“La gran paradoja” brasileña tras el Lava Jato: Lula da Silva eligió al magistrado que juzgará a Sergio Moro

El proceso para anular el mandato de senador de Sérgio Moro, el juez símbolo de la operación Lava Jato que destapó la caja de Pandora de la corrupción en Brasil a partir de 2014, debía comenzar hoy. Pero al final la sesión fue bloqueada por Sigurd Roberto Bengtsson, nuevo presidente del Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR), según el cual era necesario esperar que el presidente Lula indicara el sustituto del juez Thiago Paiva dos Santos, cuyo mandato terminó el pasado 23 de enero. Al final, anoche Lula eligió a José Rodrigo Sade en la terna de jueces designados por el mismo Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR), en la que también figuraban Graciane Aparecida do Valle Lemos y Roberto Aurichio. Sade era el favorito porque ya es juez subrogante. Contaba también con el apoyo de algunos sectores del gobierno.

Así pues, lo que la prensa brasileña ha bautizado como “la gran paradoja” sólo se ha aplazado unos días. De hecho Lula, el más notorio ex acusado de la Lava Jato y hoy en su tercer mandato como presidente, eligió quién juzgará al que fue su principal acusador hace unos años, es decir Sérgio Moro. El ex juez, ahora senador por uno de los partidos que apoya al actual gobierno, Unión Brasil, ha acabado siendo llevado a juicio en una causa abierta tanto por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, como por el Partido Liberal, el PL de Jair Bolsonaro, en cuyo gobierno Moro fue ministro de Justicia hasta el 24 de abril de 2020, cuando dimitió envuelto en una polémica por la supuesta injerencia en la Policía Federal del ex presidente.

Ambos partidos le acusan de abuso de poder económico en las elecciones de 2022 al utilizar recursos del partido Podemos - con el que Moro era entonces precandidato a la Presidencia de la República - para promover su candidatura al Senado federal. El ex juez de la Lava Jato aún podrá apelar ante el Tribunal Superior Electoral. Si vuelve a ser condenado, se pondrá fin a su mandato y al de sus adjuntos Luis Felipe Cunha y Ricardo Augusto Guerra. Como consecuencia, se convocarán elecciones parciales en Paraná, cuyos precandidatos al Senado pertenecen casi todos a los partidos que le acusan. Son la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, el ex gobernador Roberto Requião (PT), el diputado estadual Requião Filho (PT), el ex diputado Ricardo Barros (Progresistas), Paulo Martins (PL) y la ex primera dama Michelle Bolsonaro (PL).

Esta increíble inversión de roles y coyunturas entre Lula y Moro es el último capítulo del largo entierro de la Lava Jato, una operación que desde 2014 desempeñó un papel crucial en la lucha contra la corrupción en Brasil.

33 partidos estaban implicados en el escándalo, incluido el PT de Lula, que a su vez fue detenido en 2018. Aunque el presidente siempre ha declarado que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la ONU lo absolvieron de hecho, algunas de sus condenas simplemente prescribieron, como la del Triplex de Guarujá y de la casa de campo de Atibaia. Ambos inmuebles fueron considerados por los jueces de Curitiba regalos de las multinacionales brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favores. Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el STF anuló todo al considerar que era un tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenaciones, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando inevitablemente la prescripción de ambos juicios.

Desde que Lula asumió la presidencia en 2023, se han repetido los ataques a la Lava Jato, a sus magistrados y sobre todo a los resultados de la operación, a saber, multas multimillonarias a empresas acusadas de corrupción, lo que ha provocado un verdadero desmantelamiento y una sensación generalizada de impunidad. Y si en julio del año pasado un sondeo de Quest revelaba que 67 de los altos ejecutivos brasileños seguían valorando positivamente la Lava Jato, según otra encuesta del Instituto Atlas publicada esta semana, el 65 % de los entrevistados afirmaba tener una imagen negativa de Sérgio Moro. En resumen, el ex juez símbolo al elegir el camino de la política, como le ocurrió a su colega italiano de la operación “Manos Limpias”, Antonio Di Pietro, parece haber “quemado su popularidad” y complicado su destino en lugar de simplificarlo.

Pero si el símbolo pierde fuerza, la percepción de la corrupción sigue siendo alta. Brasil cayó diez puestos, ahora es el 104 de 180 países, en el ranking 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado hace unos días por la ONG Transparencia Internacional. Entre los puntos negativos destacados en la sección sobre Brasil del informe está el nombramiento de Cristiano Zanin, abogado de Lula durante la operación Lava Jato, como juez del Supremo Tribunal Federal. También pesó el mantenimiento de fondos no controlados para parlamentarios, las llamadas enmiendas, y el aumento del fondo electoral para las elecciones municipales del próximo octubre.

Precisamente Transparencia Internacional ha protagonizado en los últimos días un fuerte debate con el Supremo Tribunal Federal, en particular con uno de sus jueces, Dias Toffoli. Fue él quien suspendió el pasado diciembre la multa de 10.300 millones de reales, unos 2.073 millones de dólares, que la empresa J&F de los hermanos Joesley y Wesley Batista debía pagar como parte del acuerdo con los magistrados. La empresa había sido objeto de investigaciones de la Lava Jato con las operaciones Greenfield, Sépsis, Cui Bono y Carne Fraca. El pasado lunes la Fiscalía General apeló la suspensión de esta multa. En septiembre, Toffoli había anulado todas las pruebas obtenidas desde el acuerdo y había declarado que la detención de Lula en 2018 fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”. A principios de febrero, el juez también suspendió el pago de multas por parte de la constructora Odebrecht, ahora llamada Novonor, como parte del acuerdo con los magistrados de la Lava Jato firmado en 2016. Odebrecht se había comprometido a pagar una multa de 8.500 millones de reales, unos 2.500 millones de dólares al cambio de la época, a Estados Unidos y Suiza, para así suspender todos los juicios en esos dos países que la involucraban junto a Braskem, una de las empresas del grupo.

Transparencia Internacional había criticado públicamente la decisión de Toffoli, señalando también el conflicto de intereses de la esposa del juez, Roberta Rangel, que es abogada de los hermanos Batista. Y ni siquiera una semana después de la publicación del informe de la ONG, Toffoli autorizó el lunes una investigación contra Transparencia Internacional que prestó asistencia gratuita a los magistrados de Lava Jato.

La acusación es que la ONG habría recibido 2.300 millones de reales, 463 millones de dólares, para la creación de una fundación privada a partir del pago de las multas de la operación. La reacción de Transparencia Internacional fue inmediata. Incluso intervino su presidente desde Berlín, François Valérian, quien, además de negar todas las acusaciones, escribió en una carta abierta que “no nos dejaremos intimidar y nuestro compromiso de denunciar la corrupción sigue siendo sólido”. La decisión de Toffoli estuvo motivada por una denuncia penal presentada en 2021 por el diputado federal Rui Falcão, ex presidente del Partido de los Trabajadores, contra los fiscales federales que participaron en la firma del acuerdo suscrito, entre otros, por el grupo J&F. El diputado alegó que, al menos desde 2014, el Ministerio Público Federal (MPF) ha trabajado en colaboración con Transparencia Internacional para desarrollar acciones “genéricamente etiquetadas como anticorrupción.”

De hecho, según informa Raquel Landim, de CNN Brasil, “Toffoli omitió en su decisión una respuesta del Ministerio Público que exonera a la ONG de sospechas de malversación de fondos procedentes de acuerdos con magistrados. La carta de 2020 está firmada por la fiscal general adjunta Samantha Chantal Dobrowlski. Interrogada por el coordinador de la 5ª Sala de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal sobre el caso, Dobrowlski había respondido que Transparencia Internacional no ha recibido ni recibirá remuneración alguna por su asistencia en el acuerdo. Los 2.300 millones de reales se destinarán a proyectos sociales y no hay ninguna fundación creada para gestionar el dinero”.El director ejecutivo de Transparencia Internacional Brasil, Bruno Brandão, en una entrevista al diario O Globo, tampoco libró de críticas a Sérgio Moro y al otro magistrado de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, que inicialmente apoyaron al gobierno de Jair Bolsonaro: “Si después de la operación prestaron su imagen a un gobierno autoritario, que ha destruido la lucha contra la corrupción y debilitado la propia democracia brasileña, no comparten nuestra visión de la lucha contra la corrupción’, dijo.

En un editorial titulado “El STF insulta a los brasileños”, el diario O Estado de São Paulo escribe que “el Supremo Tribunal Federal parece querer convencer a los ciudadanos de que la monumental trama de corrupción que involucró a constructoras en los gobiernos del PT no fue más que el delirio de todo un país. En la apertura del año judicial, el 1 de febrero, el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, celebró que ‘las instituciones funcionan hoy con plena normalidad’. La pregunta sigue siendo: ¿para quién?”.

En este escenario, los ciudadanos se quedan con una sensación de impotencia y con la convicción de una impunidad generalizada. Después del narcotráfico y la delincuencia, la corrupción es el principal problema del país para el 57,6% de los encuestados en un reciente sondeo de Atlas Intel.

El propio Lula acusó en enero, en la ceremonia de inauguración de la reanudación de las obras de la refinería Abreu e Lima, en Pernambuco, uno de los símbolos de la corrupción de la petrolera nacional Petrobras, tanto a los jueces de la Lava Jato como al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Todo lo que ha ocurrido en este país fue fruto de la connivencia entre algunos jueces y fiscales subordinados al Departamento de Justicia de EEUU, que nunca aceptaron que Brasil tuviera una empresa como Petrobras. No se puede castigar la soberanía de un país y su empresa más importante”, dijo Lula.

Abreu e Lima, lo recordamos, es uno de los símbolos más fuertes de la corrupción destapada por la investigación de la fiscalía Lava Jato sobre el escándalo del “Petrolão”, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional. Con un coste inicial de 7.500 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares al cambio de la época), las obras de la refinería, iniciadas en 2005 y concluidas sólo en 2015 y ejecutadas por los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, ascendieron a 60.000 millones de reales, es decir casi 20.000 millones de dólares. Según el acuerdo de delación compensada del ex ejecutivo de Odebrecht Márcio Faria da Silva, las obras de la refinería habrían reportado 90 millones de reales en sobornos (cerca de 30 millones de dólares al cambio de la época) a ex ejecutivos de la empresa estatal vinculados a los partidos Progresistas (PP), de los Trabajadores (PT) y Socialista Brasileño (PSB).