La legalización de las pandillas en Ecuador: entre la reinserción social y la infiltración criminal del Estado

En 2007, poco después de iniciada la presidencia de Rafael Correa, comenzó un proceso de rehabilitación social que legalizó a pandillas como los Latin King. Tras convertirlas en asociaciones juveniles, el siguiente paso fue persuadir a sus miembros para que abandonaran sus actividades ilícitas. Hoy, casi tres lustros después, algunos defienden el programa mientras que otros aseguran que la violencia que vive actualmente el Ecuador estaría directamente relacionada con esta audaz apuesta de políticas de seguridad pública.

Infobae conversó con cuatro expertos para conocer qué sucedió durante este programa de legalización y cuáles fueron sus consecuencias. A pesar de sus diversas opiniones, todos coinciden en que el contexto en el que se dio la pacificación de las bandas durante el gobierno de Correa no se compara con los niveles de criminalidad actuales. La intensidad de las políticas punitivas, la puerta giratoria en el sistema carcelario y el fracaso de la inclusión social entregaron a cientos de jóvenes a las pandillas que los reclutaron para que estén en las filas de las actuales bandas narcocriminales.

Los expertos aseguraron que, para lograr una verdadera inclusión social, se deben implementar políticas integrales para salvar a los niños y jóvenes que ahora viven el abandono estatal, los círculos de violencia y el reclutamiento forzado.

Del proceso de pacificación participaron las bandas Latin Kings, Ñetas, Master of the streets y Vatos locos.

Para Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), las principales interpretaciones sobre la legalización de las pandillas no se enfocan en un recuento histórico de cómo nació la iniciativa. Asegura que “ni siquiera fue el gobierno de Correa quien lideró ese proceso de reinserción social de las pandillas, sino que esto surgió como una iniciativa de la sociedad civil”.

Para el experto, este fue “un proceso que nace de abajo hacia arriba” y que tuvo el acompañamiento incluso de algunas universidades ecuatorianas. No obstante, recordó que fue el gobierno “quien generó las iniciativas de financiamiento, quienes crean los proyectos con el Ministerio de Bienestar Social”. Por eso, para Rivera “ese pacto entre comillas que se generó para facilitar el crimen organizado no tiene tanto sustento si se observan los eventos históricos”.

La visión de Rivera-Rhon coincide con el ensayo titulado Inclusión social desde abajo: Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y elaborado por David Brotherton y Rafael Gude. El artículo realizó entrevistas a 60 de los 1000 supuestamente rehabilitados y concluyó que “la legalización de estos grupos ayudó a reducir drásticamente la violencia y la criminalidad”. En la presentación de este informe el propio BID realiza un descargo de responsabilidad: “Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa”.

Rivera también explicó que las políticas punitivas del gobierno de Correa provocaron que muchos jóvenes terminaran en prisión por delitos menores y que allí fueran cooptados por las bandas narcocriminales que en ese momento estaban consolidándose en las cárceles. La entrada de jóvenes, luego reclutados y convertidos en sicarios “fue como un búmeran”, aseguró el coordinador del OECO.

Alexandra Zumárraga, ex Directora Nacional de Rehabilitación Social de Ecuador en 2010, discrepa con que el proceso de legalización haya sido una iniciativa de reinserción. Zumárraga, que trabajó en el Ministerio de Gobierno en el 2009 y que fue asistente legal de la Nación Vatos Locos en el 2017, contó a Infobae que la pacificación tuvo beneficios políticos para Alianza PAIS, el extinto partido que llevó al poder a Rafael Correa, y que contribuyó al inició de la narcopolítica en el Ecuador.

Para Zumárraga la promesa de programas de reinserción y educativos durante el gobierno de Rafael Correa fue un fracaso: “En los 10 años de la Revolución Ciudadana no se hizo un solo programa serio”, aseguró. La ex directora de rehabilitación señaló que el único programa que se impulsó fue iniciativa privada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que se trató de un catering para Latin Kings (llamado King Catering). Sin embargo, según Zumárraga esto después provocó problemas internos en la Universidad relacionados con microtráfico.

El King Catering, del que habló Zumárraga, estuvo liderado por Manuel Zúñiga, conocido como King Majestic. Él lideró a los Latin Kings durante 22 años y era el representante legal de quienes, luego de la pacificación, adoptaron una personería jurídica, a través de un acuerdo ministerial, y se llamaron Corporación de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador (ALKQN Corp Ecuador). King Majestic fue asesinado en Quito al estilo sicariato, el 14 de mayo de 2022. Su muerte, según reveló Primicias, estaría relacionada al “descontento de Los Lobos por los acercamientos que Majestic, de 46 años, tenía con bandas rivales, como Los Choneros, Tiguerones y Chone Killers, para iniciar un proceso de pacificación en el país... Los Lobos querían explicaciones sobre una negociación de paz que perjudicaría sus operaciones de microtráfico en Quito”.

Zumárraga explicó que la pacificación buscaba que los jóvenes involucrados en las pandillas salieran a la luz y adquirieran una personería jurídica, permitiéndoles formar parte legal de la sociedad. En un artículo de su autoría, la experta señaló que “este primer paso, pese a tener buenas intenciones, también fue el inicio de luchas de poder internas en las pandillas y naciones y éstas empezaron a dividirse en fracciones por territorio y líderes en todo el país”. En diálogo con Infobae, Zumárraga contó que existieron irregularidades durante el proceso como eliminar el pasado delictivo de King Majestic: “Él nunca quiso salir a la luz por su prontuario criminal. Cuando Rafael Correa se da cuenta que él y otros son líderes de muchísima gente, pues les borra el prontuario criminal y entonces ellos dan la cara y salen a la luz. Esto fue algo completamente ilegal”.

De su paso por la administración pública, Zumárraga recuerda que los líderes de la Revolución Ciudadana siempre estaban presentes en las reuniones o encuentros con las pandillas. La experta recuerda el episodio donde alrededor de 250 miembros de estas agrupaciones se afiliaron al extinto Alianza PAIS. Incluso recuerda que en las reuniones en las que ella participó había una persona que incentivaba a los jóvenes a formar parte del partido político. Lo que cuenta Zumárraga se sustenta con publicaciones oficiales. Por ejemplo, el 26 de abril de 2015, el Ministerio de Gobierno informó que 300 líderes de la Corporación de Reyes y Reinas Latinas en Ecuador (Latin Kings) firmaron nuevos acuerdos de paz, proyectos culturales y reinserción social con el Gobierno Nacional.

Zumárraga también denuncia irregularidades: “Se les entregaba (desde el gobierno) recursos que jamás fueron fiscalizados”. La experta cuenta que los líderes de los Latin Kings se acercaban al Ministerio de Gobierno y pedían recursos para hacer un concierto y se les entregaban miles de dólares, pero además “por debajo de la mesa también se les entregaban armas”. Además, se los utilizaba “como un ejército de choque a su favor” pues se les pedía que participaran en las contramarchas que organizaba el gobierno de Correa cuando sus detractores se manifestaban en las calles.

La estrecha relación entre los líderes de pandillas y figuras políticas contribuyó a consolidar estas estructuras criminales. La cercanía llegó al punto de nombrar al entonces ministro del Interior, José Serrano, como miembro honorario de los Latin Kings. Otros personajes políticos como Ricardo Patiño tuvieron vínculos con estas pandillas. La relación llegó al punto de que, según Zumárraga, Johnny Arévalo, que fue presidente nacional de la Asociación Latin King, trabajó en la Penitenciaría de Litoral, la cárcel más violenta del país, bajo otra identidad y estaba involucrado en tráfico de drogas, lo que posteriormente le costó la vida.

Aunque Latin Kings y Ñetas “dejaron de matarse” y esto contribuyó con la reducción de la violencia en las jurisdicciones que ellos controlaban, los casos de Zúñiga y Arévalo son la evidencia de que no hubo ningún proceso de reinserción o de rehabilitación, según Zumárraga.

Arturo Torres es periodista de investigación y cubre desde hace 30 años la relación entre el crimen organizado y la política. Torres es fundador y director del portal de investigación Código Vidrio y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En diálogo con Infobae, el periodista aseguró que el proceso de legalización, más que una política social, se utilizó con fines clientelares: “Tuvo un fin propagandístico para vender soluciones que eran bien vistas por la sociedad... Hubo una serie de decisiones que servían básicamente para ganar popularidad con un fin clientelar, para generar empatía entre las militancias y entre la gente que estaba muy animada en un proceso que vendía Correa: el de refundación del país”.

A pesar de que los niveles de inseguridad de la administración de Rafael Correa no se comparan con la crisis actual, durante su periodo de mandato, el ex presidente también experimentó un contexto violento. Torres recordó la visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Philip Alston, en julio de 2010.

Alston, como consta en su pronunciamiento oficial, aseguró que el gobierno de Correa había emprendido reformas constitucionales, sobre la protección de derechos humanos y que había impulsado iniciativas sociales “enfocadas a mejorar la situación de los más desventajados”. A pesar de ello, el relator ya advertía sobre la penetración del crimen organizado en el país y la corrupción de la justicia: “La inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos agravados por un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional”.

En ese contexto, Torres indicó que la decisión de legalizar a las pandillas sin realizar un seguimiento de lo que sucedía con aquellos jóvenes que formaron parte del programa fue una decisión peligrosa que abrió una puerta hacia la penetración de estructuras criminales en el Estado: “Creo que fue un gran error y una gran equivocación. Voy a darles el beneficio de la duda. Hubo una falla garrafal en no poder hacer un monitoreo ni inteligencia ni un seguimiento (de estos jóvenes) conociendo que habían sido acogidos en Alianza PAIS”.

Esa falta de seguimiento, aseguró Torres, mostró que “el gobierno abrió las puertas para que ingresen estos personajes sin hacer los filtros suficientes para impedir que el Estado sea tomado y aprovechado por las agendas delictivas”. Además, se habría ignorado las evidencias de que los cárteles, sobre todo el de Sinaloa, ya empezaron a ingresar al Ecuador desde el 2006: “El ex presidente Correa mantuvo la narrativa de que aquí en el país solamente había microtráfico”. Esto se agravaría, según Torres, cuando se crean “estas tres bodegas humanas (se refiere a cárceles) en Guayaquil, en el Turi y en Cotopaxi y paralelamente el Estado va perdiendo poder y va perdiendo control sobre esos espacios penitenciarios y va cediendo ante el poder de las bandas porque ya no está en capacidad de gastar los recursos”.

El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del Ejército ecuatoriano, dijo a Infobae que la legalización de las pandillas “no fue un proceso de pacificación. Fue un proceso de penetración de estas estructuras en el estamento gubernamental y les facilitó el coptar rápidamente algunas posiciones dentro del Estado ecuatoriano”. Sobre esto, Zumárraga ha indicado que la legalización permitió que “muchos jóvenes miembros de las pandillas y naciones logren ingresar a funciones del Estado”.

Para Pazmiño, todos los sistemas del Estado, desde lo gubernamental pasando por los operadores de justicia, el estamento social y las entidades financieras fueron infiltradas. El ex jefe de inteligencia militar indicó que el procesos permitió que “esta penetración sea mucho más acelerada... Fue una política desacertada el llegar a acuerdos con las organizaciones delictivas (que condujo) a la situación en la que nos encontramos: con un país que está al borde de ser considerado un Estado fallido”.

Ecuador vive un escenario violento nunca antes visto en su historia. Las masacres carcelarias, la penetración de cárteles mexicanos y de los Balcanes, las pugnas criminales por territorios, la violencia en las calles, las extorsiones, la corrupción en los sistemas judiciales y los atentados terroristas han llevado a que el gobierno del presidente Daniel Noboa declare estado de excepción por conflicto armado interno.