El papa Francisco confirmó al exiliado nicaragüense Silvio Báez como obispo auxiliar de Managua

El papa Francisco confirmó este sábado como obispo auxiliar de Managua a Silvio Báez, un crítico frontal del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que en 2019 fue enviado por la Iglesia católica a Miami (EEUU) por razones de seguridad.

“El Papa me invitó a visitarlo y me recibió hoy en el Vaticano. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como Obispo Auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua. Hemos decidido encontrarnos varias veces más durante este año”, escribió Báez en su cuenta de X.

Báez, quien denuncia a “la dictadura de Ortega”, fue recibido por el papa Francisco este sábado en audiencia, después de que el pasado domingo llegasen a Roma tras ser excarcelados los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 17 religiosos del país, como lo confirmó la agenda del pontífice pero sin más información como es habitual.

El ratificado obispo auxiliar de Managua reside en Miami y fue declarado “traidor a la patria” por el régimen de Ortega, que lo despojó de la nacionalidad nicaragüense.

Báez fue uno de los que dio la noticia de la excarcelación y llegada a Roma de los clérigos. Posteriormente, el régimen de Nicaragua informó que acordó con la Santa Sede el envío al Vaticano de los nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez, tras 500 días en prisión, e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.

Suman 35 los curas excarcelados y enviados fuera de Nicaragua en el último año, sin incluir los seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.

Las relaciones del régimen sandinista de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes. El vínculo se deterioró después de que Ortega acusara a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que considera un intento de golpe de Estado y que se saldaron, según la ONU, con más de 300 muertos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El martes pasado, el régimen sandinista canceló la personería jurídica a 16 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 10 son católicas y/o evangélicas. Según el ministerio del Interior, ilegalizaron 9 ONGs por incumplimiento a las leyes que los regulan. Con el cierre de estas 16, suman más de 3.550 los organismos no gubernamentales disueltos tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Entre las ONG ilegalizadas unilateralmente se encuentran la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, Asociación Misioneros de la Compañía de María, Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración, Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua, entre otras.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de 2018. Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

(Con información de EFE)