Los últimos días de Alejandro Giammattei, el presidente más impopular del siglo en Guatemala

Llegó a la presidencia del país por una carambola política. Lo había intentado ya tres veces sin éxito. Finalmente lo logró en 2019 gracias a una combinación de suerte y cálculos que le permitieron estar en el momento correcto para hacerse con la banda presidencial. Alejandro Giammattei dejará el despacho este domingo cuando su sucesor, Bernardo Arévalo, jure como el nuevo presidente de Guatemala. Tras de sí, Giammattei deja un país convulso, una democracia lastimada y, frente a él, este médico que ya había estado preso en 2010 acusado de participar en escuadrones de limpieza social, encontrará, de nuevo, la amenaza de procesos penales, esta vez por crímenes de corrupción.

Giammattei estuvo al frente del Ejecutivo de su país durante la pandemia de Covid-19 y fue protagonista en una oleada de persecución política que dejó en la cárcel o en el exilio a fiscales que lo investigaron, a jueces y a periodistas. Sale del puesto con uno de los índices de popularidad más bajos del continente: solo dos de cada 10 guatemaltecos aprobaban la gestión del mandatario en el último cuarto de 2023 según la casa encuestadora CID Gallup; solo Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y Guillermo Lasso, el malogrado presidente de Ecuador, tuvieron peores números. Una encuesta publicada por el periódico local Prensa Libre el año pasado ubica a Giammattei como el mandatario guatemalteco peor evaluado del siglo XXI.

Pero no es necesariamente por su pobre popularidad que Guatemala recordará a Giammattei; será más bien, de acuerdo con analistas que charlaron con Infobae, por su papel en la regresión democrática del país y por la defensa de actores públicos y privados, incluidos él mismo y su entorno, a quienes la comunidad internacional identificó como corruptos y antidemocráticos.

Bajo la presidencia Giammattei, el aparato represor del Estado, sus órganos contralores y su sistema judicial, dicen los analistas, se convirtieron en herramientas de persecución política.

“Órganos encargados de impartir justicia y de la persecución pública penal, como las cortes y el Ministerio Público, fueron utilizados para criminalizar a quienes eran críticos del gobierno… Ningún gobierno en la nueva era democrática de Guatemala había traspasado tales niveles de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Creo que eso es lo que recordará la ciudadanía guatemalteca de este gobierno”, dice en charla con Infobae Adriana Beltrán, directora ejecutiva de la Seattle International Foundation (SIF).

No es esa, claro, la percepción del presidente y su equipo. El pasado 9 de enero, los comunicadores de la presidencia publicaron en sus redes sociales una serie de mensajes de despedida. “Mi gobierno deja una Guatemala mejor que le que encontramos”, dice uno de Giammattei. No muchos están de acuerdo.

“Guatemala no está mejor ahora que en 2020. Aumentó drásticamente la pobreza, la migración forzada, la desnutrición infantil, la deserción y repitencia escolar, el deterioro del sistema de salud y de la infraestructura vial, entre un sinfín de factores. Y paralelo a esta agudización de problemas, se registraron niveles de corrupción, de debilitamiento institucional y de socavamiento de la democracia, lo que no es solo alarmante, sino sin precedentes”, dice Beltrán.

Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), coincide. “No deja una mejor Guatemala. Al contrario, le dio continuidad a lo que gobiernos anteriores, especialmente el de Jimmy Morales (su antecesor), iniciaron con este deterioro democrático”, dice Méndez, quien es guatemalteca y trabajó con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía supranacional apoyada por Naciones Unidas que ayudó a fiscales locales a investigar y perseguir crímenes de cuello blanco y a grandes redes de corrupción y crimen organizado.

La segunda semana de enero de 2024, a días de dejar su puesto, Giammattei viajó a Washington, DC en un aparente intento postrero por mejorar su imagen, que nunca fue la mejor en la capital estadounidense. Consiguió palabras amistosas de congresistas republicanos conservadores, un grupo en el que siempre fue bien recibido, sobre todo gracias a sus posiciones en temas como la prohibición del aborto. Cinco representantes de la Cámara Baja y cuatro senadores, encabezados por el tejano Ted Cruz y cercanos todos al expresidente Donald Trump, recibieron al guatemalteco.

Ante los legisladores republicanos, Giammattei se quejó por lo que calificó de injerencia extranjera de la administración demócrata de Joe Biden, que a través del Departamento de Estado y voceros de la Casa Blanca no han parado de reclamar al gobierno del guatemalteco y a sus aliados por el acoso a exfiscales y periodistas y, desde agosto de la año pasado, por los intentos de la fiscal general del país, su aliada política, de impedir la ascensión de Bernardo Arévalo, el candidato progresista que ganó las elecciones presidenciales.

Durante su último viaje a Washington como presidente, también fue Giammattei a la Organización de Estados Americanos (OEA), una de las instituciones más críticas con la gestión del guatemalteco. Frente a Luis Almagro, el secretario general, defendió que su gobierno ha acompañado una transición ordenada y se abstuvo de enviar a la policía a desalojar de las calles a decenas de miles de ciudadanos que pedían la renuncia de la fiscal general. Giammattei hizo su defensa el 10 de enero pasado en la sede de la OEA en Washington. Al día siguiente, en Guatemala, su policía capturó a David Napoleón Barrientos, el exministro de Gobernación que había renunciado en octubre pasado por, precisamente, negarse a reprimir a quienes protestaban en las calles.

Fue el Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras el que emitió la orden de captura contra el exministro Barrientos. El mismo MP que pidió abrir las urnas de las pasadas presidenciales y ha intentado sin descanso evitar la transición de poder en el Ejecutivo.

De acuerdo con Ana María Méndez, la directora centroamericana de WOLA, la gestión de Porras en los últimos años es una herencia directa de Giammattei. “Él tiene una responsabilidad ética y política al haberla reelecto pese a todos los señalamientos y evidencia de la falta de independencia e idoneidad, inclusive de estar señalada por Estados Unidos como una actora antidemocrática y corrupta”, dice. A Porras y a casi media docena de sus más cercanos colaboradores Washington también los sancionó al incluirlos en listas de funcionarios antidemocráticos y corruptos

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no sancionaron a Giammattei ni lo mencionaron directamente en sus referencias a los exabruptos políticos ocurridos en Guatemala, pero sí le enviaron mensajes bastante claros: a quien sí sancionaron los estadounidenses fue a Miguel Martínez, un joven funcionario que estuvo a cargo del Centro de Gobierno, una entidad que funcionó como un superministerio con poder sobre otras secretarías de Estado y quien fue siempre uno de los colaboradores más íntimos del presidente.

A principios de diciembre pasado, el Departamento del Tesoro aplicó la Ley Magnitsky a Martínez por supuestos actos de corrupción. En junio, el periódico The New York Times publicó un reportaje según el cual Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Electoral (TSE), denunció ante la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala que Martínez intentó sobornar a los jueces electorales para garantizar resultados favorables en las presidenciales. Las sanciones estadounidenses incluyeron retirar el visado de entrada a Martínez.

Cuando llevaba poco más de un año como presidente, tras ganar en segunda vuelta las elecciones generales de 2019, le reventaron a Giammattei los primeros escándalos de corrupción. Primero fue una investigación del Ministerio Público (MP) por un supuesto soborno internacional. Un guardia de seguridad que acompañó a una delegación de empresarios mineros procedentes de Rusia, Argentina y Kazajstán dijo a dos agentes de la fiscalía que él había visto como un grupo de los extranjeros llevó a la casa del presidente millones de dólares envueltos en una alfombra. Esto ocurrió en mayo de 2021.

Giammattei supo de esa investigación, abierta por un MP que él no controlaba aún por completo, y maniobró para detenerla, según revelan documentos en poder de Infobae. Lo que los fiscales investigaban era sí la coima entregada en la alfombra estaba relacionada con una operación de minería que los extranjeros tenían en un pueblo llamado El Estor, en la orilla norte del Lago de Izabal, cerca de la costa Caribe.

Entre abril y mayo de 2021 la delegación de eslavos estuvo en varios lugares de Guatemala. En la capital, según el testigo, entregaron el dinero al presidente. Viajaron también a la Antigua Guatemala, ciudad colonial, donde se hospedaron en un hotel boutique, y al Petén, la provincia selvática en el norte del país, donde pagaron estancia y alimentación a un ministro de Giammattei. Lo que los rusos querían era ampliar su operación de extracción de níquel en El Estor y conseguir más permisos de explotación. Después de la supuesta entrega del dinero, en mayo, una empresa de los rusos, Mayaníquel, recibió dos permisos nuevos.

La declaración del testigo que vio la alfombra con dinero sirvió a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que entonces la fiscal Porras no controlaba del todo, para iniciar una investigación sobre la posible implicación del presidente. Lo hicieron en secreto, sin informar a la jefa por temor de que lo filtrara a Giammattei. Sin embargo, cuando uno de los hoteleros que hospedó a los rusos recibió un escrito de la FECI para que revelara la lista de clientes que recibió en la Antigua Guatemala los días que los extranjeros estuvieron ahí, la noticia llegó a oídos de alguien cercano a Giammattei. Poco después, abogados que decían representar al presidente hicieron una visita al Ministerio Público, según el relato de dos fiscales que conocieron los casos y hablaron con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad.

La llegada de los abogados de Giammattei al MP “pudo haber sido por cualquiera de los dos hechos -el del exministro o los rusos- que el presidente se enteró de que algo estábamos investigando”, aseguró a Infobae Juan Francisco Sandoval, el jefe fiscal que dirigió las investigaciones al mandatario.

A partir de entonces, Porras aceleró la toma de la FECI. Al final logró echar a Sandoval, el fiscal que investigó al presidente, y colocar como jefe de la fiscalía especial a Rafael Curruchiche y como jefa de la Agencia 8 de la FECI, a cargo de los casos más sensibles, a Cinthia Monterroso, dos agentes leales a la fiscal general. Una de las primeras cosas que hizo Curruchiche fue pedir información sobre los casos que implicaban a Giammattei y, luego, enterrar esas investigaciones. Curruchiche y Monterroso también han sido sancionados por Estados Unidos.

Por aquellos días otro testigo implicó al presidente en un nuevo esquema de corrupción, esta vez relacionado con un supuesto soborno entregado por un exministro del gobierno anterior a cambio de permanecer en el puesto. También había otra investigación relacionada con nombramientos irregulares de jueces en las altas cortes del país, en la que había líneas que llevaban hasta el presidente.

Hubo un tiempo, muy al principio de su mandato, que los guatemaltecos vivieron una corta luna de miel con Alejandro Giammattei. Fueron los días en que el coronavirus llegó a Guatemala. El nuevo presidente, médico de profesión, se puso al frente de la gestión sanitaria por la pandemia. Era él quien cada miércoles, durante los primeros meses de encierro, salía en una cadena nacional de televisión para informar sobre las medidas sanitarias. La buena vibra duró muy poco.

El 13 de marzo de 2020, fue Giammattei quien informó al país, también por TV, que acababa de recibir “la llamada que nunca hubiera querido recibir”, la confirmación del primer caso de Covid-19 detectado en el país. Al poco tiempo ordenó el cierre de fronteras y estrictas medidas de confinamiento. El primer problema de salud pública creado por el mismo gobierno surgió meses después por corrupción en la adquisición de vacunas Sputnik V en Rusia

Para Ana María Méndez, de WOLA, la “pésima” gestión de la pandemia es otro de los puntos negros en la gestión de Giammattei. “La extrema corrupción alrededor de ella, el fraude millonario que hubo al Estado en la compra de vacunas, que fueron unos 614 millones de quetzales (unos USD 78 millones), lo que en algún momento yo catalogué no solo como corrupción sino como un crimen de lesa humanidad”, dice.

La corrupción que rodeó al tema de las vacunas rusas, coincide Adriana Beltrán de SIF, se convirtió en una marca de toda la gestión de Giammattei. “Cuando era candidato ofreció luchar contra la ‘asquerosa’ corrupción y, en cambio, vimos la opacidad y adquisiciones sobrevaloradas y al margen de la ley desde el inicio de su mandato, cuando Guatemala luchaba contra la pandemia y sus habitantes clamaban por vacunas. Sus allegados, según informaron medios independientes, se beneficiaron con millonarios contratos del Estado a lo largo de estos cuatro años”, comenta.

El supuesto soborno de los rusos. La influencia ilegal en la elección de altas cortes. La coima de un exministro. La gestión de las vacunas rusas. Y una más por supuesta participación en un caso de tráfico de influencias en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. A excepción del de las vacunas, los otros casos siguen abiertos en el Ministerio Público a pesar de que han quedado engavetados por presión de la fiscal general Porras.

Consuelo Porras se mantendrá en el puesto cuando asuma Bernardo Arévalo, el sucesor de Giammattei. Arévalo ya dijo al menos en dos ocasiones que pedirá la renuncia de la fiscal general, ya que él no la puede destituir. Al final, sin embargo, un proceso penal inmediato contra Giammattei parece poco probable en Guatemala.

Si la justicia lo reclama en el futuro no será la primera vez para el médico que fue presidente de Guatemala enfrente la posibilidad de terminar en la cárcel. Ya en 2010, cuando fue jefe de prisiones, estuvo implicado en un escándalo que sacudió al gobierno del entonces presidente Óscar Berger; se le acusó, entonces, de facilitar la ejecución de varios presos. Estuvo encarcelado 10 meses pero salió por falta de pruebas. Tres años antes de aquello había intentado por primera vez ser presidente de Guatemala. Volvió a ser candidato en 2011 y 2015. Y en 2019, cuando finalmente lo logró luego de que las dos candidatas favoritas fueran excluidas por problemas legales.