2024 será el año de los retos medioambientales para Brasil, desde la emergencia yanomami hasta la deforestación en el Cerrado

Entre los desafíos de Brasil en el año que acaba de comenzar está el medio ambiente, que se ha convertido en una parte central de la agenda del gobierno, que celebró los primeros datos alentadores de 2024. Según un informe publicado el 5 de enero por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el número acumulado de denuncias de deforestación en la región amazónica disminuyó alrededor de un 49,8% de 2022 a 2023. Los datos muestran que después del pico de áreas deforestadas en 2022, con un total de 10.277,61 km², el bioma registró la cuarta menor área deforestada desde 2015, con 5.151,62 km². El estado de Pará ocupa el primer lugar en términos de deforestación con 1.903 km² perdidos, seguido por Mato Grosso, Amazonas y Rondonia.

Estos datos son los del sistema de detección de la deforestación en tiempo real Deter que, cabe recordar, fue creado para permitir acciones policiales más rápidas y combatir los delitos ambientales. Por este motivo, las zonas indicadas en el programa Deter suelen estar asociadas a simples alertas de deforestación. Los datos de Deter, obtenidos con imágenes del satélite chino-brasileño CBERS-4 y del satélite indio IRS, son menos precisos que los de otro sistema del INPE, el Prodes (Proyecto de Seguimiento por Satélite de la Deforestación de la Amazonia Legal), divulgado dos veces al año. El Prodes utiliza principalmente los satélites LANDSAT estadounidenses, a los que se suman otros, y por eso sus datos son luego los utilizados por Brasil internacionalmente.

Los datos de Prodes publicados el pasado noviembre registraron una reducción de la deforestación en todo Brasil del 22,37% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023. Las cifras no incluyen la deforestación de los meses siguientes, que aumentó según los expertos, ya que en septiembre y octubre pasados el estado de Amazonas registró el peor índice de incendios de los últimos 25 años, en torno a los 9.000. Como señaló el portal de noticias Terra, “las áreas de bosque en el centro de la Amazonia que están ardiendo actualmente no estaban presentes cuando se recogieron estos datos. No obstante, se espera que estos incendios aumenten las tasas de deforestación, que sólo se calcularán en las encuestas Prodes del próximo año”.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, sin embargo, comentó con satisfacción los avances en la era post-Bolsonaro. “Hemos llegado a estos resultados porque el Ibama (Instituto de Recursos Naturales Renovables y Ambientales de Brasil) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) han aumentado sus controles en un 200%”, dijo la ministra. En concreto, el año pasado el Ibama aumentó las multas en más de un 100% y el ICMBio en un 320%.

“La mejor manera de abordar estructuralmente este problema es seguir reduciendo las emisiones de CO2, no sólo en Brasil, sino en todo el mundo. Es un esfuerzo de todos. Tenemos objetivos sectoriales. No se trata sólo de la deforestación. Se trata también de la energía, la industria, el transporte, el uso del suelo y la agricultura. Todos estos sectores tienen objetivos de reducción de emisiones de CO2”, afirmó Marina Silva quien, no obstante, se mostró preocupada por los planes de prospección petrolífera del gobierno en la Amazonia. “Una cuestión que habrá que abordar es la de los límites, un tope a la prospección petrolífera”, declaró en una entrevista al Financial Times. Palabras que van en dirección opuesta a los objetivos fijados por el Ministerio de Energía, que pretende aumentar la producción de 3 millones de barriles diarios en 2022 a 5,4 millones al final de la década. Y también del proyecto, apoyado por el presidente Lula da Silva, de la petrolera nacional, Petrobras, de explotar los yacimientos situados cerca de la desembocadura del Amazonas.

Marina Silva también viajó en los últimos días al estado de Roraima junto con la ministra de Pueblos Indígenas, Sónia Guajajara, para comprobar de primera mano la todavía dramática situación de los indígenas yanomami. En 2023, el número de muertes por desnutrición, enfermedades y a manos de los criminales que explotan la minería ilegal en las reservas indígenas ascendió a 308, según el último informe publicado el 21 de diciembre de 2023, con datos hasta noviembre, por la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) del Ministerio de Salud. El informe de la “Misión Yanomami” del Ministerio de Salud había registrado 209 muertes de junio a septiembre de 2022, actualizadas posteriormente a 343. En resumen, las cifras del gobierno de Lula no parecen diferir mucho de las del anterior gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, cuando Lula asumió la presidencia no sólo había declarado la emergencia sanitaria para la comunidad yanomami, sino que su entonces ministro de Justicia, Flávio Dino, había pedido una investigación de la Policía Federal contra el anterior gobierno de Bolsonaro por atropello y genocidio. Pocos días después, el juez Luís Roberto Barroso, ahora presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), había determinado una investigación más amplia de la Policía Federal, que ahora está cubierta por el secreto.

El informe de Sesai es dramático. 162 niños yanomami de entre cero y cuatro años murieron en 2023. Las principales causas de muerte fueron enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas parasitarias y causas externas. El informe no menciona casos de desnutrición. Un reportaje reciente publicado por el diario Folha de São Paulo desde el hospital Bambino Santo Antônio, en Boa Vista, Roraima, dice que “El flujo de pacientes ingresados en el hospital con desnutrición, deshidratación, neumonía, bronquiolitis, anemia, diarrea y malaria fue mayor en 2023 que en 2022, lo que indica la persistencia de la crisis humanitaria en la tierra de los yanomami, que aún está lejos de indicadores de salud mínimamente satisfactorios.”

En resumen, más allá de la retórica política, la emergencia continúa. “Todavía hay muchos mineros ilegales en tierra yanomami, muchos muertos. Nuestra salud es mala, las minas vuelven a crecer y nuestros ríos están contaminados. El gobierno federal debe sacar a los mineros de nuestra tierra para mejorar la situación, para que se pueda restablecer la salud y la vida de los niños y las mujeres”, declaró Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Yanomami Hutukara. Kopenawa también denunció la ausencia en muchas comunidades de centros de salud pública, precisamente donde hay muchos casos de malaria y desnutrición. Con cerca de 10 millones de hectáreas repartidas entre Amazonas y sobre todo Roraima, la Tierra Indígena Yanomami cuenta con 371 comunidades, muchas de ellas de difícil acceso por estar dispersas en la densa selva amazónica. Es el mayor territorio indígena de Brasil. La situación actual es la de un perro que se muerde la cola. La minería ilegal no sólo amenaza físicamente a los indígenas, sino que también contamina las aguas con el mercurio que se utiliza para extraer oro y los enferma.

El ministro de la Casa Civil, Rui Costa, admitió que el modelo de emergencia adoptado en 2023, con intervenciones puntuales, permitió que algunos de los mineros ilegales volvieran a la región. Por eso anunció inversiones de 1.200 millones de reales, 247 millones de dólares, para 2024. El gobierno ha decidido que la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal sea a partir de ahora permanente en la región, con la expectativa de que en el plazo de un mes se instalen guarniciones de seguridad. El problema, sin embargo, es que detrás de la minería ilegal está el crimen organizado brasileño, empezando por el Primer Comando de la Capital (PCC), interesado en la región por el lavado de dinero en la minería y por su posición estratégica, que le permite importar toneladas de cocaína de las vecinas Colombia y Venezuela. Contra este tipo de problemas el gobierno hasta ahora sólo ha propuesto soluciones de emergencia, como la llamada GLO, es decir la Garantía de la Ley y el Orden. Se trata de una misión militar, anunciada el pasado noviembre y en vigor hasta mayo. 3700 militares fueron a engrosar las filas de la policía en lo que el gobierno considera focos estratégicos para el crimen organizado, es decir, puertos y aeropuertos, por los que cada año pasan toneladas de cocaína y miles de armas.

Pero la Amazonia no es la única realidad medioambiental que da dolores de cabeza al gobierno de Lula. También está en el punto de mira de los ecologistas de todo el mundo el Cerrado, la sabana brasileña y el segundo bioma más grande de América Latina, con una superficie de dos millones de kilómetros cuadrados, equivalente al territorio de México. También según los datos de Deter presentados hace unos días, la deforestación en el Cerrado ha aumentado un 43% en 2023, la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar datos sobre esta zona en 2019. Es la primera vez en cinco años que la superficie deforestada en el Cerrado, que ocupa cerca del 24% del territorio brasileño, es mayor que la de la Amazonía, que abarca cerca de la mitad del país. La mayor pérdida de vegetación se concentra de nuevo en la región conocida como Matopiba, formada por los estados de Maranhão, Bahía, Tocantins y Piauí. La zona alberga paradójicamente, por un lado, una nueva frontera del agronegocio y, por otro, la porción más preservada del Cerrado.

Un reciente estudio brasileño publicado en la revista Regional Environmental Change muestra que los embalses de esta región se están secando y están perdiendo su capacidad de abastecer a los principales ríos de Brasil. Se calcula que el Cerrado suministra alrededor del 70% del agua al río São Francisco y el 47% al Paraná, además de alimentar los ríos Madeira, Araguaia, Tocantins y Xingu. En los últimos 20 años se ha producido una reducción de las precipitaciones en todo el bioma. En 2001, la precipitación media global era de unos 1.400 milímetros y en 2019 de unos 1.000 milímetros. Las causas son múltiples. Por un lado ha influido la expansión e intensificación del anticiclón subtropical del Atlántico Sur sobre algunas zonas de la región. Pero, por otro lado, el uso agrícola de estas tierras ha tenido un gran impacto. La parte convertida en tierras agrícolas aumentó un 120% entre 2000 y 2019, pasando de 10,27 millones a 22,7 millones de hectáreas. El cultivo de soja es el que más ha crecido, de 5,7 millones a 16,8 millones de hectáreas, pero otros, como la caña de azúcar y el café, también se han expandido.

A finales de noviembre del año pasado, el gobierno anunció un plan de preservación, calificando el Cerrado de “bioma más amenazado del país”. Entre las iniciativas anunciadas figuran un mayor control de las autorizaciones para la tala de vegetación autóctona concedidas por estados y municipios, un aumento de las inspecciones para verificar la legalidad de la deforestación y una ampliación de las zonas de protección. Sin embargo, también es necesario vigilar más de cerca a los inversores internacionales que inyectan millones de dólares para explotar las riquezas medioambientales del país, incluido el Cerrado. El pasado noviembre, la asociación Sherpa presentó una denuncia en Francia contra varios grandes bancos franceses “por blanqueo de dinero y recepción de bienes robados”, acusándoles de apoyar a empresas responsables de la “deforestación ilegal en Brasil”, en la Amazonía y el Cerrado.