Un total de 5.804 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros 27 días de la declaración por parte del Gobierno de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, de las cuales, 237 fueron arrestadas por presunto terrorismo.
La cifra se desprende de un balance del Gobierno de Ecuador publicado este domingo sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.
Entre el 9 de enero y el 4 de febrero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a seis presuntos miembros de estas bandas ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.
Durante ese periodo se han incautado 1.889 armas de fuego, 2.714 armas blancas, 1.020 alimentadoras de armas, cerca de 98.000 balas y cerca de 10.000 explosivos.
Las fuerzas del orden de Ecuador han decomisado también más de 43,1 toneladas de drogas y más de 117.000 dólares en efectivo.
Tras estos episodios se dieron motines en cárceles que acabaron con cerca de 200 oficiales penitenciarios secuestrados, explosiones y carros incinerados en las veredas, y hasta la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados.
De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos 27 días hubo trece atentados a infraestructuras públicas y privadas e igual número a establecimientos policiales.
Las fuerzas del orden han desplegado 71.068 operativos y han aprehendido 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible cargado con droga, en el que estaban tres colombianos, ahora en prisión preventiva.
La crisis de seguridad en Ecuador alcanzó su punto máximo a principios de enero cuando dos cabecillas criminales se fugaron de los penales en los que estaban recluidos. Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, y José “Fito” Adolfo Macías, de Los Choneros, lograron escapar de las cárceles y dieron inicio a un nuevo capítulo de la ola de violencia en el país.
Tras estos episodios se dieron motines en cárceles que acabaron con cerca de 200 oficiales penitenciarios secuestrados, explosiones y carros incinerados en las veredas, y hasta la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados.
En respuesta, Noboa ordenó a la Policía ir a fondo para restaurar el orden y apeló a países como Estados Unidos, que no tardó en expresarle su apoyo y quedar a disposición. Inclusive, desde el 23 de enero, el asesor presidencial de Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, mantuvieron reuniones con las autoridades locales en la que se hizo entrega de equipamiento y financiamiento par las fuerzas del orden, y se avanzó con la diagramación de un plan de seguridad por cinco años, con base en un acuerdo de cooperación marítima.
“Tenemos varias cosas que hemos hecho muy recientemente con Ecuador. Por ejemplo, la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad -llamada ESAR- con Ecuador (...) Eso implica un plan de cinco años, establece la hoja de ruta para la cooperación en materia de seguridad que haremos. Hemos creado un grupo de trabajo de defensa bilateral y así hacemos intercambios entre el Pentágono y Ecuador”, indicó días atrás Richardson.
Expulsarán del país a los presos extranjeros
Con la suscripción del Decreto 139, Noboa materializó su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador. Según el Código Penal de Ecuador, las condenas contra personas extranjeras resueltas por autoridades ecuatorianas “podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado”.
Para lograr la repatriación de 3.200 prisioneros, de los cuales casi 1.500 son de nacionalidad colombiana, Noboa dio instrucciones al servicio de cárceles y a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Gobierno.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), que rige las cárceles, deberá cumplir con los procedimientos administrativos que permitan repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen. Luego, las carteras de Estado mencionadas se encargarán de las acciones dispuestas bajo los tratados bilaterales y multilaterales respecto a la repatriación o traslado de presos a sus países con fin humanitario.
(Con información de EFE)
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