Operativo policial contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil: cómo impactará en las elecciones municipales

De cara a los comicios de octubre, un juez de la Corte Suprema le ordenó al ex mandatario entregar su pasaporte y no hablar con los otros investigados. ¿El Partido Liberal puede ser inhabilitado?

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La Policía de Brasil cree que Jair Bolsonaro conocía el plan del golpe de Estado contra Lula da Silva (Europa Press/Contacto/Leco Viana)
La Policía de Brasil cree que Jair Bolsonaro conocía el plan del golpe de Estado contra Lula da Silva (Europa Press/Contacto/Leco Viana)

La operación Tempus Veritatis que involucró el jueves al ex presidente Jair Bolsonaro y al círculo de sus aliados más fieles llegó en un momento crucial de la vida política del país. De hecho, Brasil calienta motores de cara a la campaña para las elecciones municipales de octubre. No es casualidad que el día de la operación llevada a cabo por la Policía Federal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuviera de visita en el estado de Minas Gerais para forjar nuevas alianzas y reforzar el apoyo electoral a su Partido de los Trabajadores (PT). Y ahora, ¿cuál será el peso político de todas estas investigaciones en cuyo punto de mira acabaron Bolsonaro y su entorno? Cabe recordar que en la operación fueron detenidos su ex asesor especial Filipe Martins y el coronel del ejército Marcelo Câmara, también implicado en la investigación sobre las joyas saudíes recibidas por el ex jefe de estado.

También fueron arrestados Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que es el gran oponente del PT en las próximas elecciones municipales. Costa Neto fue acusado de porte ilegal de armas y está siendo investigado por utilizar dinero del partido para legitimar políticamente manifestaciones de impugnación del resultado electoral. También se registró la sede del partido en Brasilia. Allí se encontró una copia de un discurso sobre el estado de sitio que suele designarse cuando un ejército asume el gobierno de un país. Según la investigación de la Policía Federal, el partido habría financiado una “estructura de apoyo” para permitir la invalidación de la elección de Lula. Si el caso será llevado ante la justicia electoral, el riesgo es que el PL pueda ser castigado con la pérdida de su registro en los tribunales, lo que significaría concretamente no poder participar en las elecciones de octubre. Además, la Policía Federal impuso la prohibición de comunicación entre Bolsonaro y otros implicados en las investigaciones, entre ellos Costa Neto y el general Braga Netto, que debía coordinar las campañas municipales del PL, cuyo objetivo declarado es la elección de 1.000 alcaldes en todo el país. Esta incapacidad de comunicación, según la cúpula del partido, podría socavar su estrategia de campaña.

Son precisamente estos acontecimientos recientes, con todo el valor simbólico que conllevan, los que desencadenaron inmediatamente preguntas y análisis para comprender y medir su impacto político. Una encuesta de Paraná Pesquisas realizada inmediatamente después del despliegue de la Operación Tempus Veritatis reveló cómo el “Bolsopetismo”, como se le ha llamado, sigue pareciéndose a una moneda de dos caras: Lula, por un lado, con un 46,9% de rechazo, y Bolsonaro, por el otro, con un 44,8%. En definitiva, el país sigue tan polarizado como en el momento de la campaña presidencial, cuando Lula ganó por poco más de dos millones de votos.

Agentes de la Policía Federal allanaron la sede del Partido Liberal en el marco de una operación dirigida contra algunos de los principales colaboradores del ex presidente Jair Bolsonaro en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
Agentes de la Policía Federal allanaron la sede del Partido Liberal en el marco de una operación dirigida contra algunos de los principales colaboradores del ex presidente Jair Bolsonaro en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El vicepresidente del PT, Washington Quaquá, criticó la operación de la Policía Federal por su espectacularización. “No se le puede hacer a Bolsonaro lo que se le hizo a Lula. Bolsonaro debe ser investigado y pagar por lo que es grave, que es el intento de golpe. Pero no se pueden utilizar los mismos métodos utilizados con Lula, como la incautación de su pasaporte”, dijo Quaquá. En ese escenario, cualquier arresto de Bolsonaro, ya declarado inelegible por la justicia electoral hasta 2030, correría el riesgo de hacerle el juego a los partidos de la oposición. Según el periodista Mario Sabino, las críticas de Quaquá “reflejan más bien la preocupación de altos cargos del PT por la fuerza política de Jair Bolsonaro que se ha convertido en una idea, como Lula. Cuanto más lo golpean, y de esta forma tan espectacular, más tiempo permanece vivo. La detención de Jair Bolsonaro, a los ojos de sus partidarios y también de muchos simpatizantes, confirmará lo que ya piensan: que el ex presidente es víctima de una persecución política por parte del establishment”.

El propio Bolsonaro lo dijo. “Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable”, afirmó el ex presidente al comentar la operación en la que estuvo involucrado. Parte de la oposición también estudia acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, para denunciar los “excesos del Supremo Tribunal Federal (STF) y la implantación de una dictadura en Brasil”. Además, después de que Bolsonaro recibiera el apoyo del presidente sovranista de Hungría, Viktor Orbán, que lo defendió llamándolo “un patriota honesto”, el diputado del PL más votado en Brasil en 2022 Nikolas Ferreira escribió al hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., para llamar la atención sobre Brasil. “Por favor, muestra al mundo lo que está pasando ahora aquí con nosotros”, escribió Ferreira, que está siendo investigado por la Policía Federal por llamar “ladrón” a Lula en un evento de la ONU el año pasado.

Según la encuesta de Paraná Pesquisas, el 53% de los encuestados considera injusta la posible detención de Bolsonaro, mientras que el 38% está a favor. Para Ricardo Corrêa, del diario O Estado de São Paulo, “el STF y el gobierno de Lula son hoy los principales promotores de Bolsonaro en Brasil. Cuando el juez Dias Toffoli anula multas y condenas de la Lava Jato, cuando hay dudas razonables sobre el relator de casos que involucran al clan Bolsonaro, siempre en manos de Alexandre de Moraes, o cuando Lula elige a su abogado personal o a su juez más combativo como jueces del STF, toma fuerza la única narrativa que le queda al bolsonarismo: que el mal a combatir está en la alianza entre la izquierda y el STF”.

La bandera de Brasil se refleja en una ventana rota, después de que los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro participaran en un disturbio antidemocrático en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 9 de enero de 2023 (REUTERS/Ueslei Marcelino)
La bandera de Brasil se refleja en una ventana rota, después de que los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro participaran en un disturbio antidemocrático en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 9 de enero de 2023 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Sin embargo, para el entorno de Lula, el impacto de los recientes acontecimientos que involucran a Bolsonaro podría ser positivo para el PT en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro. El alcalde de la capital financiera del país, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), cuenta con el apoyo tanto del ex presidente como de su partido. Por este motivo, los asesores de Nunes que están organizando la campaña electoral se han puesto en alerta y lo más probable es que intenten que Bolsonaro desista de elegir al suplente de Nunes para presentarse a las elecciones municipales. A esto se suma la estrategia de Lula que, aprovechando esta crisis de identidad de la oposición, ha mostrado públicamente todo su apoyo al gobernador Tarcísio de Freitas, del Partido Republicano y ex ministro de Infraestructuras de Bolsonaro. El 2 de febrero, en la ceremonia de anuncio de la inversión para un túnel que unirá la ciudad de Santos con la de Guarujá, ambas en el litoral paulista, Lula prometió todo el apoyo necesario. “Es un acto de civilización”, declaró el presidente brasileño.

En cuanto a Río de Janeiro, la candidatura del diputado Alexandre Ramagem, del PL, podría no despegar. Ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Ramagem es objeto de una investigación de la Policía Federal bajo sospecha de haber utilizado un software para vigilar a opositores de Bolsonaro y a jueces del STF. La investigación también involucra al concejal Carlos Bolsonaro, hijo del ex presidente. También en Río, la precandidatura de Braga Netto ya había fracasado debido a las investigaciones según las cuales el general figuraba entre los principales responsables del plan para socavar la democracia. Braga Netto fue ministro de la Casa Civil, ministro de Defensa y candidato a vicepresidente en el partido de Bolsonaro en 2022. En el marco de la Operación Tempus Veritatis, también fue objeto de registros en su domicilio.

Si el PL no es exluído y puede presentarse a las elecciones de octubre, Brasil se encontrará de nuevo optando por el Bolsopetismo, sin tercera vía y en un escenario ultrapolarizado. El mismo Lula que promovió una campaña mediática gubernamental alabando la idea de “Un solo país” contra cualquier polarización no pierde ocasión de atacar a su adversario. Poco antes de que deflagrara la operación Tempus Veritatis, en Belford Roxo, cerca de Río de Janeiro, y cuna del electorado bolsonarista próximo a las milicias, Lula acusó al ex presidente en un mitin. “Parece que el loco que gobernó este país era un imbécil. No entendía nada, excepto hablar en círculos, predicar el odio y ofender a los demás”, dijo el presidente. De nada sirvieron, por tanto, las promesas de Lula de ignorar a su principal adversario político. “Comprenderán por mí que terminaré cuatro años sin decir una palabra sobre el otro gobierno, porque para mí no existió”, había declarado en un acto público en el estado de Pernambuco el 8 de noviembre. En un discurso en la radio y la televisión nacionales para celebrar la Navidad, había dicho que lo que faltaba era “restablecer la paz y la unidad entre amigos y familiares”.

El reto del PT para las elecciones de noviembre es gigantesco. El partido de Lula quiere recuperarse tras el resultado electoral de 2020, el peor de las últimas dos décadas. En aquel entonces, cuatro años después del impeachment de la delfina de Lula, Dilma Rousseff, y del escándalo de la operación anticorrupción Lava Jato, el PT eligió sólo 183 alcaldes. Una cifra que impresiona si se compara con la de 2012, cuando el partido de Lula rozó su récord con 683. Paradójicamente, en 2020 fue el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) el que acumuló los votos, con 797 alcaldes. Hoy el MDB está en el gobierno con tres ministros, Simone Tebet de Planificación, Jader Barbalho Filho de Ciudades y Renan Filho de Transportes.

Lula busca sacar provecho de la operación policial contra Bolsonaro para fortalecer al PT de cara a las elecciones municipales de octubre (REUTERS/Pilar Olivares)
Lula busca sacar provecho de la operación policial contra Bolsonaro para fortalecer al PT de cara a las elecciones municipales de octubre (REUTERS/Pilar Olivares)

La estrategia de Lula es invertir dinero y energía en las ciudades con más de 100.000 votantes, especialmente en las capitales. Por eso, el presidente seguirá recorriendo el país para establecer alianzas y, sobre todo, convencer a los electores. Y que será una lucha hasta el último voto también lo demuestra la decisión de recuperar a José Dirceu, que participará en las campañas municipales estratégicas para el PT. Ex ministro de Lula, condenado en la operación Lava Jato a ocho años de cárcel pero con un recurso pendiente ante el Supremo Tribunal Federal para anular su sentencia, Dirceu vivió en Cuba donde fue protegido y entrenado por el régimen de Fidel Castro durante su exilio en los años de la dictadura en Brasil.

Entre las novedades para las elecciones municipales está un nuevo modelo de urnas electrónicas, 219.998 en todo el país, que son más modernas y 18 veces más rápidas que el modelo de 2015. Según el Tribunal Superior Electoral (TSE) presidido por Alexandre de Moraes, estos modelos son seguros y ergonómicos.

Entre el 20 de julio y el 5 de agosto se elegirán los candidatos a alcaldes y concejales municipales que serán votados en la primera vuelta prevista para el 6 de octubre o en la segunda vuelta, el 27 del mismo mes. La campaña electoral comenzará oficialmente el 16 de agosto y, hasta entonces, no faltarán, sin duda, giros y sorpresas.

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