La cuestionada fiscal general de Guatemala insiste en su desafío al nuevo presidente

El de la fiscal general Consuelo Porras es el tema central en la política guatemalteca actual. La posible destitución de la funcionaria, a través de una difícil negociación en el Congreso o de una impugnación de su nombramiento, es la pieza más importante en un tablero de ajedrez que parece ocupar buena parte de la atención del recién juramentado gobierno del progresista Bernardo Arévalo.

Antes de tomar posesión, durante el largo periodo de transición de casi medio año que establece la legislación guatemalteca, Arévalo dijo al menos tres veces en entrevistas y declaraciones públicas que al jurar como presidente pediría la renuncia de Porras. Cinco días después de su juramentación, Arévalos ha echado a andar una operación política orientada a sacar a la fiscal general del despacho.

El 19 de enero pasado, el presidente envió una carta a la fiscal Porras con la que la citó a una reunión para que la funcionaria le explicara varios puntos, entre ellos el cumplimiento de varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han señalado responsabilidad del Estado guatemalteco, los criterios utilizados en casos en que se ha perseguido a periodistas y el avance en investigaciones por supuesta corrupción en la compra de vacunas para el Covid durante la presidencia anterior.

Los dos últimos temas, la persecución a periodistas y el de las vacunas, marcaron la relación de Porras con Alejandro Giammattei, el antecesor de Arévalo; en ambos el expresidente aparece involucrado. Desde mediados de 2022, el MP de Porras emprendió una persecución penal contra José Rubén Zamora, exdirector del diario El Periódico y uno de los periodistas más respetados del país, quien expuso varios casos de corrupción de Giammattei. En el tema de las vacunas, investigaciones del mismo MP apuntaron a responsabilidad del gobierno anterior en un esquema de corrupción que costó al menos USD 100 millones al erario.

En su carta, Arévalo pidió a Porras que llegara a la presidencia el pasado el lunes 24 de enero a las 10:00 a.m. La fiscal general no asistió. Lo que hizo fue grabar un video de casi 10 minutos y colgarlo en las redes sociales; además de anunciar que no iría a la reunión, Porras reclamó la independencia que la ley concede al Ministerio Público y advirtió a Arévalo que, de insistir, podría ser sujeto a nuevas acciones penales. Ya, por orden de Porras, el MP ha pedido en tres ocasiones a la justicia que retire a Arévalo la inmunidad de la que gozaba como presidente electo y como diputado, puesto que tenía cuando se candidateó.

Porras, además, envió una carta a Arévalo para reiterar sus puntos, pero no la firmó ella, sino Ángel Pineda, el secretario general del MP. Tanto la fiscal general como Pineda han sido sancionados por el Departamento de Estado en Washington, que los ha incluido en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos. Pineda, además, ha sido denunciado por manejar granjas de trolles informáticos que acosan a adversarios políticos y de filtrar información sobre casos sensibles de corrupción.

El presidente contestó pocas horas después a las comunicaciones del MP con una carta en la que conminó a Porras a presentarse a una reunión del gabinete de ministros el próximo 29 de enero en el palacio presidencial. El informe que envió Pineda, escribió Arévalo, no tiene validez, porque el secretario general del MP no está facultado para responder por la fiscal general. La carta del presidente es, en realidad, una advertencia: la reunión no es, explica Arévalo a Porras, para que explique lo actuado en las investigaciones, algo en lo que el MP es autónomo, sino para “conocer la postura institucional” en los casos de corrupción y persecución a la prensa. Un pulso en toda regla entre el presidente de Guatemala y la fiscal general y jefa del Ministerio Público.

Arévalo retomó el tema el 23 de enero pasado, tras una reunión con líderes indígenas del país, entre ellos algunos de los que impulsaron multitudinarias protestas callejeras para pedir, ellos mismos, la renuncia de Porras, a quien acusan de corrupta y de servir como instrumento a élites políticas que quisieron boicotear desde el principio la presidencia de Arévalo. Los líderes comunitarios pidieron al presidente solicitar la renuncia de la fiscal general.

Los posibles caminos de Arévalo para lograr la salida de Porras, sin embargo, no pintan fáciles. Una reforma legal de 2016 blindó el puesto de fiscal general. Aquel año la inquilina del despacho era Thelma Aldana, una exmagistrada que ha sido reconocida en todo el mundo por emprender una ofensiva anticorrupción que llevó al banquillo a poderes empresariales y políticos hasta entonces intocables en Guatemala. El presidente entonces era Jimmy Morales, él mismo investigado por posible financiamiento electoral ilícito, con lo que la reforma se entendió como una forma para proteger a Aldana; hoy, ese blindaje, es la tabla a la que se aferra Consuelo Porras.

Juristas y analistas guatemaltecos explican que hay dos posibles caminos para la salida de Porras. La primera es una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Congreso, la cual parece difícil debido a la correlación de fuerzas políticas, que no favorece al Movimiento Semilla, el partido del presidente.

Semilla, sin embargo, logró montar una coalición provisional la noche del pasado 14 de enero, fecha programada para la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente. Con votos de otros partidos pequeños de centro y centro derecha y los de un bloque disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a cuya candidata presidencial Arévalo venció en la segunda vuelta, Semilla evitó la conformación de una junta directiva poblada de diputados afines al expresidente Giammattei y a Porras que amenazaban con entorpecer la toma de posesión.

Aquella alianza, no obstante, es percibida como débil. “Si quieren tener una oportunidad para reformar la Ley Orgánica del MP deben de correr antes de que esa mayoría que lograron se acabe”, advierte Manfredo Marroquín, director de la no gubernamental Acción Ciudadana. Además, señala Marroquín, Arévalo y Semilla tienen que presupuestar a la Corte de Constitucionalidad (CC), el tribunal al que llegaran previsibles amparos si la ley se modifica. Por ahora, la CC está dominada por miembros del pacto político que gobernaba antes del ascenso de Arévalo.

Otro camino legal, menos probable, es la impugnación de la reelección de la fiscal general Porras en mayo de 2022 por parte del entonces presidente Giammattei, que estuvo ensombrecida por acusaciones de que la funcionaria plagió su tesis doctoral y de que no cumplía con requisitos de idoneidad para el cargo. El principal reclamo a aquella reelección, sin embargo, era político, y provenía de Washington: la Casa Blanca de Joe Biden veía en Porras a una adversaria de la reforma judicial que Estados Unidos y otros países apoyaron a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía supranacional que acompañó a funcionarios como la exfiscal Thelma Aldana en investigaciones complejas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

Este segundo camino, el de impugnar la reelección, parece más largo y complicado, y todo indica que, por hoy, el presidente Bernardo Arévalo debe de encontrar una salida viable y rápida al asunto Porras para concentrarse en gobernar el país. No es solo que el MP sigue amenazando con criminalizar al Movimiento Semilla del mandatario, con quitarle su personería jurídica y con pedir más antejuicios a Arévalo, es que uno de los principales reclamos de las decenas de miles de guatemaltecos que llenaron calles y plazas para proteger la ascensión de Arévalo es, precisamente, la salida de Porras.

La relación entre ambos funcionarios, además, es poco menos que imposible. Porras se convirtió en el principal dolor de cabeza para Bernardo Arévalo, el catedrático universitario y exdiplomático que ganó sorpresivamente la presidencial en agosto de 2020.

Arévalo ni siquiera aparecía en las encuestas antes del 25 de junio de 2023, fecha de la primera ronda electoral, pero al final logró acumular los votos de miles de guatemaltecos descontentos con la alianza política encabezada por el entonces presidente Alejandro Giammattei, del que la fiscal general Porras era fiel aliada. Arévalo ganó con holgura la segunda vuelta, el 20 de agosto. A partir de entonces, Porras y sus fiscales hicieron de todo, desde abrir urnas como no ocurría desde las dictaduras militares del siglo pasado hasta intentar procesos penales contra el presidente electo por su apoyo a una protesta universitaria, para evitar que Arévalo tomara posesión.

Los intentos de la fiscal Porras por evitar la transición naufragaron en las manifestaciones masivas de apoyo a Arévalo, organizadas en buena medida por los liderazgos indígenas, y en el fuerte apoyo internacional al presidente electo, que incluyó condenas reiteradas a Porras y a media docena de sus fiscales. Los representantes del MP terminaron siendo tan tóxicos que perdieron, incluso, los apoyos de aliados tradicionales en la empresa privada y actores políticos que alguna vez apoyaron a Consuelo Porras y a Alejandro Giammattei.

Cuando se paró frente a la cámara de video el 23 de enero pasado, para responderle al presidente Arévalo que no iría a reunirse con él porque el Ministerio Público es una institución independiente, Consuelo Porras pareció haberse olvidado de las múltiples reuniones que tuvo con Alejandro Giammattei, el presidente que la reeligió, o con Jimmy Morales, el mandatario anterior, quien la nombró en el cargo por primera vez.

Juan Francisco Sandoval, exjefe fiscal a quien Porras destituyó del MP para proteger a Giammattei, señala la contradicción: “Lo que pudimos observar en esas reuniones es la camaradería porque se ha documentado, no solo en investigaciones de la prensa guatemalteca, sino en las investigaciones que Consuelo Porras obstruyó, que esas reuniones tenían por objeto la protección a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Giammattei y de Jimmy Morales”, dijo.

De eso, de los casos que como el de las vacunas para el Covid-19 están relacionados con la corrupción de gobiernos anteriores, quiere hablar hoy el presidente Arévalo con la fiscal general. Esta vez, sin embargo, Porras se niega a pisar el palacio presidencial en Ciudad de Guatemala.