Drones y cocaína: las mafias brasileñas ofrecen su logística a los cárteles mexicanos y podrían aprovechar la crisis en Ecuador

La escalada de violencia de los últimos días en Ecuador también ha puesto en alerta al vecino Brasil. El temor a que los volúmenes del narcotráfico ecuatoriano se desplacen al gigante latinoamericano en los próximos meses es elevado. Fuentes de investigación han revelado a Infobae la presencia desde hace tiempo en Ecuador, especialmente en el puerto de Guayaquil, de miembros del principal grupo criminal brasileño, el Primer Comando de la Capital (PCC), que opera allí junto a cárteles mexicanos y las mafias albanesa e italiana, la ‘ndrangheta. El caos de estos días, de continuar, podría, según los expertos, afectar a la logística del narcotráfico, que desde Ecuador transporta toneladas de cocaína a Europa y Estados Unidos, a pesar de que Ecuador no es un país productor. Así, con la ayuda del PCC, la logística del narcotráfico podría trasladarse masivamente a Brasil, donde el mercado de la cocaína es muy rico desde hace años. Aquí operan los mismos grupos criminales extranjeros mencionados, con la gran novedad del Cartel de Sinaloa, interceptado por primera vez en San Pablo y en el estado de Amazonas el año pasado, según las investigaciones para colaborar en la producción de fentanilo.

Ya habían surgido contactos con cárteles mexicanos en 2014 cuando la Policía Federal brasileña descubrió que el PCC había enviado un cargamento de prueba de 20 ladrillos de cocaína a Vera Cruz (México), donde está presente el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2019, una investigación de la Policía Civil también había identificado pistas de que el cártel mexicano de Sinaloa era un proveedor de droga a gran escala para el PCC y que abastecía tanto al mercado nacional como exportaba droga a Europa. Incluso se había encontrado una foto con el emblema del grupo mexicano en el teléfono móvil de un narcotraficante brasileño. También se especula con que Gilberto Aparecido dos Santos, conocido como Fuminho, uno de los principales interlocutores del PCC con traficantes bolivianos y arrestado en Maputo (Mozambique) en 2020, tenía contactos con el cártel de Sinaloa. Además, en el pasado, algunos líderes del narcotráfico mexicano fueron detenidos en Brasil. En 2019, Lucio Rueda Bustos, catalogado como uno de los jefes del cártel de Juárez, terminó preso en Brasilia. En 2017 fue el turno de Jafet Arias Becerra, conocido como El Chepa del CJNG, quien oficialmente estaba de vacaciones en Brasil, donde también había llegado con una identidad falsa en 2015 y 2016.

A pesar de estas relaciones con los criminales mexicanos, el PCC ha hecho hasta ahora poco por mexicanizarse. Ha preferido un enfoque empresarial del tráfico de cocaína a las sangrientas guerras territoriales. Sin embargo, no han faltado capítulos extremadamente violentos: desde la “Salve Geral”, el bloqueo total de San Pablo impuesto desde las prisiones durante una semana en mayo de 2006 por el PCC, tal y como está ocurriendo ahora en Ecuador, hasta levantamientos carcelarios contra grupos rivales, algunos acabados en decapitaciones y mutilaciones de todo tipo como las de 2017. El PCC también ha imitado a los cárteles mexicanos en el uso criminal de drones comerciales, al menos desde 2017, cuando los utilizó con fines de reconocimiento en Paraguay para organizar el espectacular asalto a un carro de valores de Prosegur.

“Los drones comerciales ofrecen ventajas operativas y flexibilidad táctica a los grupos delictivos armados. Pueden utilizarse para recabar información sobre sus rivales y la policía, para el contrabando de mercancías y drogas, y pueden convertirse en armas y utilizarse para atacar a sus rivales y a las fuerzas del orden. Mientras que los drones han sido utilizados por los grupos delictivos brasileños para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, los cárteles mexicanos los han convertido en armas y los utilizan para atacar a cárteles rivales, a la policía y al ejército. En Ecuador, se utilizan principalmente para atacar cárceles”, explica a Infobae John P. Sullivan, Senior Fellow de Small Wars Journal-El Centro y autor, junto a Robert J. Bunker, de uno de los libros más completos sobre el tema, Criminal Drone Evolution: Cartel Weaponisation of Aerial IEDs’ (‘Evolución criminal de los drones: el uso de los cárteles de artefactos explosivos improvisados aéreos’).

Desde 2010, los cárteles mexicanos han sido pioneros en el uso de drones, con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la cabeza, reclutando incluso a ingenieros para adaptarlos a las necesidades criminales. Hoy en día, los drones en México también se utilizan para vigilar el tráfico de migrantes y transportar drogas, especialmente fentanilo, a la frontera con Estados Unidos. Pero sobre todo desde 2017 ha crecido el uso de drones que transportan explosivos. En esa ocasión, en la violenta ciudad de Guanajuato, se incautó un dron cargado con “papas bomba” o bombas de impacto totalmente equipadas para ser detonadas a distancia. En 2022, un dron del CJNG lanzó varias bombas sobre el pequeño municipio de Tepalcatepec, en el estado mexicano de Michoacán, hasta el episodio de hace unos días, cuando un dron cargado de explosivos, también del CJNG, mató al menos a cinco personas en el estado de Guerrero. También se han utilizado drones asesinos para atacar a políticos, como en el caso del fallido atentado de 2018 contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y el asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que se utilizaron drones lanzagranadas. Aunque fueron los proyectiles los que mataron a Moïse, los drones permitieron a los atacantes llegar hasta el interior del edificio y lograr así su objetivo.

Este uso aún no se ha intentado en Brasil, pero se teme que pueda ocurrir sobre todo si los cárteles mexicanos deciden entrar masivamente en Brasil desde Ecuador. El PCC, hasta ahora más tecnológico que el otro gran grupo criminal del país, el Comando Vermelho (CV), ya ha hecho de los drones uno de los principales puntos de su estrategia de futuro. Al fin y al cabo, Brasil es el mayor mercado de América Latina, con más de 108.000 drones registrados oficialmente, 59.060 de los cuales son de uso recreativo. Entre los ejemplos más emblemáticos está el espectacular plan para sacar de la cárcel en 2019 al líder del PCC Marco Willians Herbas Camacho, alias Marcola, que luego fracasó y que utilizó drones de reconocimiento para evaluar cómo y dónde moverse y controlar a policías y magistrados. El plan costó 80 millones de reales, 16,35 millones de dólares. Los drones de reconocimiento se han convertido en el brazo tecnológico del PCC, incluso en los llamados “cangaços”, es decir audaces atracos a bancos con explosivos que mantienen en jaque a ciudades enteras durante varias horas, normalmente de noche. Antes y después, los drones desempeñan un papel crucial en la vigilancia policial. Con este mismo fin, los drones también son utilizados en la selva amazónica por criminales implicados en la minería ilegal. Líderes indígenas de los estados brasileños de Pará y Maranhão han denunciado que son observados regularmente por drones que sobrevuelan la región.

Y luego está el capítulo de las prisiones. Brasil, es bien conocido, alberga una de las mayores poblaciones carcelarias de América Latina, con un crecimiento del 157% en ni siquiera dos décadas, de 137,1 a 352,6 por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2016. Según la Secretaría Nacional de Políticas Penales, en el primer semestre de 2023 había 644.794 brasileños en prisión, de los cuales cerca del 40% aún no habían sido condenados. Como es evidente en Ecuador, los drones también están siendo utilizados en Brasil para introducir mercancías prohibidas en las cárceles. Solo en 2019 se incautaron 43 drones en el estado de Rio Grande do Sul, junto con cuatro kilos de estupefacientes y 68 teléfonos móviles. El uso de aeronaves no tripuladas para entregar droga en un centro penitenciario se observó incluso ya en 2014, con la incautación de un minihelicóptero controlado que debía entregar 250 gramos de cocaína en el Centro de Detención Provisional de São José dos Campos, en el estado de San Pablo.

Contrariamente a lo que ocurre en muchas cárceles de Ecuador, el programa de protección penitenciaria previsto por las autoridades brasileñas suele incluir una pantalla en los patios y bloqueadores de teléfonos móviles, que también bloquean la señal de comunicación de los drones. Pero las facciones son ingeniosas, los drones vuelan de noche con el material ilícito colocado en una cuerda, que luego es atada por los reclusos por la ventana. A veces se transportan hasta 10 kg de droga, como ocurrió en 2020 en la prisión estatal de Jacuí, también en el estado de Rio Grande du Sul, cuando las autoridades interceptaron un dron con seis baterías, 28 teléfonos móviles, kilos de droga e incluso medicamentos.

John P. Sullivan explica a Infobae que para mitigar el problema del uso criminal de drones “Brasil podría desarrollar marcos legales y operativos para contrarrestar la proliferación de drones armados, como el intercambio de información entre el ejército y la policía civil y federal sobre las amenazas de drones y también el desarrollo de tecnologías para contrarrestar las amenazas de drones. Así como incrementar la formación sobre las medidas operativas que las fuerzas del orden pueden tomar para contrarrestar las amenazas de drones dirigidas contra la policía, las fuerzas armadas, las prisiones, las infraestructuras críticas y las grandes concentraciones públicas”.

La región latinoamericana en general carece de plataformas tecnológicas generalizadas de mitigación, como sistemas de detección y vigilancia de drones y estaciones físicas de observación del espacio aéreo, debido al elevado coste de la tecnología antidrones y a la respuesta de seguridad a menudo tardía de los gobiernos. Por esto, una mayor cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad y los fabricantes de drones podría ser de gran ayuda.

Además, países como Rusia podrían aprovechar este vacío ofreciendo tecnología antidrones de bajo coste para reforzar su influencia en la región. Por ejemplo, Stilet y Rex son sistemas rusos de bajo coste que pueden neutralizar drones mediante un sistema similar a un rifle o un dispositivo que bloquea las señales de geolocalización GPS en un radio de 4,9 kilómetros. El suministro por parte de Irán a Caracas de drones de combate Mohajer-6 que podrían ensamblarse o fabricarse en Venezuela también podría dar lugar a la creación de un mercado negro dirigido por los grupos criminales regionales.