Cuba comenzó el año con 320 acciones represivas de la dictadura contra la población civil y una grave crisis económica

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el año comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos.

“Al menos se registraron 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos (94). Sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones, aparecen en la lista de enero”, informó el observatorio; al tiempo que consignó que La Habana, Matanzas y Camagüey fueron las provincias más afectadas.

“El OCDH constata no solo la falta de voluntad del régimen cubano para liberar a los cientos de presos políticos que hay en el país, sino la política de abusos en las cárceles, que incluye a los familiares”, remarcó.

Un ejemplo de todos estos abusos es el del preso político Adel de la Torre Hernández, quien se encuentra en una grave condición de salud mental debido a que no recibe el tratamiento correspondiente y a las frecuentes golpizas propinadas por sus carceleros, destacó el OCDH en un informe previo.

El joven fue detenido en el marco de las masivas protestas de 11 de julio de 2021, más conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles para manifestar su descontento con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Su madre, Anayl Hernández Collado, pidió solidaridad de manera urgente. En 2017, Adel fue diagnosticado de un padecimiento de salud mental, situación que se ha agravado en la cárcel. Tras ser detenido el 11J, fue excarcelado en septiembre de ese año pero enjuiciado y condenado a prisión un año más tarde.

Cuando estaba a la espera del juicio, participó como rescatista en el desastre del Saratoga. El 6 de mayo de 2022, el hotel de lujo ubicado en el municipio de La Habana Vieja sufrió una explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante: 47 personas murieron y 52 resultaron heridas.

“Mi hijo es esquizofrénico desde 2017. En este preciso momento ha sido golpeado por la policía de la prisión y lo metieron en un hueco. Él es cristiano, como yo. A mí me han dado tres infartos cerebrovasculares debido a esta misma situación. Su papá era enfermo esquizofrénico, paranoico y falleció debido a esta situación de sufrimiento”, narró Anayl Hernández Collado al OCDH.

Luego afirmó que su hijo “es inocente y en la cárcel están abusando de él por ser cristiano”; al tiempo que acotó: “Llegan y le preguntan: ‘¿Tú eres el cristiano?’. Y mandan a darle golpes, tres y cuatro personas. Incluso, querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían: ‘¿Tú eres cristiano? Mátate a ver si tu Dios te salva’, todas esas barbaridades”, completó.

El informe del OCDH también indicó que, “a todo esto, se suma una gravísima situación económica, con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles”.

El régimen de Miguel Díaz-Canel pospuso indefinidamente el aumento del precio de los combustibles, previamente fijado en un 400%, así como la suba de las tarifas en el transporte interprovincial, medidas que habían generado descontento entre la población. Esta decisión siguió al cese del ministro de Economía, Alejandro Gil, marcando un momento crítico en la implementación del plan de ajuste económico del país.

El aplazamiento se anunció justo antes de la implementación prevista, citando como motivo un ataque informático al sistema de pagos digitales de una empresa estatal, lo cual impidió el inicio de la aplicación de la subida en los precios de los combustibles.

Antes de esta suspensión, llenar un tanque de 40 litros habría costado 5.280 CUP (44 dólares), una suma considerable cuando el salario promedio estatal se ubica ligeramente por encima de los 4.200 CUP (35 dólares al cambio oficial, pero solo 14,5 dólares en el mercado informal).

Además del impacto económico directo sobre la población, estas medidas formaban parte de un paquete más amplio destinado a la reestructuración económica del país.

La salida de Gil del Ministerio de Economía se produjo en un momento clave, y reveló posibles tensiones internas y desacuerdos sobre el camino a seguir para abordar la crisis que enfrenta la isla.