Alarma y dudas en Brasil por la fuga de dos líderes criminales de una prisión de máxima seguridad

Aunque se encontrara a los dos delincuentes que se fugaron el 14 de febrero de la prisión de Mossoró, en el estado nororiental de Rio Grande do Norte, alea jacta est, la suerte está echada. Su fuga supuso un gigantesco desaire a la seguridad del país sobre el que la sociedad civil exige ahora explicaciones porque se trata de la primera evasión en la historia del gigante latinoamericano de una prisión federal, es decir, de una cárcel de máxima seguridad. Estas prisiones especiales se crearon en el país en 2006, sólo hay cinco, y en ellas se encierra a los criminales más peligrosos, empezando por los jefes de los dos principales grupos criminales del país, Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, del Primer Comando de la Capital, el PCC, y Fernandinho-Beira Mar, líder del Comando Vermelho. También acabaron allí individuos acusados de terrorismo, como uno de los principales condenados de la Operación Hashtag, que destapó una red afiliada al ISIS en 2016, poco antes de los Juegos Olímpicos. Además de Mossoró, inaugurada en 2009 y con 68 reclusos en la actualidad, hay prisiones federales de máxima seguridad en Brasilia, Porto Velho, en el estado amazónico de Rondonia, Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, y Catanduvas, en el estado de Santa Catarina.

Los dos fugados de la prisión de Mossoró son Rogério da Silva Mendonça, de 35 años, y Deibson ‘Tatu’ Cabral Nascimento, de 33. El primero cumplía una condena de 81 años de prisión, el segundo de 74 años y ambos eran sicarios del Comando Vermelho. Mendonça tenía incluso una esvástica tatuada en la mano, mientras que ‘Tatu’ también estaba acusado de formar parte de una banda que presuntamente cometió 12 secuestros, entre ellos el de un alcalde boliviano. Los dos consiguieron escapar haciendo un agujero en el techo de cada una de sus celdas, utilizando una barra de hierro obtenida arrancando las paredes, que se habían vuelto quebradizas por las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento. En el momento de la fuga, las cámaras no funcionaban, así como parte de la iluminación. Los fugados consiguieron llegar al tejado de la prisión aprovechando que no había sistemas de protección y encontraron herramientas que se utilizaban en una obra de reforma de la prisión. Con un par de cizallas, rompieron la reja que impedía el acceso al exterior de la prisión. Los agentes penitenciarios se percataron de su fuga apenas dos horas después, hacia las 5 de la madrugada.

Aunque se inició una persecución, ambos desaparecieron tras invadir una casa y tomar como rehén a una familia en una zona aislada la noche del viernes 16, llevándose dos teléfonos móviles. Según los investigadores, los dos hicieron muchas llamadas, algunas a Río de Janeiro, donde el Comando Vermelho es una de las facciones dominantes. Mendonça y Tatu habían sido trasladados a la prisión de Mossoró en septiembre de 2023 desde el complejo penitenciario de Rio Branco, en Acre, donde en julio participaron en una rebelión que se saldó con la muerte de cinco reclusos, algunos de ellos decapitados. Los dos estuvieron “directamente implicados” en la rebelión, según las autoridades. Ahora incluso figuran en la lista de los más buscados de Interpol.

La reacción del gobierno ante la fuga ha sido lenta y no exenta de polémica. El presidente brasileño Lula comentó solo ayer desde Addis Abeba que pudo haber sido “relajación” y “connivencia” por parte de los agentes que trabajaban en la prisión. “Estamos buscando a los dos presos y esperamos encontrarlos. Por supuesto, queremos saber cómo cavaron un agujero y nadie los vio. ¡Sólo faltaba que alquilaran una excavadora! Parece que hubo connivencia con alguien del sistema interno, pero no puedo acusar a nadie”, dijo Lula. Por su parte, el Sindicato Nacional de Oficiales de la Policía Criminal Federal emitió un comunicado en el que descartaba la posibilidad de una posible connivencia por parte de empleados desleales y afirmaba que a los dos fugados se les presentó “una oportunidad que fue aprovechada y tuvo éxito”.

En cuanto al nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, esperó un día antes de hacer comentarios. “La fuga ocurrió un martes de carnaval. Del martes al miércoles de ceniza. Donde, tal vez, la gente estaba más relajada, como suele ocurrir en esta época”, dijo el ministro. Un editorial del diario O Estado de São Paulo criticó las declaraciones de Lewandowski. “El ministro insulta al país en un intento de explicar un fallo inaceptable en una prisión de máxima seguridad. El episodio aumenta la presión sobre el presidente Lula en un área que desde hace tiempo está en el punto de mira de los gobiernos del del Partido de los Trabajadores (PT). Sobre los hombros de Lewandowski, un novato en la administración pública y en la propia seguridad, pesa el desafío de romper la larga tradición de fracasos del PT en el abordaje de este problema”, se afirma. La oposición también intervino. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Ubiratan Antunes Sanderson, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, anunció que el ministro sería citado en breve para dar explicaciones sobre el incidente.

Ayer Lewandowski fue a Mossoró y, junto con la gobernadora del estado de Rio Grande do Norte, Fátima Becera del PT de Lula, restó importancia a que la emergencia sea nacional. “Es un problema que, de ninguna manera, afecta a la seguridad de las cinco prisiones federales. Es un problema localizado que pronto será superado con la colaboración de todos”, dijo el ministro. Entre las medidas adoptadas hasta ahora por Lewandowski figura la destitución de la actual dirección del centro penitenciario de Mossoró y el nombramiento del policía criminal federal Carlos Luis Vieira Pires como interventor para dirigir la prisión. Además, en las cinco prisiones federales, se suspendieron las horas de patio y las visitas de los reclusos, incluidas las de los abogados. También se interrumpieron los servicios escolares, laborales y religiosos, y sólo se mantuvieron los servicios médicos de urgencia. Las medidas se han prorrogado hasta el 21 de febrero. Sólo se levantó la suspensión de los servicios prestados por abogados.

Mientras tanto, salen a la luz detalles inquietantes. De las cinco prisiones federales, sólo la de Brasilia, a la que Marcola fue trasladado el pasado noviembre, está realmente protegida por un muro “de guerra”, blindado contra cualquier arma y que se caracteriza por grandes torres desde las que es posible contrarrestar incluso ataques aéreos. Por eso Lewandowski anunció nuevas medidas tras la fuga. Además de la construcción de muros, Brasil quiere aumentar el sistema de alarma y el número de agentes penitenciarios, así como instalar el reconocimiento facial para la entrada en las cárceles. También se conoció cómo en los últimos años la financiación del gobierno para el llamado Fondo Penitenciario, el cual se debería reforzar la seguridad en las cárceles, de 2016 a 2023 se redujo de 1.200 millones de reales, 242 millones de dólares, a 605 millones de reales (122 millones de dólares), invirtiéndose el año pasado apenas 40 millones de reales para las prisiones federales, unos 8 millones de dólares. En Brasil, la población carcelaria ronda los 650.000 reclusos, una cifra inferior a la récord de 2020, que era de 755.000. Según el “World Prison Brief”, un estudio sobre la población carcelaria mundial realizado por la Universidad Birkbeck de Londres y el Institute for Crime and Justice Research, Brasil es el tercer país del mundo en número de reclusos, sólo por detrás de Estados Unidos, con 1,7 millones, y China, con 1,6 millones. En el sistema penitenciario brasileño operan 70 facciones criminales. En 2023, el Comando Vermelho estaba presente en las prisiones de 21 estados, seis más que en 2022, mientras que el PCC estaba presente en 23 estados, dos más que el año anterior.

Pero, ¿cómo fue posible tamaña fuga? Una serie de informes internos de la prisión de principios del año pasado ya habían revelado que al menos 160 cámaras no funcionaban correctamente o no funcionaban para nada. Tampoco funcionaba el puesto de comunicación, la llamada ‘call station’, ni las cámaras de las torres, del depósito de agua y del patio de los presos, ni las de la sala del consejo disciplinario de los presos. Y sigue siendo un gran misterio cómo fue posible que dos miembros del Comando Vermelho tuvieran éxito allí donde fracasó su propio líder, Fernandinho Beira Mar, que además cumple condena en la misma prisión de Mossoró, por no hablar de Marcola, del PCC, que ha invertido millones de dólares en intentos de fuga. Y sobre todo, uno se pregunta cómo los dos fugados no temieron las posibles reacciones del jefe del Comando Vermelho, dado que el respeto a la jerarquía es fundamental en las facciones criminales. No olvidemos que, como declaró el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía a la Policía Federal brasileña en 2008, antes de ser extraditado a Estados Unidos, el líder del Comando Vermelho Beira-Mar había planeado una fuga de la prisión federal de Campo Grande. Se preveían tres estrategias, una invasión del centro penitenciario desde dentro, con delincuentes desde fuera, o un ataque a un convoy de la prisión cuando los reclusos se dirigían a las audiencias. Por último, también se contempló la hipótesis de un secuestro de autoridades judiciales o gubernamentales, que luego serían canjeadas por presos.

Según informa el sitio de noticias Metrópoles, la reacción de Marcola, que lleva un año recluido en la prisión federal de Brasilia, ante la noticia del éxito de la fuga fue “apática”, “sin ningún comentario”. El PCC intentó varias veces su fuga. En 2019, un plan que costó 80 millones de reales, 16,35 millones de dólares, llegó a utilizar drones de reconocimiento para evaluar cómo y dónde moverse y controlar a policías y magistrados. Pero fracasó. En 2022 hubo un nuevo intento, cuando Marcola estaba preso en la cárcel de Porto Velho. Una investigación de la Policía Federal y del Departamento Penitenciario Nacional (Depen) descubrió que se habían hecho al menos tres planes, uno de los cuales era “una misión suicida”. La idea era que el propio Marcola iniciara una rebelión dentro de la prisión federal y utilizara a un policía como rehén. El segundo plan, denominado STF, consistía en invadir la penitenciaría, y para ello el PCC ya había reunido un arsenal millonario de armas pesadas para destruir los muros del complejo. El tercero, denominado STJ, consistía en secuestrar a las autoridades del Depen y a sus familias a cambio de exigir la liberación de los líderes del PCC.

¿Y si entonces esta fuga no fuera más que una estratagema para crear confusión, permitir una rotación de personal en Mossoró y una revisión de los protocolos de seguridad en las cinco prisiones para favorecer, más tarde, la fuga del líder del Comando Vermelho, Beira-Mar y la de Marcola? Este escenario sería catastrófico para Brasil. La ‘Salve Geral’, el bloqueo total de San Pablo impuesto desde las prisiones durante una semana en mayo de 2006 por el PCC, fue causado precisamente por un traslado de presos, entre ellos Marcola. El día anterior al inicio de los ataques, el 12 de mayo de ese año, la Secretaría de la Administración Penitenciaria del Estado de San Pablo había decidido transferir 765 presos a la Penitenciaría Federal Presidente Wenceslau 2, en el estado de San Pablo, después de que interceptaciones telefónicas habían revelado que facciones criminales estaban planeando rebeliones para el Día de la Madre. Entre los presos que debían ser trasladados estaba Marcola. En represalia, el PCC organizó rebeliones en 74 prisiones del estado y, desde el amanecer del día 12 de mayo 2006, agentes de seguridad pública, vehículos, comisarías, prisiones y edificios públicos fueron blanco de ataques de los criminales. Un total de 564 personas murieron en menos de una semana.

Lo que es cierto es que once meses antes de la fuga de Mossoró, la “dama del narcotráfico” de la Amazonia, como fue apodada por la prensa local, Luciane Barbosa Farias, esposa de uno de los líderes del Comando Vermelho en la región, Clemilson dos Santos Farias, conocido como ‘Tio Patinhas”, había pedido al gobierno de Lula menos rigor en el sistema penitenciario. En una visita a la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en marzo y mayo de 2023, la “dama del narcotráfico” dijo que había llevado a Rafael Velasco Brandani, titular de la Secretaría Nacional de Política Penal (Senappen), “denuncias de requisas hostigadoras” en el sistema penitenciario amazónico y había presentado un “dossier” sobre violaciones de derechos fundamentales cometidas en las prisiones del estado de Amazonas.