país?

– Frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, ya no bastan la acción de las fuerzas de seguridad de los Estados, no es suficiente la voluntad política de los gobiernos, sino que es imprescindible la actuación coordinada de las naciones y el apoyo de la comunidad internacional. Justamente para conseguir apoyo internacional, en mi período de gestión, el Ministerio de Defensa elaboró la “Estrategia Integral para la seguridad y la Paz” la misma que sirvió de base para la negociación con los Estados Unidos y la suscripción del acuerdo de entendimiento con ese país. En esta estrategia se analiza la situación general, a nivel regional, la situación vecinal y la situación nacional (actualizado a noviembre de 2023), contiene el direccionamiento político, cuatro fases y sus acciones estratégicas que orientan las operaciones militares y policiales hasta llegar al control efectivo del territorio en el año 2026. Además, contiene los ámbitos estratégicos de la Seguridad Ciudadana y de la Defensa y los requerimientos para poder cumplir “La Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz”. Ante la imposibilidad del gobierno de poder atender los requerimientos de las FF.AA. y Policía Nacional, el presidente Guillermo Lasso lideró un proceso de búsqueda de apoyo internacional haciendo conocer la situación que vivía el país. Esta estrategia fue puesta en conocimiento del Comando Sur, inicialmente, y posteriormente a varios funcionarios del Congreso de EE.UU., llegando inclusive a solicitar este apoyo directamente al presidente de los EE.UU. Estas gestiones tuvieron su punto culminante el 19 de julio de 2023, fecha en que se firmó el Memorándum de Entendimiento (MOU) para la cooperación en materia de seguridad.

– ¿En qué consiste ese memorándum? ¿Cuál es su alcance?

El MOU contiene 169 objetivos a ser alcanzados hasta el año 2030 para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Con los EEUU se realizaron varios acuerdos como: la asistencia en interceptación aérea, que contempla financiamiento, datos de inteligencia, datos de radar, soporte logístico, soporte de comando, control y comunicaciones, equipos, mantenimiento y capacitación; el Sheep Raider para operaciones marítimas contra las actividades ilegales en el mar; el acuerdo SOFA, que trata sobre el status de militares y civiles de E.EUU. que puedan estar presentes en Ecuador, en visitas de buques, entrenamientos, ejercicios, actividades humanitarias entre otras. Estos acuerdos han sido ya ratificados por la Corte Constitucional y son de gran importancia para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y las actividades ilegales en el mar. Esta cooperación es muy importante para el país y sus resultados se irán observando progresivamente. La estrategia y los acuerdos fueron entregados al presidente Daniel Noboa y al ministro de Defensa entrante. Es decir, trabajamos para mejorar la seguridad y la defensa de la nación. No importa el gobierno que ejecute los proyectos o se beneficie de sus resultados.

– Se ha visto que las Fuerzas Armadas han tomado el control de las prisiones y de las zonas calientes del país, ¿por qué antes no sucedió esto? ¿Qué les falto a los gobiernos?

Con respecto a las zonas calientes como Durán, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo, que usted menciona, las FF.AA. siempre estuvieron ahí apoyando a la Policía Nacional. En ellas se han generado acciones de violencia extrema de grupos criminales pero no control territorial del narcotráfico o el crimen organizado transnacional. En los estados de emergencia, la acción de Fuerzas Armadas permitió restablecer el control sobre puntos específicos en los cuales la Policía Nacional consideraba que su capacidad estaba superada. Es importante señalar que las Fuerzas Armadas intervienen de manera directa en los centros de rehabilitación social a partir de la declaración del Decreto Ejecutivo 823 del 24 de julio de 2023 que declara el estado de excepción por grave conmoción interna a todos los centros de privación de libertad a nivel nacional y dispone la intervención de las Fuerzas Armadas al interior de estos establecimientos hasta retomar su control interno y garantizar que no existan amenazas graves a la vida e integridad personal de los internos servidores públicos y visitantes a los centros de rehabilitación, todo esto bajo el amparo del Art. 29 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Antes de la emisión de este decreto se realizaron operaciones rutinarias de control de armas en cumplimiento al Art. 26 de la Ley antes mencionada. Los resultados de las intervenciones fueron importantes y variaron de acuerdo al artículo de la ley que se aplicó. Lamentablemente trajeron un alivio temporal a la situación al interior de los centros de rehabilitación, pues una vez concluida la intervención militar, los centros volvieron a estar bajo el control del SNAI y su seguridad a cargo de la Policía Nacional. En la actual coyuntura, las FF.AA. también tendrán que entregar el control al SNAI y PN y si estas instituciones no han sido depuradas, estaremos nuevamente a una situación similar en el futuro.

– Existe cierta controversia respecto a las estadísticas relacionadas con las operaciones realizadas en el marco del Plan Fénix. ¿Qué opinión le merece al respecto?

Quiero expresar mi felicitación a los soldados de tierra, mar y aire por el trabajo que están realizando en beneficio del país y el pueblo ecuatoriano, como siempre he manifestado los soldados nunca serán inferiores a los retos de la historia y así lo están demostrando con gran valor y sacrificio a pesar de las limitaciones que tienen. En relación a su pregunta puedo manifestar que no es bueno hacer comparaciones más aun cuando las cuentas son erróneas en lo referente a número de operaciones y cantidad de resultados. De acuerdo a expresiones realizadas por el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. a los medios de prensa, manifiesta que las casi 74 000 operaciones que han sido ejecutadas en 29 días y que son mucho más que la suma de todas las operaciones realizadas en los estados de excepción del año 2023, considero que las expresiones son desafortunadas y engañosas, pues implican que las Fuerzas Armadas estarían ejecutando dos operaciones por minuto que es algo irrealizable. Como estrategia publicitaria se están confundiendo acciones con operaciones. Entonces una decena o más de operaciones militares en varias provincias, se ejecutan mediante acciones tácticas que pueden ser de control de armas, revisión de vehículos, verificación de documentos, acciones especiales que podrían en casos extremos llevar a un enfrentamiento con elementos criminales

– ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la transparencia y la precisión de los datos promocionados?

– Es fundamental que el número de personal empleado, las operaciones realizadas y los resultados alcanzados estén acordes a la realidad. Las FF.AA. siempre han sido transparentes y hoy el país exige que se mantenga esa condición. Por crear un escenario de seguridad no podemos mostrar unos logros inexactos e irreales. Todos los ecuatorianos felicitamos las acciones de las FF.AA. y sus mandos deben ser los más transparentes posibles, pues la confianza que tiene la población en sus soldados debe ser la motivación para actuar con responsabilidad, prudencia e integridad.