(Desde Montevideo, Uruguay) - Aunque no hay ningún impedimento legal para que universidades extranjeras se radiquen en Uruguay, que la normativa del país no las distinga de las instituciones nacionales puede provocar cierta desmotivación para instalarse en el país. Basado en esa premisa, el diputado oficialista Diego Echeverría presentó un proyecto de ley con el que busca “flexibilizar” el sistema y que se abran filiales de universidades extranjeras en el país.
Echeverría le presentó su proyecto de ley al ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien lo puso en la “agenda” del gobierno y se comprometió a “estudiarlo bien”, según informó El País este martes.
La idea surgió a partir del interés que Echeverría recibió de varias instituciones con “vínculos” con la Universidad de Bolonia y con la Complutense de Madrid. Y más allá de que la normativa abarcaría a todas las ciudades del país, el diputado considera que Punta del Este reúne las características geográficas, sociales y académicas para captar la llegada de estas instituciones.
“Está comprobado en el mundo que estas inversiones generan trabajo directo e indirecto”, destacó, en referencia a la mejora que radicación de nuevos servicios en el sector inmobiliario, hotelero, gastronómico y el transporte.
“Tenemos todo para ser un polo desarrollo educativo universitario internacional”, dijo el impulsor de la idea. En un mundo cada vez más globalizado, Uruguay tiene una “oportunidad enorme” para captar las inversiones vinculadas al mundo académico mundial. “Tenemos todo para ser una referencia en la educación universitaria abierta al mundo”, insistió.
El diputado explicó que la normativa actual no distingue entre las instituciones nacionales y las extranjeras. La falta de una regulación especial para los centros educativos del exterior es uno de los escollos que puede “desmotivar” el proceso de instalación en el país. Esta realidad está “cada vez más cerca de cambiar”, aseguró el impulsor de la iniciativa.
“La promoción de la instalación de instituciones de enseñanza terciaria en Uruguay, con el control de los estándares de calidad, contribuirá a proyectos los derechos sociales, económicos y culturales del país”, aseguró. Esto, aclaró, no busca “desplazar” a las universidades que ya existen en Uruguay.
Echeverría ya había impulsado a través de un proyecto de ley el ingreso de estas instituciones al país, pero su tratamiento no tuvo éxito en el trámite parlamentario. En su propuesta, se prevé la autorización para el funcionamiento a entidades extranjeras de enseñanza terciaria y les reconoce la personería jurídica según el Derecho Internacional Privado.
Si la iniciativa prospera, podrían obtener el reconocimiento académico sin que sea preceptivo que actuaran como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, ni que ajusten sus estatutos a las exigencias de la normativa uruguaya, siempre que no vulneren el derecho internacional.
Otro punto que se considera en la propuesta es el reconocimiento para las áreas disciplinarias que estas instituciones privadas imparten en el exterior, siempre que mantengan una unidad académica que se desarrolle a nivel nacional.
Una vez que una institución sea autorizada a impartir cursos en Uruguay, el proyecto de ley prevé que se reconozcan las asignaturas cursadas y aprobadas por sus alumnos en la misma institución del exterior siempre que no excedan el 25% del total de los créditos o de las asignaturas de la carrera.
Además, dentro de los cinco primeros años de funcionamiento, al menos la mitad de los docentes deben ser ciudadanos legales o naturales de Uruguay, o al menos tener la residencia en los últimos tres años. En el caso de los posgrados en áreas con pocos expertos, esta exigencia será reducida al 20% del total de la plantilla.
El Poder Ejecutivo podrá, a su vez, reglamentar la integración y participación de, al menos, un representante de estas instituciones extranjeras en el Consejo Consultivo que reúne a las instituciones terciarias de enseñanza privada.
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