Después de horas de tensión, Arévalo juró como presidente de Guatemala pese a la arremetida judicial

Bernardo Arévalo se juramentó este lunes, pasada la media noche, después de horas de instensas negociaciones tras la arremetida judicial en contra de los diputados del partido Semilla.

El Congreso de Guatemala celebró este domingo la sesión convocada para la investidura presidencial del socialdemócrata Bernardo Arévalo tras un retraso de varias horas por discusiones en el proceso de acreditación de los diputados de la nueva legislatura.

El Congreso de Guatemala, de mayoría conservadora, declaró a los diputados de Arévalo como independientes, sin partido político, restándoles poder de maniobra antes de que el socialdemócrata sea investido presidente del país.

Según la ley orgánica del Congreso guatemalteco, los diputados declarados “independientes” no pueden integrar la junta directiva del parlamento unicameral ni comisiones de trabajo para apoyar eventuales iniciativas de ley que pueda proponer el futuro presidente.

Horas más tarde se confirmó que, después de intensas negociaciones se logró restituir a los diputados a la bancada parlamentaria del movimiento Semilla y se le adjudicó la presidencia del Parlamento.

La sesión finalmente se reanudó con el informe de una comisión que calificó las credenciales de los diputados que deben jurar, según la sesión transmitida por la televisión oficial. Tras este proceso, debe asumir la nueva legislatura que juramentará a Arévalo.

“Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando”, denunció Arévalo ante la inexplicable demora.

La incertidumbre se fue adueñando de la situación en el Parlamento, mientras cientos de adherentes a Arévalo se concentraron en los alrededores del Congreso para protestar por estas maniobras dilatorias.

Al evento están invitados nueve jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro, y Panamá, Laurentino Cortizo, entre otros, además del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Todas ellos, exigieron al Parlamento que le entregue el poder a Arévalo.

El presidente electo debe ser investido este domingo por un período de cuatro años en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

“Aquí lo que están haciendo es dilatando la instalación del Congreso en su décima legislatura porque no quieren darle posesión a Arévalo”, denunció a los periodistas Castillo, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la ex primera dama Sandra Torres, derrotada por Arévalo de León en los comicios de 2023. “Se está fraguando el golpe de Estado”, añadió el legislador.

El caos en el Parlamento se profundizó por un falló de Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, que este domingo dictaminó que el partido Movimiento Semilla, del presidente electo está suspendido.

La decisión deja sin posibilidad al Movimiento Semilla de formar parte de la junta directiva del Congreso para el periodo 2024-2025.

De igual forma, el dictamen establece que los 23 diputados de la agrupación política de Arévalo de León deben ser independientes para el periodo 2024-2028, sin partido político, pese a que en 2023, la misma corte ya había ordenado que todos los funcionarios electos en los comicios del año anterior tomaran posesión como fueron electos.

La suspensión nace de una orden penal del pasado 12 de julio, dictada por parte del juez Fredy Orellana, acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de socavar la justicia y de corrupción. El caso penal a cargo de Orellana obedece a un supuesto caso de firmas falsas en la fundación del Movimiento Semilla en 2018.

Desde que Arévalo de León obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de junio de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala empezó una persecución judicial para evitar que el académico, de 64 años, tome posesión, al igual que los diputados del Movimiento Semilla.

El pasado 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez penal Orellana de intentar un “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero. Las acciones judiciales de Porras han provocado multitudinarias protestas y bloqueos de carreteras por parte de la población para exigir su renuncia desde octubre a la fecha y Arévalo de León ha advertido que a partir de mañana le pedirá su dimisión.

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