Los 5 grupos narcos que borraron las fronteras, controlan el crimen organizado en América Latina y ponen en riesgo a toda la región

Sangrientos motines, cuerpos desmembrados, migrantes secuestrados y toma de rehenes en vivo durante la emisión de un noticiero de TV… El crimen organizado y el narcotráfico son las principales amenazas que enfrenta América Latina este 2024 y prueba de ello es la crisis de violencia extrema sin precedentes que atraviesa Ecuador. En la actualidad, de hecho, la violencia de los narcos es responsable de la mitad de los homicidios en Latinoamérica.

En los últimos días, Ecuador se transformó en un triste ejemplo de cómo un país se deteriora aceleradamente: en 2018, tenía seis homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2023 la cifra llegó a 46 homicidios, lo que implica un aumento de casi el 800 por ciento.

En un análisis profundo del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, el think tank InSight Crime ha aplicado su método de evaluación a cinco grupos que han marcado pauta en las dinámicas delictivas de la región. Las organizaciones evaluadas incluyen a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS13), las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, el grupo carcelario venezolana Tren de Aragua, el imponente Cártel de Sinaloa en México y la guerrilla colombiana ELN.

El estudio tiene en cuenta variables como el dominio territorial, economías criminales, penetración del Estado, capacidad militar, estructura organizacional, jerarquía y alianzas criminales.

Una por una, las bandas criminales que dominan América Latina:

En Ecuador, la violencia se ha agudizado dramáticamente con el surgimiento de Los Choneros y Los Lobos, dos grupos enfrascados en una violenta disputa por el control de rutas de narcotráfico. Estas bandas reflejan una acelerada evolución criminal que se correlaciona con el incremento en la tasa de homicidios: de seis por 100.000 habitantes en 2016 a 46 por 100.000 en 2023, según las estadísticas proporcionadas.

Los Choneros se convirtieron en una de las bandas carcelarias más violentas del país tras su detección a finales de los 90.

Según autoridades ecuatorianas, la estrategia de distribuir a los líderes y miembros violentos en todo el sistema penitenciario con el objetivo de desarticular estructuras de liderazgo jerárquicas en las penitenciarías, aunque inicialmente exitosa, derivó en la generación de subgrupos que ahora desafían la autoridad central de la banda. “La violencia en las cárceles se ha desatado a niveles sin precedentes, mostrando el conflicto continuo entre grupos rivales,” señalaron fuentes gubernamentales.

Desde su auge en la provincia de Manabí y la ciudad costera de Manta, Los Choneros pasaron de controlar rutas de tráfico de drogas para carteles colombianos a ejercer actividades ilícitas como el microtráfico, sicariato y extorsión en las calles ecuatorianas. Sin embargo, el asesinato de sus líderes y fundadores como Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, y Junior Roldán, alias “JR”, ha dejado un vacío de poder que ha provocado luchas internas por el control de la organización.

El traslado en agosto de 2023 de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil buscaba minimizar su influencia dentro de la organización. No obstante, su fuga el fin de semana pasado y la toma de un canal de televisión durante la emisión de un noticiero en vivo, desató el caos en el país.

Actualmente, se reconoce una presencia de Los Choneros y sus subgrupos en seis provincias: Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas.

Las autoridades han relacionado a Los Choneros con el transporte de cargamentos de cocaína desde la frontera de Colombia al puerto de Guayaquil en apenas seis horas, destacando su valor para organizaciones como el Cártel de Sinaloa de México. La configuración cambiante de las alianzas entre pandillas ha llevado a la creación de estructuras como Nueva Generación, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

Los Lobos han fortalecido su presencia en el crimen organizado de Ecuador, diversificando sus operaciones más allá del narcotráfico. El grupo criminal ha ampliado su rango de actividades ilícitas para incluir la minería ilegal, la comercialización de vacunas falsificadas y la trata de personas.

El grupo domina áreas clave de la cadena delictiva, manipulando puntos estratégicos dentro del territorio ecuatoriano para facilitar sus actividades criminales.

La plataforma ciudadana SOS Cárceles ha indicado que los atentados registrados en varios lugares del país en 2023 se debieron al traslado del cabecilla de Los Lobos, alias Gordo Lucho, quien fue reubicado desde la Cárcel de Latacunga hacia la prisión de máxima seguridad La Roca.

El Tren de Aragua de Venezuela emerge como un símbolo de terror en Sudamérica . Aun cuando perdió su base de operaciones en el penal de Tocorón en Venezuela, este grupo ha extendido su influencia más allá de las fronteras venezolanas, explotando a migrantes y afianzándose en al menos 12 economías ilícitas en cinco países diferentes.

El líder del grupo, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, logró escapar de la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, su bastión histórico, tras ser advertido antes de la incursión. Esto marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Venezuela y sus países vecinos, puesto que la presencia del Tren de Aragua se ha cimentado en el contexto del masivo éxodo venezolano, utilizando flujos migratorios para expandir su presencia en la región.

El grupo criminal surge inicialmente como una pandilla en la cárcel de Tocorón y se expande a un vasto portafolio criminal que incluye extorsión, secuestro, trata de personas, minería ilegal y tráfico de drogas a menor escala. Sus orígenes se atribuyen a un proyecto inconcluso de ferrocarril, pero “Niño Guerrero” lo transforma en una amenaza de características transnacionales.

El crecimiento del Tren de Aragua fue, en parte, fomentado por la política de ceder control de prisiones a líderes criminales, conocidos como pranes. Esta maniobra ha contribuido a periodos de impunidad bajo el régimen de Nicolás Maduro. La influencia dentro de Tocorón permitió a la organización establecer infraestructuras inusuales en una prisión, como un zoológico y club nocturno.

Desde 2018, el grupo extendió su operativa a otros países, enfrentándose a organizaciones locales y regionales por el control de rutas de tráfico y rentas criminales. Utilizó la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos para extorsionar, traficar y consolidar su presencia, llegando a amenazar la seguridad regional con una estructura jerárquica bien establecida.

Las operaciones transnacionales del Tren de Aragua han sido objeto de acciones de seguridad en Chile, Perú y Colombia desde 2022, con la detención de más de un centenar de presuntos miembros, mermando la presencia de la banda fuera de prisión. La captura de altos rangos, sin embargo, aún no se ha concretado, y se especula sobre la posible reubicación del “Niño guerrero” y sus lugartenientes.

La banda conserva influencia en al menos cinco estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico y Lara, y sus células siguen operativas fuera de Venezuela, aún cuando disminuyen los ingresos del tráfico de migrantes hacia Sudamérica debido a la nueva tendencia migratoria venezolana que busca rutas hacia Estados Unidos.

Este cambio en la dinámica migratoria lleva a los analistas a cuestionar si el Tren de Aragua podrá mantener su red en la región o si comenzará a declinar. Con el debilitamiento de su infraestructura y las crecientes operaciones de seguridad, muchos se preguntan si veremos un retorno a sus orígenes carcelarios o si, por el contrario, buscarán adaptarse y seguir influyendo en la criminalidad del continente suramericano.

La Mara Salvatrucha (MS13) se ha convertido en un símbolo de la violencia y el crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental, emanando desde las barriadas de Los Ángeles en la década de 1980 hasta extender su presencia al Triángulo Norte de Centroamérica y más allá, alcanzando incluso a Europa. El crecimiento de esta pandilla, cuyas operaciones se basan principalmente en la extorsión y otras actividades delictivas, ha sido impulsado por fuertes lazos sociales y actos de violencia que refuerzan su resiliencia y solidaridad interna.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificó a la MS13 como una “organización criminal trasnacional” en octubre de 2012, siendo la primera vez que una pandilla estadounidense recibía tal designación. Esta acción subraya la seriedad con la que se aborda su amenaza, más si cabe cuando a fines de 2020, autoridades estadounidenses acusaron de terrorismo a una docena de sus líderes en El Salvador, en un esfuerzo sin precedentes por combatir la influencia internacional de estas agrupaciones delictivas.

La pandilla se originó entre refugiados de guerra que, al llegar a Los Ángeles, hallaron en la unión la manera de enfrentar a las pandillas locales, eventualmente formando la MSS, que luego se conocería como MS13 tras su vinculación con la Mafia Mexicana. El flujo de deportaciones desde EEUU, hacia inicios del siglo XXI, contribuyó a la expansión de la pandilla en Centroamérica, región que no estaba preparada para integrar a estos criminales de vuelta en sociedad, llevándolos con frecuencia de nuevo a las filas del crimen organizado.

La MS13 está lejos de ser una organización homogénea; su estructura fragmentada se compone de “clicas” que operan en territorios específicos bajo el mando de “corredores” y “palabreros”. Estas células tienen jefaturas estrictas, pero en un conjunto desorganizado a nivel internacional, resistente a los intentos gubernamentales de desmantelamiento. Cuando un líder cae, su sucesor asume el mando rápidamente, perpetuando el ciclo de actividad criminal en regiones que incluyen a México y los EEUU, donde la influencia de la pandilla se ha diluido estratégicamente en la venta de narcóticos y extorsión a pequeños negocios.

Condicionados por la violencia en las calles y el reclutamiento violento, muchos jóvenes se ven atraídos por las pandillas como única salida, una decisión que a menudo es irrevocable, dada la amenaza de muerte que implica la deserción. Con ello, sistemas de castigos internos funestos y una marcación física a través de tatuajes, abandonar la pandilla resulta una sentencia a la marginación, o peor, al asesinato.

En la actualidad, la MS13 ha sufrido un considerable debilitamiento en El Salvador, lo que ha reducido su capacidad de control territorial y de cometer crímenes recurrentes. “Solo el 33% de sus integrantes están en libertad”, indica un informe de la Policía Nacional Civil de El Salvador, mostrando la efectividad de la polémica estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele.

En México, el Cártel de Sinaloa sigue siendo un protagonista clave en el tráfico de fentanilo, pese a divisiones internas y a la prohibición de producción y tráfico de esta sustancia en ciertas zonas. Este cartel, junto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es considerado uno de los actores más importantes del narcotráfico en la región, ligado al aumento de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Con más de 26 mil integrantes el Cártel de Sinaloa ha logrado expandir sus operaciones a más de 100 países y 17 estados de México, según un informe de la DEA.

Tras la captura y condena en Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, asumen actualmente el control de la agrupación que, según expertos, opera más como una federación de grupos autónomos que como una estructura jerárquica unificada.

Originado en el estado mexicano de Sinaloa, este cártel ha logrado establecer una influencia significativa tanto en las esferas de poder político como en las fuerzas de seguridad, favoreciendo el soborno sobre el uso de la violencia y apostando por alianzas estratégicas con otros grupos. La expansión de su modelo de negocios ha permitido que trascienda las fronteras mexicanas y estableciendo rutas de tráfico a través de Centroamérica hasta llegar a su principal mercado, los Estados Unidos.

Históricamente, la agrupación se forjó a partir de familias campesinas en el estado de Sinaloa, que evolucionaron de actividades de contrabando a la producción y comercio de marihuana y amapola en las décadas de 1960 y 1970. Eventualmente, comenzaron a transportar cocaína para cooperativas de traficantes colombianos y centroamericanos, lo que sentó precedente para los actuales patrones de tráfico de drogas.

En la década de los setenta, figuras como Pedro Avilés y luego Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) empezaron a ganar prominencia en el negocio. Con la caída del Cártel de Guadalajara, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, y la eventual detención y fuga de “El Chapo” Guzmán, el cártel consolidó su poder y reconfiguró sus operaciones. En 2008, tras una escisión interna originada por la separación del grupo conocido como la Organización Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa renovó alianzas y enemistades, incluyendo un presunto pacto con el Cártel de Tijuana.

La estructura horizontal del cártel ha permitido la autonomía de figuras como “El Mayo” Zambada y “El Azul” Esparragoza Moreno, además de permitir que las operaciones en el extranjero y dentro de México, a menudo, se deleguen a socios locales.

La rivalidad con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un desprendimiento del Cártel de Sinaloa ocurrido en 2010, ha marcado la última década. La lucha por el dominio territorial ha engendrado enfrentamientos que resaltan las fluctuantes dinámicas del crimen organizado en México.

El éxito del Cártel de Sinaloa a lo largo de los años ha sido parcialmente atribuido a sus conexiones con el Partido Acción Nacional (PAN) y a las capturas de líderes de carteles rivales durante los mandatos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Estos nexos han sido desmentidos oficialmente, pero continúan conformando el debate público y las especulaciones.

Finalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia se ha fortalecido, manteniéndose como el grupo guerrillero preeminente en medio de turbias negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La última insurgencia verdadera de Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas en América Latina, ha incrementado su influencia en Venezuela, fortaleciendo su posición como guerrilla binacional.

Según investigaciones de campo, el ELN, originalmente un movimiento nacionalista influenciado por la revolución cubana, ha pasado de centrarse en secuestros, extorsión y ataques a infraestructuras petroleras a involucrarse profundamente en el comercio internacional de drogas.

Conformado por más de 5.000 miembros, incluyendo redes de militantes dentro de la población civil, el ELN distribuye su fuerza entre Colombia y Venezuela, pero con objetivos diferenciados: en Colombia pretende una revolución armada contra el estado, mientras que en Venezuela actúa como una fuerza paramilitar apoyando al régimen Nicolás Maduro.

El movimiento guerrillero del ELN comenzó en los años 60, durante la recuperación de Colombia del período conocido como ‘La Violencia’, y coincidiendo con movimientos sociales e intelectuales influenciados por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. La organización anunció oficialmente su creación en enero de 1965 tras tomar el municipio de Simacota, en el departamento de Santander.

Después de la dura operación militar conocida como “Operación Anorí” en 1973, que casi aniquila al ELN, el grupo se retiró hacia la frontera con Venezuela para rearmarse. Con el tiempo, el ELN se expandió y se recuperó financieramente a través de secuestros para extorsión, constituyendo su principal fuente de ingresos.

A lo largo de las décadas, la organización ha utilizado a Venezuela como refugio y ha llevado a cabo operaciones importantes en Colombia, incluido el secuestro de 190 personas en una iglesia en Cali en 1999. Muchas de sus tropas han tenido que retirarse de Colombia, pero el Frente de Guerra Oriental en el departamento de Arauca ha resistido diversos ataques militares.

Tras la desmovilización de las FARC a principios de 2017, el ELN ha ampliado su participación en economías criminales tanto en Colombia como en Venezuela. Con la llegada al poder de Maduro en 2013, la presencia del ELN se intensificó en Venezuela, donde controla pasos fronterizos claves y supervisa el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías. Las investigaciones revelan que el ELN regula y supervisa las actividades mineras en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, con la aprobación de sectores militares y políticos leales a Maduro.