La Cicrain pidió la liberación de más de 1.600 presos políticos en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela

La Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia (Cicrain) pidió la “liberación inmediata” de “1.600 personas privadas de libertad por motivos políticos, religiosos, orientación sexual y otros relaciones con la condición de su persona” en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En un comunicado remitido a la Agencia EFE, la coordinadora en favor de la liberación de los presos políticos y de conciencia en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela “que tienen gobiernos dictatoriales, totalitarios o autocráticos al frente de los mismos” y donde “pueden existir más de 1.600 personas privadas de libertad” por estos motivos.

”Esta situación viola claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, dado que este tipo de actuaciones que siguen llevando a cabo las dictaduras de estos países contra sus ciudadanos, son contrarias a los mismos”, dicen en el comunicado.

Ante ello, Cicrain, 81 ONG que suscriben la petición y alrededor de 200 personas a título personal, entre las que se encuentra los venezolanos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Dinorah Figuera o la cubana Zoé Valdés, solicitan “la liberación inmediata de todos estos ciudadanos privados de su libertad que además viven y sufren situaciones inhumanas, de hacinamiento, enfermedades, están mal alimentados y en algunos casos sufriendo torturas”.

Asimismo, animan a apoyar esta iniciativa “cívica de solidaridad con las víctimas y sus familiares frente a la intolerancia, la represión y los delitos de odio que padecen”.

A principios de diciembre un total de 147 efectivos militares y 128 civiles se encontraban presos en Venezuela por motivos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos en el país y cuya lista de procesados es avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

En total, 275 venezolanos son hoy considerados presos políticos por esta ONG, que en su último balance, ofrecido la semana pasada, computó 272 detenciones arbitrarias.

A través de X (antes Twitter), el Foro Penal detalló que el total de privados de libertad incluye a 256 hombres y 19 mujeres, todos mayores de 18 años de edad.

Además, añadió la ONG, hay más de 9.000 personas que, sin estar encerradas en penales o comandancias policiales, “siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”.

En Venezuela hay 113 presos políticos que llevan “más de tres años” detenidos sin condena, según datos del Foro Penal, que en agosto entregó una lista con sus nombres a la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva adelante una investigación contra el país por supuestas violaciones de derechos humanos.

La ONG asegura que, desde 2014, ha registrado 15.791 personas que han “pasado por la prisión política” en Venezuela.

Nicaragua cerró 2023 con 119 personas consideradas “presas políticas” por los organismos humanitarios, entre ellos un periodista, dos obispos, tres seminaristas y 13 sacerdotes, según un informe divulgado este martes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Entre ellos están monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023.

También monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siuna, en el Caribe norte de Nicaragua, que fue detenido el 20 de diciembre pasado junto a los seminaristas Alester Sáenz Centeno y Tony Palacios, un día después de orar durante una homilía por el obispo Álvarez.

Además los sacerdotes Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua; Pablo Villafranca, canciller de la Curia Arzobispal de Managua; Héctor Treminio, tesorero de la Arquidiócesis de Managua; y Silvio Fonseca, vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis de Managua y director del Instituto Juan Pablo II.

Asimismo los curas Miguel Mántica, Raúl Zamora, Ismael Serrano, Mykel Monterrey, Gerardo José Rodríguez, y Jader Hernández, todos de la Arquidiócesis de Managua.

Los otros tres sacerdotes detenidos son Fernando Calero, de la diócesis de Matagalpa; Marco Díaz Prado, de la diócesis de León y Chinandega (noroeste); y José Gustavo Sandino Ochoa, de la diócesis de Jinotega (norte).

(con información de EFE)