La CIDH envió al régimen de Miguel Díaz-Canel un estudio legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para excarcelar a los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trasladó al ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1.000 presos políticos de la isla.

El OCDH indicó, en una nota enviada a Infobae, que el documento fue remitido a La Habana como “parte del proceso de actualización de una medida cautelar en favor del preso político cubano Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en julio de 2021 en La Güinera, La Habana”.

Aguilar Rivera, quien está diagnosticado con discapacidad intelectual, se encuentra en la prisión del Combinado del Este junto a reclusos peligrosos y sin la atención médica requerida, denunció el observatorio.

Luego recordó que, en la audiencia realizada por la CIDH el 6 de noviembre pasado para actualizar la situación de varios beneficiarios de medidas cautelares, entre ellos Walnier Luis Aguilar e Ibrahim Domínguez, el director de Estrategias del OCDH, Yaxys Cires, expresó que “el Estado cubano cuenta con al menos ocho vías legales para excarcelar o liberar a los presos políticos de manera inmediata”

Y agregó: “Eso no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos pero al menos les permitiría estar junto a sus familias. (...) Lo que falta es voluntad política para actuar correctamente”.

Las vías planteadas por el Observatorio Cubano de DDHH —y compartidas por la CIDH— también fueron entregadas en el pasado a diplomáticos, embajadas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otras instituciones.

• Una Ley de Amnistía: podría ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular para excarcelar a los prisioneros por motivos políticos o de conciencia, que estén firmemente sancionados o no.
• Indultos: vía establecida en los artículos 90, inciso f) y 93 del Código Penal. Podría servir para excarcelar al 100% de los presos y condenados por motivos políticos o de conciencia. Resulta una fórmula que no exige requisitos de formas, sino de mera voluntad política. El artículo 128 de la Constitución cubana dice que “corresponde al Presidente de la República (...) conceder indultos”.
• Licencia Extrapenal: vía prevista en los artículos 31, 38, 101 y 152 de la nueva Ley de Ejecución Penal. El tribunal sancionador puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado. Así ocurrió con los condenados en la llamada “Primavera Negra”.
• Libertad condicional ordinaria o extraordinaria: conforme a lo previsto en el artículo 144 de la nueva Ley de Ejecución Penal.
• Sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas: conforme al artículo 151 de la Ley de Ejecución Penal.

En 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante organismos internacionales la grave situación de adultos mayores de entre 61 y 80 años, privados de libertad por razones políticas, que deberían ser excarcelados inmediatamente a través de cualquiera de las vías señaladas anteriormente.

Esta semana, el OCDH denunció que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres en 2023. De los datos recabados por la red de observadores en la isla, se desprende que el 45% de los actos represivos fueron contra mujeres, de modo general.

“Una proporción que crece cuando observamos algunas acciones en particular. Por ejemplo, el 67% de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres, así como el 52% de las retenciones ilegales en viviendas”, informó el OCDH, que tiene actualmente registradas 100 presas políticas en la isla.

“Llamamos a las organizaciones feministas, a gobiernos democráticos y a todas las instituciones a pedir explicaciones al gobierno de Cuba sobre la represión contra la población civil, en especial la ejercida por motivos políticos contra las mujeres”, manifestó el observatorio en una nota enviada a este medio.

El organismo documentó en 2023 al menos 3.959 acciones represivas en Cuba, de acuerdo con la más reciente actualización. Esto significa que se produjeron más de 10 actos contra los derechos humanos cada 24 horas, indicó.

Dadas las limitaciones que existen en la isla para recabar información, es presumible que la situación sea incluso peor, pero la que evidencian los datos actuales es suficientemente preocupante.

El OCDH denunció la consolidación en 2023 del patrón represivo de “vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil”, que consiste fundamentalmente en obligar a los activistas a dejar su país, so pena de entrar en prisión.

En 2023 se vieron forzadas al exilio mujeres que destacaron por su activismo social o por sus denuncias en las redes sociales, como Zuleidys Pérez, Amelia Calzadilla, Roxana García Lorenzo y Marisol Peña Cobas.

En otro orden, pero lamentablemente relacionado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció la represión religiosa en Cuba tras recoger, analizar y validar un informe de Prisoners Defenders de 2022. Ese año, la ONG y Outreach Aid to the Americas (OAA) elaboraron un escrito sobre la libertad religiosa en la isla, y su afectación por el marco legal y la nueva Constitución del país.

El estudio fue adoptado por el USCIRF, entidad bipartidista e independiente norteamericana, cuya misión es monitorear la libertad religiosa a nivel mundial. Posteriormente, su adopción y difusión conllevó una importante preocupación en el Gobierno de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa en Cuba, traduciéndose en la catalogación de la isla como “país represor de la libertad religiosa”.

El texto demostraba, tanto por el estudio jurídico como por las declaraciones de 56 líderes religiosos de cuatro de las religiones más populares en Cuba (yoruba, católica, evangélica y musulmana), que el régimen “reprime y controla de forma absolutista todas las prácticas religiosas en Cuba, creando agrupaciones ficticias en manos del Partido Comunista por medio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), que forma parte de la cúpula, o Comité Central del Partido”.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, narró los detalles de la denuncia que acaba de hacer propia la ONU. “El pueblo sale en masa al exterior para escapar de la esclavitud mental, emocional y física que supone vivir en la isla”, señaló en conversación con Infobae.

“En respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders, cinco mandatos y grupos de trabajo de las Naciones Unidas han acusado a Cuba por el patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional contra el islam y las religiones católica, protestante y yoruba, contra quienes, según la carta acusatoria, se cometen violaciones de derechos humanos múltiples ejerciendo torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tratamientos indignos e inhumanos de las personas privadas de libertad, violando la libertad y la seguridad personal y la prohibición de la detención arbitraria, el derecho a la igualdad ante los tribunales y el debido proceso, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de reunión pacífica, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la igualdad ante la ley”, indicó Larrondo.

Y siguió: “Todo un rosario de condenas, de prácticas, de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado que el gobierno de Cuba ejerce cada día contra el indefenso pueblo de Cuba, lo que está haciendo que el pueblo salga en masa al exterior para escapar de la esclavitud mental, emocional y física que supone vivir en la isla de Cuba con un régimen que ejerce el terrorismo de Estado”.

Tras un aluvión de críticas, el régimen cubano pidió 30 días para responder a las acusaciones de la ONU sobre represión religiosa.

En la misiva, indicó que “tiene el honor de referirse a la comunicación AL CUB 4/2023 del 16 de noviembre de 2023 sobre presuntos patrones de hostigamiento, detención arbitraria, acoso y malos tratos por parte de las autoridades en contra de líderes religiosos e integrantes de asociaciones y grupos religiosos, incluyendo personas pertenecientes a minorías religiosas”.

“Al respecto, atendiendo a la voluntad permanente de cooperación con los diferentes mecanismos de derechos humanos, la Misión Permanente tiene a bien solicitar a estos procedimientos especiales una prórroga de un mes para responder a dicha comunicación”, señaló.

Y concluyó: “Dicha prórroga resulta fundamental para concluir las labores de coordinación entre las diferentes instituciones nacionales que participan en la elaboración de la respuesta y garantizar que la misma cuente con todos los elementos necesarios”.