Tras un aluvión de críticas, el régimen cubano pidió 30 días para responder a las acusaciones de la ONU sobre represión religiosa

La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos internacionales en Suiza envió una carta a la ONU en la que pidió una prórroga de 30 días para responder a las acusaciones sobre represión religiosa.

“Lo hizo por el aluvión de críticas”, indicó a Infobae Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, organización que elaboró el estudio en que se basó Naciones Unidas para la acusación.

En la misiva, el régimen indicó que “tiene el honor de referirse a la comunicación AL CUB 4/2023 del 16 de noviembre de 2023 sobre presuntos patrones de hostigamiento, detención arbitraria, acoso y malos tratos por parte de las autoridades en contra de líderes religiosos e integrantes de asociaciones y grupos religiosos, incluyendo personas pertenecientes a minorías religiosas”.

“Al respecto, atendiendo a la voluntad permanente de cooperación con los diferentes mecanismos de derechos humanos, la Misión Permanente tiene a bien solicitar a estos procedimientos especiales una prórroga de un mes para responder a dicha comunicación”, señaló.

Y siguió: “Dicha prórroga resulta fundamental para concluir las labores de coordinación entre las diferentes instituciones nacionales que participan en la elaboración de la respuesta y garantizar que la misma cuente con todos los elementos necesarios”.

Al respecto, Larrondo indicó: “Hoy, 17 de enero, la ONU publica una carta fechada el 15 de enero pero entregada a la ONU ayer, día 16 de enero, un día después del límite de 60 días. Una carta de Cuba, en la que viendo el aluvión de críticas a la libertad religiosa, ahora sí, resulta que piden una prórroga de 30 días más para responder a las acusaciones”.

“Como si no hubieran sido suficientes 60 días, o como si no supiéramos bien que ellos estaban esperando que las acusaciones pasasen inadvertidas, como siempre hacen, para seguir haciendo sus barbaridades contra el pueblo de Cuba. Pues bien, esperamos la barbarie de respuesta de Cuba a las atrocidades que cometen contra la libertad religiosa, y sus derechos y libertades anexas”, señaló a este medio.

La ONU denunció la represión religiosa en la isla tras recoger, analizar y validar un informe de Prisoners Defenders de 2022. Ese año, la ONG y Outreach Aid to the Americas (OAA) elaboraron un escrito sobre la libertad religiosa en el país, y su afectación por el marco legal y la nueva Constitución.

El estudio fue adoptado por el USCIRF, entidad bipartidista e independiente norteamericana, cuya misión es monitorear la libertad religiosa a nivel mundial. Posteriormente, su adopción y difusión conllevó una importante preocupación en el Gobierno de los Estados Unidos, traduciéndose en la catalogación de la isla como “país represor de la libertad religiosa”.

El texto demostraba, tanto por el estudio jurídico como por las declaraciones de 56 líderes religiosos de cuatro de las religiones más populares en Cuba (yoruba, católica, evangélica y musulmana), que el régimen “reprime y controla de forma absolutista todas las prácticas religiosas en Cuba, creando agrupaciones ficticias en manos del Partido Comunista por medio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), que forma parte de la cúpula, o Comité Central del Partido”.

En la carta, cinco mandatos y relatores especiales de la ONU acusaron explícitamente al régimen cubano de actuar contra derechos y libertades fundamentales. A saber:

- Ejerciendo “torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”;

- Violando la “libertad y a la seguridad personales y la prohibición de la detención arbitraria”;

- Ejerciendo un “tratamiento indigno e inhumano de las personas privadas de libertad”;

- Violando el “derecho a la igualdad ante los tribunales y debido proceso”;

- Violando el “derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”;

- Violando el “derecho a la libertad de reunión pacífica”;

- Violando el “derecho a la libertad de asociación”; y

- Violando el “derecho a la igualdad ante la ley”.

Los cinco mandatos son los Mandatos de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias; del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías.

El documento, que describe una situación dantesca para el ejercicio de la libertad religiosa, analiza el procedimiento por el cual el régimen de Cuba reprime todas estas libertades en el ámbito religioso, indicando que:

- “En Cuba, no existe una regulación legal específica para las asociaciones religiosas por quedar estas excluidas de la aplicación de la Ley 54 de asociaciones del 27 de diciembre de 1985. Así, no existiría un procedimiento reglamentado y público que permita a cualquier grupo religioso registrarse legalmente como una asociación independiente”.

“Todas las organizaciones religiosas estarían obligadas a registrarse ante la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), una autoridad vinculada de forma directa con el Partido Comunista de Cuba, que controlaría qué organizaciones religiosas pueden o no existir a efectos legales. No existiría una normativa específica que regule las funciones de esta Oficina ni los parámetros a los que ha de someterse el ejercicio de estas funciones. Así, según la información recibida, la OAAR actuaría de manera subjetiva y arbitraria, lo cual resulta preocupante”.

“El artículo 8 de la Ley 54 establece las causas por las que el Ministerio de Justicia puede denegar la constitución y registro de una asociación, previendo en su letra ‘d’ que una de estas causas de denegación sea la existencia de una asociación ‘con idénticos o similares objetivos o denominación a la que se pretende constituir’ (...). Existirían en Cuba una serie de asociaciones religiosas que fueron reconocidas por el Estado cubano y fueron creadas con la finalidad de aglutinar en ellas las diferentes confesiones religiosas. No obstante, desde algunos grupos religiosos, estas asociaciones serían percibidas como controladas por el Partido Comunista [La Liga Islámica de Cuba, la Asociación Cultural Yoruba, el Consejo de Iglesias y Pastores por la Paz]. La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos estaría denegando la inscripción de cualquier organización religiosa con (...) objetivos similares a las oficiales ya registradas. Estas organizaciones no registradas se verían abocadas o bien a integrarse en asociaciones registradas que consideran carentes de independencia o bien a actuar fuera del marco jurídico establecido (...) miembros y líderes de las organizaciones religiosas independientes no reconocidas por el Estado estarían siendo objeto de actos de hostigamiento, detenciones ilegales, amenazas de sanciones judiciales y otras medidas por parte de las autoridades, precisamente por el rechazo a integrarse en las asociaciones religiosas oficiales”.