Brasil está en un impasse en dos negociaciones clave para su futuro: el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la hidroeléctrica de Itaipú

(Desde San Pablo) En diciembre pasado, al terminar su presidencia rotativa del Mercosur, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se había mostrado a la defensiva sobre las posibilidades del acuerdo con la Unión Europea, en discusión desde hacía más de veinte años. “Si no hay acuerdo, paciencia”, había dicho, contradiciendo sus promesas electorales en las que, seguro de un buen resultado, había llegado a plantear la hipótesis de firmar el acuerdo en sus primeros seis meses de presidencia. El bloque comercial latinoamericano formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se creó en 1991, cuando el comercio entre los miembros del bloque ascendía a 4.500 millones de dólares anuales. 32 años después de su creación, ese comercio asciende a 46.000 millones de dólares por año. Un enorme potencial que, al menos hasta ahora, no se puede aprovechar con Europa.

De hecho, la Francia de Emanuel Macron, también presionada por las enardecidas protestas de sus agricultores, se ha opuesto. Hace unos días, al término de la cumbre de la UE, el presidente francés dijo que “seguirá oponiéndose” al acuerdo con Mercosur y declaró que ya había informado al presidente Lula de su posición. También afirmó que “no necesita un acuerdo” para comerciar con América Latina y que cualquier tratado que se plantee debe ser “honesto”. Macron, que defiende la “soberanía alimentaria”, critica que el posible acuerdo permitiría a los productos de Mercosur entrar en el mercado europeo sin las mismas reglas de producción que existen en Francia. Una de sus exigencias es que Europa pueda controlar cómo se lleva a cabo la producción agrícola en Brasil, en términos fitosanitarios y medioambientales, para aceptar que estos productos puedan acceder en el mercado europeo.

Brasil es un gran consumidor de agrotóxicos, algunos de los cuales están prohibidos en Europa, y de organismos modificados genéticamente, como el HB4, una semilla de trigo modificada genéticamente para resistir el periodo de sequía, que ha creado un gran debate en el país, dado que sólo está autorizada en Argentina, además de en Brasil, por posibles riesgos sanitarios y medioambientales. Los negociadores de la Unión Europea vinieron a Brasil y aceptaron las contrapropuestas de Lula en relación a las licitaciones públicas sobre las que el presidente brasileño no quería bilateralidad con la UE, según él para proteger la industria nacional o para no perder el control sobre una fuente fundamental por su gobernabilidad, como sugieren fuentes de Brasilia. El de las licitaciones públicas es un sector que en Brasil mueve algo así como 114.000 millones de dólares. Otros países de la UE, como España y Alemania, en cambio, están a favor de firmar el acuerdo. Por cierto, el peso de Francia es significativo. No es casualidad que Lula se reúna con Macron en Brasilia en marzo. “Vendré en marzo”, confirmó el presidente francés. “Pero no por este acuerdo comercial. Podemos comerciar sin acuerdo” dijo el presidente francés.

El ala más radical del Partido de los Trabajadores (PT) representada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), especialmente su líder histórico João Pedro Stedile, se muestra contraria al acuerdo que no beneficiaría a los pequeños agricultores sino a “la industria europea y al agronegocio brasileño” y pide a Lula que dé marcha atrás. “Los diplomáticos colonizadores insisten en seguir negociando y todos los demás sectores sociales sólo salen perdiendo”, escribió Stedile en sus redes sociales.

El gobierno brasileño, por su parte, intenta minimizar el posible impacto económico de su fracaso en las negociaciones. El acuerdo, recordemos, había sido firmado en 2019 por el gobierno de Jair Bolsonaro pero no ratificado y luego cuestionado por Lula en el punto relativo a las licitaciones públicas. El sector del agronegocio no es de la misma opinión y cree que Brasil pierde un montón con esta negociación abortada. Muchos señalan que sin el acuerdo, Brasil verá desaparecer la posibilidad de diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de China, que importa la mayor parte de sus productos agrícolas, alrededor del 36%. Pekín, debido a su crisis económica, podría reducir las importaciones del gigante latinoamericano, creando graves problemas para la economía brasileña.

Por si fuera poco, otro acuerdo está dando quebraderos de cabeza al gobierno Lula. Se trata del acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre la central hidroeléctrica de Itaipú, que suministra el 10% de toda la electricidad brasileña. La tarifa, llamada Cuse (Coste Unitario de los Servicios Eléctricos), se establece anualmente entre los dos países que construyeron juntos la central hidroeléctrica en la Triple Frontera hace 50 años. Cada uno tiene derecho al 50% de la energía generada por la central. Con la liquidación de la deuda de construcción de la central, el año pasado, los gobiernos de Brasil y Paraguay iniciaron formalmente las negociaciones para revisar el llamado “Anexo C” del Tratado de Itaipú.

El valor del kilovatio-hora, fijado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica brasileña (ANEEL), es de 16,71 dólares, pero Paraguay, que consume sólo el 15% de la energía producida por la hidroeléctrica, quiere aumentarlo a más de 20 dólares. El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha declarado que si Brasil no acepta sus condiciones, su país puede vender el excedente a otros interesados a un precio adecuado. La cancillería brasileña, desde el palacio de Itamaraty, niega que esté en marcha una crisis diplomática y el ministro de Minas y Energía Alexandre Silveira ha desmentido que el gobierno Lula se plantee romper el contrato con el país vecino. “Cuando se trata de revisar los anexos del acuerdo de Itaipú, si se mira atrás en la historia, siempre hubo tensiones naturales y legítimas, porque las características de Brasil y Paraguay son diferentes”, restó importancia Silveira, quien añadió que Brasil está simplemente “en una negociación diplomática. El modelo de gestión compartida de Itaipú es un modelo exitoso”.

Sin embargo, Lula estaría incluso considerando la posibilidad de viajar a Paraguay para desbloquear la situación con su colega Santiago Peña, mientras que el director general brasileño de Itaipú Binacional, Enio Verri, declaró a finales de la semana pasada que se tardaría al menos dos meses en llegar a un acuerdo. Según Verri, las discusiones se han convertido en un “problema diplomático” y no se están dando “en el corto plazo de las relaciones internacionales”, lo que preocupa a la parte brasileña de la productora de energía. Además del impasse con Paraguay, ministros del gobierno federal brasileño han sido advertidos por sectores técnicos de que la binacional ha tenido problemas de transparencia en recientes inversiones socioambientales en suelo brasileño. El año pasado, se lanzó el programa Itaipu Mais que Energia (Itaipú Más que Energía), mediante el cual “con poca burocracia”, según informó el semanario brasileño Valor, se destinaron 1.000 millones de reales, 201 millones de dólares, a 434 municipios de Paraná y Mato Grosso do Sul, para ser invertidos en proyectos aprobados por el departamento técnico de la hidroeléctrica.

Por otra parte, fue un éxito la firma a finales de enero de un memorando de entendimiento con el gobierno de Bolivia para ampliar conjuntamente la producción de fertilizantes que Brasil necesita para sustituir las importaciones de Rusia, reducidas a causa del conflicto en Ucrania. Este acuerdo incluye estudios para la construcción de fábricas de fertilizantes nitrogenados, cartografía geológica e investigación minera, así como medidas para ampliar y facilitar el comercio. Las áreas a ser estudiadas por el grupo de trabajo que los dos países establecerán son, por el lado brasileño las de Três Lagoas en Mato Grosso do Sul y Cuiabá en Mato Grosso. Por parte boliviana, en cambio, los estudios de viabilidad se centrarán en Puerto Quijarro en Santa Cruz, Uyuni en el departamento de Potosí, Copaisa en el de Oruro y Santivañez en Cochabamba. Además, a finales de 2023, Bolivia había revisado con la petrolera nacional brasileña Petrobras los términos de su contrato de exportación de gas natural a Brasil. El presidente boliviano, Luis Arce, había llegado a decir que las reservas de gas natural de su país, de las que depende Brasil, habían tocado “fondo”, por lo que había pedido al gobierno Lula más inversiones de Petrobras en Bolivia para garantizar la producción.

Muchos se preguntan, sin embargo, si Brasil puede hacer más para llevarse a casa lo mejor para sí mismo. Varios analistas piden que el gobierno brasileño aproveche estas negociaciones diplomáticas para resolver otros problemas causados por los países con los que está tratando. Uno de los asuntos cruciales, por ejemplo, es la lucha contra el narcotráfico, que está creando una ola de violencia sin precedentes en Brasil, para cuyo combate Lula ensaya periódicamente, sin mucho éxito, diferentes estrategias.

“Cuando los bolivianos vienen a Brasilia a exigir un aumento del precio del gas exportado a Brasil, el gobierno no puede fingir que Bolivia no está inundando Brasil de cocaína y crack. Si uno quisiera, es posible incluir en las negociaciones objetivos para reducir el cultivo y el tráfico”, propone el periodista de investigación y analista Leonardo Coutinho, añadiendo que ”Brasil vierte miles de millones de dólares en las arcas públicas paraguayas a través de los disparatados contratos de itaipu Brasil. ¿Por qué no incluir en las negociaciones una ayuda a Paraguay para erradicar las plantaciones de cannabis? Sería más barato q ue laguerra urbana que está librando Brasil”.