El candidato opositor Luis Parada advirtió que un segundo mandato de Bukele sería “inconstitucional, ilegítimo e ilegal”

Un segundo mandato de Nayib Bukele, que este domingo se presentó a la reelección entre señalamientos de ilegalidad, no debe ser reconocido porque la Constitución lo prohíbe, así lo dijo en una entrevista con EFE el candidato presidencial del partido de oposición Nuestro Tiempo (NT, liberal y progresista), Luis Parada.

Bukele, del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), logró esquivar la prohibición constitucional tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2021, emitida en parte por ex asesores y ex abogados de altos funcionarios de su Administración que el Congreso de mayoría oficialista nombró como magistrados.

“Un segundo gobierno de Nayib Bukele, a partir del primero de junio de 2024, sería inconstitucional, ilegítimo e ilegal. No debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países”, sostuvo Parada.

Parada no descartó que el oficialismo busque promulgar una nueva Constitución que le permita la reelección indefinida, algo que ya negó Bukele el pasado 4 de enero, cuando en una transmisión por X dijo que “actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida”, que no la buscaba y que “tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar” la carta magna.

Sin embargo, en 2021 en una entrevista con dos youtubers mexicanos, el presidente dijo que “no hay reelección” en El Salvador y que “estaría fuera de la Presidencia a los 42 años”.

La campaña electoral de Bukele se basó en pedir su reelección y que su partido tenga la mayoría calificada en el Congreso, y en acusar a la oposición de que liberará a pandilleros si ganan aunque sea un diputado.

“Sí quiero dejar muy claro que todos los pandilleros que están en la cárcel, ninguno va a salir”, subrayó Parada.

Parada criticó que no existe un plan para atender las causas estructurales que permitieron el crecimiento de las pandillas, que a su juicio pasan por atender las necesidades económicas y exclusión social, y que el problema no se soluciona con “pactos y cárcel”, en referencia a las acusaciones de que el Gobierno ha sostenido acuerdos con esos grupos criminales.

De hecho, Estados Unidos ha sancionado a dos altos funcionarios por supuestamente dirigir, facilitar y organizar una serie de encuentros con líderes de pandillas encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS-13.

Dijo que intentó incentivar el voto de “las personas que están verdaderamente preocupadas por el rumbo que lleva el país”.

(EFE)