El nuevo plan de industrialización de Brasil implica más estado y proteccionismo

Un plan nacional para revitalizar la industria nacional que se extenderá hasta 2033. Fue anunciado en estos días por el gobierno de Lula con el objetivo de que el gigante sudamericano recupere la competitividad perdida, ya que los datos del último año del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) no son alentadores. Entre agosto y noviembre de 2023, la expansión fue sólo del 0,9%. El escenario, en definitiva, es de estancamiento. Pero no han faltado las críticas porque la idea principal del nuevo plan industrial es la intervención masiva del Estado en la economía. Se trata de un pilar de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) que inspiró parcialmente el gobierno de Dilma y el de Gustavo Petro en Colombia.

Es una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto en forma de gasto público como de injerencia en las relaciones económicas. Aboga por políticas fiscales expansivas, financiadas mediante la creación de dinero porqué, para la TMM, ni deuda ni inflación son un problema. Sin embargo, hasta ahora no ha nunca tenido éxito. Con este nuevo programa, el Estado inyectará 300.000 millones de reales, unos 61.000 millones de dólares en créditos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Esta cantidad es aproximadamente el doble del presupuesto anual de la Nasa, la agencia espacial estadounidense. Según el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, “existe un consenso en los organismos multilaterales de que el neoliberalismo no ha funcionado en el mundo y de que la transición hacia una economía verde es muy costosa, lo que requiere la participación del Estado”.

Hay seis áreas en las que se centrará el plan. En primer lugar, los sectores agroindustriales, con la mecanización del 70% de las granjas familiares (actualmente el porcentaje es del 18%). Según las intenciones del gobierno Lula, el 95% de esa maquinaria deberá ser producida por la industria brasileña. La salud también está en el centro del plan, con un aumento previsto del porcentaje de producción nacional del 42% al 70% de medicamentos, vacunas y equipos médicos. En cuanto a la movilidad urbana, el objetivo es reducir el tiempo de desplazamiento de las personas en un 20%, mientras que en el ámbito de la transformación digital, la meta es digitalizar el 90% de las empresas industriales de Brasil. Actualmente son sólo el 23,5%. En cuanto a la descarbonización, el plan es aumentar en un 50% la cuota de biocombustibles, actualmente en el 21,4% y reducir en un 30% las emisiones de carbono en la industria brasileña. Por último, la defensa también forma parte del plan industrial, con el objetivo de alcanzar una autonomía del 50% en la producción de tecnologías críticas, empezando por la energía nuclear.

“Nuestro problema era el dinero. Si ahora el dinero no es un problema, entonces tenemos que resolver las cosas mucho más fácilmente”, dijo Lula, en la presentación del nuevo programa. Declaraciones que pesan en un contexto económico de gran incertidumbre sobre el objetivo de déficit cero para 2024. El plan también incluye una política de obras y contrataciones públicas, con incentivos a las empresas locales, haciéndose eco de las políticas de anteriores administraciones del Partido de los Trabajadores (PT). Las críticas no faltaron. En un editorial, el diario O Estado de São Paulo afirma que “no podemos dejar de recordar el Programa de Inversión Sostenible (PSI), lanzado en respuesta a la crisis financiera mundial de 2008″. En aquel momento, correspondió al Tesoro emitir deuda para aportar más de 400.000 millones de reales (200.000 millones de dólares al cambio de la época) al BNDES, fondos que se prestaron en operaciones a tipos inferiores a los del mercado a empresas elegidas como campeonas nacionales. En muchas de ellas, el BNDES se convirtió incluso en socio. En términos de crecimiento económico, los resultados del PSI fueron pobres cuando no trágicos, como en el caso de los sectores del petróleo y la construcción naval, que debían tener un contenido local.

“Dilma, ¿eres tú?”, pregunta el periodista del sitio económico Broadcast Fábio Alves, recordando las políticas de la presidenta Rousseff que llevaron al país a la peor recesión de su historia reciente y a su impeachment. “El nuevo plan industrial del gobierno hace temer el regreso de los fantasmas fiscales. El paquete, que carece de transparencia suficiente sobre cómo se financiarán los gastos, se presentó en un momento en que la política fiscal del gobierno Lula atraviesa una grave crisis de credibilidad”, escribe Alves. Para Ricardo Rangel, del semanario Veja, “los resultados de esta intervención gubernamental en la economía ya son conocidos: crecimiento de tipo ‘gallináceo’, pérdida de control fiscal, inflación, altos tipos de interés, recesión, desempleo, corrupción, privilegios, enriquecimiento de los campeones nacionales, pérdida de competitividad, concentración de la renta. La catástrofe causada por la irresponsabilidad intervencionista del gobierno del PT fue tal que aún hoy no nos hemos recuperado totalmente”.

El economista Sérgio Vale declaró a O Estado de São Paulo que el nuevo plan industrial es un “vestido viejo para cosas que ya conocemos: una vieja política industrial basada en el uso de recursos públicos”. La referencia es a la política de estímulo a la industrialización iniciada en el segundo mandato de Lula y continuada en los 6 años y medio de su delfina Dilma Rousseff. En aquella época, se favoreció a determinadas empresas de sectores específicos y se concedieron créditos subvencionados a través del BNDES para la compra de maquinaria y camiones. Según muchos economistas, no se evaluó la actuación del PT en mandatos anteriores. “Tal vez el problema más preocupante de esta política industrial sea la resurrección de la vieja idea del proteccionismo. Además de cerrar la economía, está la idea de que hay que producir maquinaria y equipos a nivel nacional. Esto es malo. Debería ser lo contrario, debería ser más abierto. El gobierno debería haber intensificado los intentos de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea y no impedir que el país importe bienes y maquinaria más baratos”, afirma Vale.

Lo paradójico es que, debido a la polémica, Lula se ha desmarcado desde entonces del programa, quejándose de la falta de objetivos concretos y afirmando que el plan deja lugar a críticas sobre la reiteración de viejas medidas. Sin embargo, el miércoles su gobierno confirmó este criticado enfoque proteccionista. De hecho, Brasil ha decidido aumentar el impuesto sobre los productos importados tanto del Mercosur como de países de fuera del bloque cuando se supere la cantidad que se beneficia del Arancel Exterior Común (AEC), es decir, 100 productos. Por el momento se desconoce si los demás países miembros del bloque comercial latinoamericano adoptarán medidas similares.

También en el terreno de las subastas públicas reina hasta ahora el escepticismo. En noviembre pasado, nadie se presentó a la subasta para la concesión de la autopista del tramo BR-381 entre Belo Horizonte y Governador Valadares, en Minas Gerais, que fue aplazada por tercera vez. El año pasado, de sólo 18 subastas públicas, siete tuvieron un único licitador y dos quedaron desiertas. La causa de este escenario es la incertidumbre económica del país y un ambiente institucional infiltrado por la corrupción, que asusta a inversores e industriales. Hasta 2024, están previstas subastas de al menos 56 concesiones federales y estatales y asociaciones público-privadas (APP) por un valor aproximado de 173.000 millones de reales, unos 35.000 millones de dólares, en inversiones en los próximos años. Las subastas abarcarán obras de servicios de agua y alcantarillado, tramos de carreteras, reformas portuarias y líneas de transmisión eléctrica, estas últimas especialmente codiciadas por la China de Xi Jinping. Además de las subastas públicas, los datos sobre la inversión extranjera en Brasil también reflejan una falta de confianza generalizada. Los extranjeros parecen haber dado marcha atrás desde 2023 y en enero retiraron casi 5.000 millones de reales (1.017 millones de dólares) de la Bolsa brasileña.

El año 2024 también promete ser caliente en términos de competitividad en el sector ganadero. Según la Policía Federal, el contrabando de ganado procedente de Argentina a través de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul va en aumento. El ganado argentino introducido de contrabando en Brasil se compra no sólo por su menor coste, sino por su mejor calidad genética. La ruta más crítica, utilizada sobre todo de noche debido a los escasos controles, es la que va de la vecina Argentina a Santo Antônio do Sudoeste, en Paraná, y a Dionísio Cerqueira, en el estado de Santa Catarina. Los ganaderos brasileños han emitido una alerta por lo que califican de verdadera emergencia que podría poner en peligro todos los rebaños de la región. Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul representan casi la totalidad de las exportaciones de carne de cerdo de Brasil: más de 1,1 millones de toneladas de un total de 1,2 millones exportadas en 2023. Los tres estados también albergan el 60% de la avicultura comercial de Brasil. Debido a la falta de controles sanitarios, “este contrabando pone en peligro la producción, la economía y el mercado, y puede costar miles de millones a la economía del país”, advirtió el presidente del Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Agricultura (Conseagri) y Secretario de Agricultura y Abastecimiento de Paraná, Norberto Ortigara.

La búsqueda de competitividad también ha fracasado con las noticias de los últimos días, a saber, las presiones de Lula a la principal empresa minera privada de Brasil, Vale, un gigante mundial, para que imponga como presidente a su ex ministro de Economía Guido Mantega. Según informa Raquel Landim en la página web de CNN Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ha dicho que “el gobierno podría estar descontento si Mantega no se sale con la suya y podría castigar a Vale cobrando más por las concesiones ferroviarias”. “Si esto ocurre de verdad, tendrá un nombre: chantaje”, comentó Landim.

Mantega, ya imputado en la operación anticorrupción Lava Jato por supuestos sobornos de 50 millones de reales, unos 10 millones de dólares, a la constructora Odebrecht, fue como ministro de Economía de Lula y Dilma Rousseff uno de los principales defensores de la Teoría Monetaria Moderna. Sus políticas contribuyeron, según los expertos, a la peor recesión del país en 2015. Por no hablar de la total falta de experiencia como CEO de una empresa de esta magnitud, un cargo para el que se espera un salario anual de alrededor de 60 millones de reales, unos 12 millones de dólares. En las redes sociales, la presidenta del PT Gleisi Hoffmann afirmó que el gobierno tiene “intereses” y “responsabilidades” en Vale, privatizada desde 1997. Del gobierno, en realidad sólo está Previ, el fondo de pensiones de los funcionarios del Banco do Brasil, que tiene una participación del 8,6% en la empresa. “Uno de los accionistas de Vale me dijo que Lula está presionando para que Mantega consiga un puesto (la presidencia de la empresa) para conseguir otro (un puesto en el consejo de administración)”, escribe Raquel Landim en la página web de CNN Brasil. Y efectivamente al final, según informa el diario O Globo, Lula desistió de colocar a Mantega en la presidencia, pero es posible que su candidato vuelva a entrar por la puerta de atrás. Mientras tanto, en los últimos diez días, el valor de mercado de la minera ha caído en 14.000 millones de reales, unos 2.850 millones de dólares. Además, el jueves Vale fue condenada junto con BHP y Samarco a pagar una multa de 47.600 millones de reales (9.683 millones de dólares) como indemnización por el daño moral colectivo causado por el derrumbe de la presa de Fundão, en Mariana, Minas Gerais, en 2015.