La historia del ex jefe policial de Honduras que se asoció a Juan Orlando Hernández en el narcotráfico y mató a bazucazos a un competidor

La primera versión oficial fue que a Franklin Arita, un traficante local, lo habían matado Los Zetas, el letal cartel mexicano. Que lo habían matado de un bazucazo en Santa Rita, Copán, en el occidente del país. Un asesinato grandilocuente, incluso para la Honduras que en aquel año 2011 estaba embarcada en una de las narco-guerras más sangrientas del continente. Todo, en esa versión, terminó siendo cierto. Todo menos los autores de la ejecución.

La versión que implicaba a Los Zetas la dio a periodistas hondureños Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, entonces jefe de la Policía Nacional de Honduras en la región occidental del país, formada por los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, por donde pasa el corredor de la cocaína que conecta con Guatemala y, desde ahí, hacia México. El Tigre era, en aquellos días, el mandamás de la policía en la zona, dueño de una reputación de hombre duro, sin escrúpulos.

A Franklin Arita lo mataron, en efecto, de un bazucazo en Santa Rita, un pequeño pueblo ubicado cerca de la frontera guatemalteca y una de las tantas encrucijadas de la cocaína en estas montañas hondureñas por su cercanía con la zona limítrofe internacional, con una pista aérea y con un río. Arita no era un gran capo, pero controlaba el paso por Santa Rita, por el que debían de transitar los grandes señores locales de la coca, como el clan de Los Valle Valle y Alexander Ardón, alcalde de la vecina El Paraíso.

Lo que nunca supo Arita, cuando lo mataron, es que fueron Ardón y uno de sus socios quienes lo mandaron a matar. Y tampoco supo que quien recibió el encargo de asesinarlo no fue otro que el Tigre Bonilla, el jefe policial que ya entonces trabajaba para los narcos, según investigaciones posteriores de agencias policiales estadounidenses.

Desde que mató a Arita, en 2011, la influencia del Tigre no paró de crecer. En 2012, el presidente Porfirio Lobo lo nombró director de la Policía Nacional. Desde ahí, con Ardón como padrino, Bonilla se puso al servicio de un patrón más poderoso: Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional y el favorito para convertirse en presidente de Honduras en las elecciones de 2013.

Ambos, Bonilla y Hernández, están presos en Nueva York, a la espera de un juicio por delitos de narcotráfico y trasiego de armas cuyo inicio está previsto para el próximo 5 de febrero. A Hernández la justicia hondureña lo extraditó a Estados Unidos en abril de 2022, apenas tres meses después de que dejó la presidencia de su país en manos de Xiomara Castro, la actual mandataria. A Bonilla lo extraditaron un mes después, en mayo de 2022.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y otras agencias como el FBI habían seguido la pista a Hernández y a Bonilla por varios años. La investigación tomó más forma después de la captura de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano de Juan Orlando, en 2019 por sospechas de narcotráfico. Con testimonios de los narcotraficantes más poderosos de Honduras, los que dominaron los mapas del bajo mundo desde finales del siglo pasado, las autoridades estadounidenses dibujaron mapas de organizaciones criminales que compartían intereses e influencias. A la cabeza empezó a aparecer el nombre de Juan Orlando Hernández, su hermano, y hombres como Ardón y el Tigre Bonilla.

Fueron esas investigaciones las que permitieron a los estadounidenses hacerse una idea de lo que había pasado con Franklin Arita en 2011. Damian Williams, jefe de fiscales en el Distrito Sur de Nueva York, donde serán juzgados el expresidente y el exdirector policial, y sus agentes cuentan así el asesinato en el documento en que resumen sus acusaciones: “Amparado en su posición en la fuerza pública, Bonilla ejecutó el asesinato (de Arita, a quien en el documento judicial solo se identifica como Víctima 1) por orden de Alex Ardón y Tony Hernández”.

En 2011, Ardón y Hernández trabajaban juntos en el transporte de cocaína desde las pistas aéreas del noreste de Honduras, donde aterrizaban las narcoavionetas cargadas con droga, hasta la frontera con Guatemala, pasando por Copán. Aquel año, alegan los fiscales, Arita intentó evitar el paso de la droga de Ardón y Hernández. Un oficial hondureño de inteligencia que investigó el trasiego de cocaína por Copán en aquellos años confirmó a Infobae el relato de los estadounidenses. Lo explicó así: “Había varios territorios, que controlaban diferentes jefes, pero casi siempre se llevaban en paz; el error de Arita fue pensar que los podía enfrentar”.

Alex Ardón fue el que pidió a Tony Hernández una solución. El hermano de Juan Orlando no dudó: había que matarlo. Según el testimonio que el exalcalde de El Paraíso ha dado a los fiscales neoyorquinos, el cual han introducido como prueba en el juicio, Tony le dijo que encargaría el asesinato a Bonilla. Tres días después de aquello, Tony Hernández informó a su socio que el Tigre tenía vigilada a la víctima. Al poco tiempo el bazucazo en Santa Rita acabó con la vida de Franklin Arita.

El juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, falló en septiembre del año pasado que el juicio a Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda, un tercer implicado en la conspiración para introducir toneladas de cocaína en los Estados Unidos, se realizaría el 5 de febrero de 2024. Ya el juicio había sido aplazado varias veces por petición de los defensores.

Después de que Castel había fijado la fecha en febrero, la defensa de Juan Orlando Hernández alegó que la fiscalía no había puesto a su disposición todos los medios de prueba que pensaba utilizar. El 11 de enero pasado, a poco más de dos semanas de inicio del juicio y a siete días de una audiencia preliminar para resolver temas procesales, los abogados del expresidente volvieron a pedir aplazar el proceso, esta vez por siete semanas. Castel no había dado respuesta al cierre de esta nota.

En Washington, un agente estadounidense que conoce de cerca procesos como este, especuló que el juez puede sentirse tentado a conceder una nueva prórroga para evitar cualquier señalamiento de que intenta favorecer a la fiscalía. Esta fuente anotó, sin embargo, que ya los atrasos han sido bastantes y que el argumento de los defensores para pedir una nueva extensión ha perdido fuerza.

Como sea, la fiscalía ya ha establecido su narrativa, sobre todo a través de llamado documento “in limine”, donde ofrece un resumen de sus argumentos, sus testigos y sus pruebas; en esencia, de su relato judicial. En ese relato, en el que Juan Orlando Hernández es el protagonista, Juan Carlos Bonilla es uno de los secundarios más importantes.

Los fiscales lo cuentan así: “Ambos, Juan Orlando y Bonilla, tenían una influencia increíble, y se asociaron a algunos de los narcotraficantes más notorios de en Honduras, y les permitieron florecer bajo su control”. Los narcos, dicen los fiscales, trabajaban juntos a menudo para transportar la cocaína y para “neutralizar” a quienes amenazaran sus intereses, como Franklin Arita, el que mataron de un bazucazo.

Para mover la coca, matar rivales y evitar la persecución penal, los narcos asociados a Hernández y al Tigre “pagaban sobornos y proveían otros apoyos a oficiales de alto rango en el gobierno”. La relación, a la que los agentes estadounidenses, califican de “simbiótica”, y el “círculo de corrupción y el dinero de la droga que lo alimentaba” era lo que estaba al centro de la empresa criminal del expresidente.

De acuerdo con los fiscales, Bonilla también protegió las actividades de Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, otro narco. El Rojo, Tony Hernández y otro narco llamado Mario José Cálix Hernández produjeron y distribuyeron unas 140 toneladas de cocaína entre 2004 y 2016. Bonilla los protegía, según el mismo Tony Hernández confió a sus socios. El jefe policial, dijo el hermano del presidente, era un hombre de “alta confianza”.

El Rojo ha contado a los estadounidenses que entre 2014 y 2015 él coordinó el transporte de varias cargas de cocaína por las rutas del norte y el occidente hondureños. Los cargamentos eran protegidos por vehículos blindados y hombres armados con rifles M-16. Entre los protectores de la cocaína había dos hombres, gemelos, que son sobrinos del Tigre Bonilla. A través de ellos, el jefe policial enviaba a los narcos información sensible sobre puestos de vigilancia apostados en las carreteras del país.

Así como la fiscalía ha adelantado su narrativa, la defensa también lo ha hecho. En el caso de Juan Orlando Hernández ha sido su esposa, Ana García de Hernández, la que en sus redes social ha publicado su relato. El expresidente, dice su cónyuge, es víctima de una conspiración urdida por los narcos a los que el persiguió cuando estuvo en el gobierno. Además, dice esta versión, Hernández siempre trabajó con las agencias estadounidenses en Honduras, con la DEA, con el FBI, con la CIA. Los fiscales dicen que todo fue una charada, que el expresidente persiguió a otros narcos para que no le estorbasen en su empresa criminal.

Los testimonios de El Rojo, de Ardón y de otros narcos de renombre en Honduras han sido ofrecidos como prueba en el juicio programado para el 5 de febrero. Uno de los más importantes será el de Devis Leonel Rivera, uno de los líderes de la banda Los Cachiros, quizá la más sofisticada de todas, la que logró, además de protección para sus cargamentos, lavar dinero a través de empresas fachada a las que el gobierno contrataba. Rivera se entregó a los estadounidenses en 2014 y desde entonces se convirtió en colaborador de la DEA; su testimonio fue clave en la condena a Tony Hernández en 2021.

Aún no es claro si Juan Orlando Hernández logrará retrasar su juicio una vez más. Si eso ocurre, no parece probable que el asunto se prolongue más allá de marzo.