Las tensiones entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, siguen en aumento. El Gobierno informó que los puntos de bloqueos en el país este domingo ascendieron a 25, y denunció que seguidores del ex jefe de Estado obligan a campesinos a cortar las carreteras mediante amenazas y cobros irregulares.
“Tenemos una serie de testimonios que acreditan que en estos 25 puntos de bloqueo -que están principalmente focalizados en el trópico de Cochabamba- se transporta a gente bajo la amenaza de quitarles el chaco o de cobrarles una multa por su inasistencia de 200 bolivianos”, manifestó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, de acuerdo a lo consignado por el diario local El Deber.
El funcionario sostuvo que esta movilización, que ya provocó desabastecimiento en el país, es motivada por cuestiones políticas. “Hay una afectación de la movilización que se traduce no solamente en la pérdida de libertades de las personas que se ven restringidas por acciones particulares”, apuntó.
Y agregó: “Hay quienes ayudan a este bloqueo por presiones económicas, sociales o por violencia”.
Desde el comienzo de los bloqueos el Gobierno responsabilizó a Morales y apuntó a su interés en ser candidato como la principal motivación de la protesta.
Aguilera informó, por su parte, este domingo que de los 25 bloqueos, 22 están en el departamento de Cochabamba.
El bloqueo de carreteras que hace una semana sostienen los seguidores de Evo Morales, que exigen la renuncia de los magistrados que prorrogaron su mandato, se convirtió en la lucha “al todo o nada” para habilitar la candidatura del jefe oficialista en las presidenciales de 2025.
A fines del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó un fallo en el que señala que la reelección en Bolivia es “una sola vez” seguida o discontinua y que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.
El dictamen afecta directamente a Evo Morales, quien el año pasado fue declarado por sus seguidores como el candidato único del oficialista Movimiento al Socialismo y que gobernó en 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.
Los sectores “evistas”, que respaldan al ex gobernante, cumplieron este domingo siete días de huelga que se concentraron principalmente en el departamento central de Cochabamba, el eje de las carreteras que conectan el oriente y el occidente del país.
La medida cortó el flujo de mercadería entre ambas regiones, por lo que se comenzó a sentir la escasez de algunos productos, combustibles y alimentos, además que los aeropuertos están llenos de gente que busca un cupo de los “vuelos solidarios” que habilitó la estatal Boliviana de Aviación (BoA).
Asimismo, la huelga ocasionó la obstrucción del tráfico terrestre entre el oriente y occidente del país, por lo que los precios de algunos productos comenzaron a incrementarse y faltar otros, mientras que también se advierte la falta de combustible en algunas regiones.
En esta semana de protestas las autoridades reportaron -hasta el momento- dos personas muertas y 23 policías heridos.
En este clima de tensión, el ex presidente boliviano acusó este domingo al Gobierno de Arce de buscar la ampliación del mandato de los magistrados y consejeros de altos tribunales del país para “tapar” las supuestas irregularidades en los proyectos de industrialización del litio.
En el Gobierno “quieren el control absoluto a la Justicia para tapar estos grandes negociados del litio (...) la defensa no solamente debe ser a la Constitución sino también al litio”, señaló Morales en su programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca.
El líder del MAS cuestionó que el Gobierno haya firmado “seis convenios secretos y reservados” con algunas empresas extranjeras para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Morales criticó el último convenio con la china CATL BRUNP & CMOC (CBC), suscrito este mes, para la construcción de una planta piloto de carbonato de litio con el método EDL.
El político dijo que gracias a la “información reservada” que recibió de algunos técnicos del Gobierno supo que ese proyecto “costará cerca de 100 millones de dólares” para producir unas “1.000 toneladas” anuales de carbonato de litio.
En el Gobierno “necesitan una Justicia que encubra y proteja la corrupción del Gobierno. En el fondo es esto: litio y corrupción, ese es el resumen. El pueblo no acepta eso”, remarcó Morales.
(Con información de El Deber y EFE)
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