El periodista Wilfredo Miranda salió precipitadamente de Nicaragua en una lancha hacia Costa Rica el 10 de junio de 2021. El día anterior acudió a una cita con la Fiscalía donde fue advertido sobre los supuestos delitos que cometía al hacer su trabajo.
Nicaragua vivía entonces una ola de detenciones contra opositores y Miranda, temiendo que fueran por él, decidió dormir en un hotel “para que al menos hubiera cámaras” y testigos si se lo llevaban preso. En la noche, llamó a su abogado para tener apoyo legal en el proceso que sentía se le avecinaba.
—Mira, hermano, yo ya me estoy yendo de Nicaragua. Vos también deberías irte —fue el único consejo que recibió.
Esa madrugada salió a una playa del Pacífico nicaragüense. Tomó una lancha que lo llevó a la frontera marítima de Nicaragua donde lo esperaba otro bote en el que viajó a Costa Rica. Desde entonces trabaja allí. Es miembro del equipo de la plataforma Divergentes y colaborador del diario español El País. Escribe, principalmente, sobre Nicaragua.
Miranda es parte de la sangría de periodistas que sufre Nicaragua. Un éxodo histórico. Nunca tantos periodistas se han ido del país en tan poco tiempo por la misma razón: la represión del régimen de Daniel Ortega.
“En Nicaragua tiene más garantías un narcotraficante, que un periodista”, dice un comunicador que pide anonimato. “La profesión está prohibida de hecho, y quienes quedan, o lo hacen en clandestinaje o son propagandistas del régimen que dicen ser periodistas sin serlo”.
Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), al menos 242 periodistas han salido de Nicaragua desde el 2018 hacia el exilio debido a la guerra que la dictadura de Daniel Ortega le declaró al periodismo. “Y son más que esa cantidad. Hay un subregistro porque muchos periodistas prefieren no declarar su situación por temor a más represalias”, señala Abigail Hernández, periodista y miembro de PCIN.
Entre mayo y julio del 2021, alrededor de 45 periodistas fueron citados por la Fiscalía para ser interrogados sobre su trabajo. “Yo soy una de ellos”, dice Hernández. “En ninguno de esos interrogatorios a los periodistas se les preguntó sobre los mecanismos de investigación. A mí, en lo particular, se me presentó en un escritorio una de nuestras investigaciones sobre el Río Coco impresa. Y lo que el fiscal nos señaló es que íbamos a ser citados por hacer esa investigación. No era ni por la forma ni porque los datos o documentos que presentamos fueran falsos o creados”.
Quedan pocos periodistas en Nicaragua. Y quienes quedan, trabajan en la clandestinidad. La cobertura tradicional de los periodistas se ha perdido. Incluso, las mismas fuentes temen hablar, porque salir dando declaraciones en un medio es ponerse en la mira del régimen.
Al tiempo que expulsa a los periodistas que están dentro, el régimen nicaragüense cierra las puertas a los periodistas, nacionales o extranjeros, que quieren entrar al país. Reconocerse como “periodista” en la ficha de ingreso en Migración equivale a exhaustivas revisiones e interrogatorios y, en el más frecuente de los casos, al rechazo para entrar al país.
No existen ya medios tradicionales independientes: impresos, radio y televisión. Al menos 22 periodistas nicaragüenses han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad, según las cuentas de PCIN.
Siete periodistas que el régimen mantenía en prisión, fueron desterrados el 9 de febrero de 2023, junto a otros 115 presos políticos.
El corresponsal de Canal 10, Víctor Ticay, permanece preso en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Fue apresado el 6 de abril de 2023 cuando informaba sobre una actividad religiosa de Semana Santa. El 15 de agosto fue condenado a ocho años de cárcel por los delitos de “traición a la patria” y “divulgación de noticias falsas”.
Wilfredo Miranda, sin proceso alguno, fue uno de los despojados de su nacionalidad nicaragüense mientras se encontraba en el exilio.
Este periodista ganó el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018 por la investigación “Disparaban con precisión a matar”, publicada en la revista Confidencial, el 26 de mayo de 2018, donde se documenta el uso de armas de guerra y tiradores profesionales contra las manifestaciones ciudadanas que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega en los primeros meses del 2018.
Miranda ha conocido un solo presidente en su carrera: Daniel Ortega, quien llegó al poder en 2007 y se ha reelegido en tres ocasiones.
“Yo soy un periodista que he hecho periodismo solo bajo el gobierno de Daniel Ortega. Cuando empecé, en 2009, Daniel acababa de regresar al poder y me encuentro un periodismo con limitaciones pero uno podía ir a la Asamblea Nacional, hacer entrevistas a diputados, no a ministros, pero te los podías encontrar en una conferencia de prensa. Evidentemente Ortega nunca le dio la cara a los periodistas, pero uno se podía mover con total libertad en la calle, se podía reportear”, explica.
Dice que el gobierno de Ortega necesitaba en esos primeros meses de los periodistas para que publicaran sus mensajes “aunque nunca le gustó la crítica”. A partir de 2008, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vocera oficial de su régimen, proclamó su intención de establecer una “comunicación no contaminada” y empezó a construir un emporio de medios de comunicación propios para imponer su narrativa.
Personalmente, Miranda sintió un cambio brusco tras la publicación del trabajo que le hizo merecedor del premio Rey de España 2018.
“Antes de 2018 nunca me habían perseguido. Quizás hostigado o difamado, que son gajes del oficio, pero periodista perseguido si lo sentí después de mayo 2018, cuando publiqué esta investigación”, dice Miranda. “Empecé a sufrir acoso policial en todas las casas que yo me mudé en 2018, amenazas de muerte bien claras en mi teléfono, tuve patrullas policiales, acoso sistemático en la casa de mis papás en Nandaime, seguimiento de auto y después, cuando publicamos los correos electrónicos de Rosario Murillo, a finales del 18, esa persecución se recrudece y en las redes sociales ponen mi cara, como terrorista”.
En diciembre de ese año sale por primera vez al exilio, esperando que “las cosas se enfriaran”. Un año después decide regresar, para más tarde salir de nuevo ante lo que consideraba su inminente captura.
Los que sucede en Nicaragua, es un patrón que se repite en Cuba y Venezuela. Recientemente el régimen venezolano encarceló a la periodista de Infobae, Sebastiana Barráez, a quien acusa de “traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación”, según señaló el fiscal general Tarek William Saab.
Abigail Hernández reconoce que la represión ya ha provocado un “silencio informativo”, principalmente en las regiones del Caribe y el Norte del país. En Nicaragua están sucediendo hechos que no se conocen porque ya no hay periodistas que los cuenten.
Temas como “género”, “medio ambiente”, “derechos humanos” están ausentes totalmente de los medios que aún quedan en Nicaragua, lamenta Hernández.
“Todavía quedan algunas radios comunitarias dentro del país que logran seguir funcionando. Sin embargo, hay una autocensura por la intención de proteger los bienes, la infraestructura y las licencias para seguir trabajando”, explica.
Del otro lado, existen los medios afines al régimen, que se caracterizan por repetir el mismo discurso, sin cuestionar al poder. “Hay que hacer una una diferencia importante y ubicarnos, pues en la realidad que tiene Nicaragua, tenés una prensa que es oficialista, que obedece a un discurso de régimen sandinista y que está a cargo de hacer propaganda. Eso no es periodismo”, dice Hernández.
El exilio, sin embargo, no ha logrado apagar la voz de los periodistas. Desde afuera existen diversos esfuerzos, a través de plataformas digitales, para informar sobre lo que sucede en Nicaragua y que el régimen de Daniel Ortega no quiere que se sepa.
“La prensa sigue siendo su talón de Aquiles”, dice la periodista. “Es lo que no le ha permitido poder instaurar este discurso oficial de que en Nicaragua todo está bien, de que Daniel Ortega tiene todo bajo control”.
A Wilfredo Miranda le parecen extrañas sus nuevas formas de trabajo. No se acostumbra a informar sobre eventos de los que nos es “testigo en primera fila”.
“Nos ha tocado reinventarnos usando la tecnología, usando las pocas fuentes que todavía quedan abiertas, que quieren hablar. Creo que eso no cambia de ninguna manera el principio básico del periodismo que va donde suceden las cosas, donde suceden los hechos”, dice.
Para Abigail Hernández, el vaciado de periodistas en Nicaragua tiene una explicación sencilla: Daniel Ortega no quiere testigos. “El mayor terror de régimen sandinista es lo que ocurrió durante las protestas de 2018, 2019 hasta 2000, e inicios de 2020, cuando todavía habían algunos piquetes y acciones de la ciudadanía de manera pacífica. Muchos de los y las periodistas que hoy están exiliados y los que están trabajando en la clandestinidad en Nicaragua, hablaron con víctimas de torturas, fueron a zonas donde fuerzas paramilitares y policiales hicieron cosas terribles”.
“Nos convertimos en testigos, nos convertimos en curadores de información. Además de hacer este trabajo de hilvanar historias de cómo sucedieron, de cuándo sucedieron, tenés periodistas que lograron archivar testimonios en videos, en grabaciones, en fotografías. Los periodistas nos convertimos, legalmente, en testigos de lo que pasó en Nicaragua”, concluye.