Pedro Manosalvas, director del Observatorio de Seguridad Nacional: “Ecuador es un país de mafias carcelarias”

Ecuador fue asolado en las últimas 48 horas por una ola de violencia sin precedentes, que inició el lunes con motines en varias cárceles del país y culminó el martes con el asalto armado a los estudios de una televisión en Guayaquil, transmitido en vivo.

El lunes, el presidente Daniel Noboa había declarado el estado de excepción, que incluía un toque de queda nocturno y la suspensión del derecho de reunión durante 60 días. Era su respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Tras los sucesos del martes, que dejaron 10 muertos, Noboa declaró un “conflicto armado interno”, que incluye la movilización del ejército en todo el país.

Para entender las características del nuevo salto en la espiral criminal en el país, que vive desde hace tres años sumido en la violencia, la inseguridad y en un récord de homicidios año tras año, Infobae habló con Pedro Manosalvas, sociólogo, especialista en temas de crimen organizado y director del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional.

—¿Qué es la declaratoria de un conflicto armado interno y cuáles son sus implicancias?

—El decreto Ejecutivo 111 lo que hace es reformar el Decreto Ejecutivo 110, con el que el presidente declaró el estado de emergencia. Esta es una herramienta constitucional bastante usada, y abusada, en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, justamente cuando había incidentes de seguridad. Lo que cambia ahora es que el presidente Daniel Noboa reconoce la existencia de un conflicto armado interno. En derecho internacional esto vendría a decir que estamos en una situación de guerra civil, ya que el coronel Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que los grupos identificados como terroristas en este decreto se han convertido en objetivos militares. Algo similar sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso con el Decreto 730, en el cual ya se declararon a los grupos de delincuencia organizada con carácter terrorista. Pero ahora las Fuerzas Armadas tienen el respaldo legal para neutralizar a estas bandas criminales.

—Hoy la ministra de Gobierno Mónica Palencia dijo que a estos grupos no hay que llamarlos narcoterroristas, sino terroristas a secas, porque en realidad están involucrados en múltiples actividades ilegales. ¿Es correcta esta postura?

—Estoy bastante de acuerdo con la ministra Palencia. En Ecuador se ha narcotizado el problema de la delincuencia organizada. Nos centramos mucho, por ejemplo, en el tráfico de cocaína, que evidentemente constituye un problema. Sin embargo, el crimen organizado no es solo el tráfico de cocaína o de sustancias ilícitas. El crimen organizado tiene diversas fuentes de financiación, como la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas. También vemos el reclutamiento y la trata de menores, niños, niñas y adolescentes, con fines delictivos. Centrarnos solamente en la narcotización del problema nos hace tener un sesgo. Y en ese sesgo se pierde el enfoque más grande del problema. El término narcoterrorismo se acuñó más o menos en los 80 con los carteles (colombianos) de Cali, Medellín. Ahora vivimos un momento totalmente distinto. Y hay que llamarlos terroristas a secas.

—La canciller argentina, Diana Mondino, dijo que lo que ocurre en Ecuador es un “intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas”. ¿Es correcto atribuir una connotación política a estos grupos criminales?

—Creo que es totalmente una falacia. No podemos vincular de forma directa los atentados que ha estado viviendo Ecuador con ninguna organización política. Me parece una declaración bastante arriesgada y más aún cuando se trata de un funcionario de Estado. También me han preguntado si estos grupos tienen algo que ver con el ex presidente Rafael Correa. Y la verdad es que no tenemos ninguna evidencia.

—En 2017 Ecuador tenía una tasa de 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2023 la tasa fue de 40 muertes por 100.000 habitantes, la más alta de la región. ¿Qué pasó en este en este lapso de tiempo para que se registrara un aumento tan grande?

—Una serie de factores. 2017 fue uno de los años con la tasa de muertes violentas más bajas. Si tomamos por ejemplo, desde 2007, en el que llega (a la presidencia) Correa, teníamos la tasa de 16 cada 100.000. Correa lo que hizo en su momento, con obviamente un país y una delincuencia organizada totalmente distintos, fue legalizar a las pandillas. Esto redujo mucho la tasa de muertes por homicidio intencional. ¿Qué pasa después? En 2017 y 2018 tenemos una de las tasas más bajas de los últimos 24 años. Y luego empezamos a ver que en 2019 sube a 6,9 y a finales de ese año empieza la pandemia. En plena pandemia sube a 7,8; luego en 2022 subimos a 27 y terminamos este año en 44 muertes violentas (cada 100 mil habitantes). Somos el país más violento y con más homicidios intencionales en América. ¿Qué pasó? Yo creo que una gran responsabilidad la tiene el gobierno de Lenín Moreno y sus ajustes económicos y su visión de reducir el Estado al mínimo con el argumento de hacer el Estado más eficiente. Esto lo que hizo fue debilitar al sistema de seguridad. Aunque no solo eso. También hay un grave problema de deserción escolar a raíz de la pandemia. Cuando el Estado deja brechas abiertas, ahí es cuando los grupos de delincuencia organizada cooptan esos espacios. En sectores históricamente abandonados te das cuenta que ha habido un abandono. La mayor cantidad de personas que están presas en Ecuador son hombres jóvenes empobrecidos. Entonces tú te das cuenta de que ha sido un problema estructural. Otro de los grandes problemas fue la pésima gestión de la organización gubernamental encargada de controlar al sistema penitenciario. Hace poco se reveló que ex director de Antinarcóticos y posterior director del Centro que se encarga de los infractores adultos y menores, estaba vinculado a la delincuencia organizada. Esta permeó el sistema carcelario. Hay un informe muy bueno de Insight Crime que menciona que Ecuador es un país de mafias carcelarias. Porque sus centros de operación son las prisiones. Entonces la situación es producto de una mezcla entre, por un lado, el abandono estatal a poblaciones vulnerables que fueron cooptadas por la delincuencia organizada transnacional, imponiendo en algunos sectores incluso la gobernanza criminal. Los grupos delictivos organizados han llegado a proveer bienes, servicios, incluso hasta justicia, sirven como mediadores en conflictos. Por el otro, el debilitamiento de las fuerzas de seguridad. Tampoco hay que olvidarnos que Ecuador es un país altamente corrupto. La tasa de impunidad también es muy alta. En Ecuador de 100 delitos violentos tan solo se resuelven diez. La impunidad juega un gran, gran papel en entender por qué el país está como está.

—En la entrevista de hoy Palencia dijo que este problema inició con Correa y después empeoró con los gobiernos posteriores. ¿Cuál es su visión sobre sobre esto, cuáles fueron las consecuencias de esa legalización de las pandillas que hizo Correa?

—Yo no responsabilizo enteramente a Correa. Sí tuvo fallas. Tuvo muchos errores. Uno de ellos fue politizar a la inteligencia, que trabajaba no para el Estado, sino para el gobierno, que es una diferencia enorme. Sin embargo, este problema en realidad tendría su génesis durante la alcaldía de Jaime Nebot (2000-2019), del Partido Social Cristiano, que cuando en su plan de ordenamiento territorial de Guayaquil dejó por fuera a las poblaciones donde hoy vemos que están los grupos de delincuencia organizada. El problema es muy anterior a Correa. Correa legalizó las pandillas. Esto fue positivo en su momento. Ahora sería imposible hacer algo así. En su momento le sirvió para que los índices de violencia bajaran. Con Correa también hubo cosas positivas. Ecuador pasó una bonanza donde se invirtió mucho en lo público. Lastimosamente ese desarrollo fue insostenible debido a que estaba sustentado en deuda. Entonces, claro, si no es sostenible pues eventualmente se cae. Moreno al tratar de hacer estos reajustes minó todas las capacidades de las fuerzas de seguridad y Lasso... pues Lasso fue ya un desastre completo.

—Una de las medidas de Lasso fue flexibilizar la liberalización de la venta de armas, algo sobre lo que se debate cada vez más en los sectores políticos más radicales.

—Hay un dato que es muy interesante: en lo que respecta a los homicidios intencionales por armas de fuego Ecuador pasó de tener un porcentaje de homicidios intencionales con arma de fuego del 53% de 2014 al 88% actual. Vuelvo de nuevo a la narcotización. La cocaína no mata a la gente. Las armas sí. No digo que la droga no mate por sobredosis. Pero las armas de fuego son un potencializador de la violencia, un catalizador para que la sensación y la percepción de violencia aumente. Tampoco considero que se deba criminalizar el consumo. No se debe tratar como un asunto de seguridad, sino como un asunto de salud pública. En Ecuador se ha criminalizado mucho el consumo. El 80% de mujeres que están privadas de su libertad en el Ecuador es por microtráfico. ¿Quiénes son esas mujeres? Son mujeres y jóvenes empobrecidas a las que el sistema no les ha dado una perspectiva de vida. No lo justifico. Sin embargo, una cosa es describir y entender el problema y la otra es justificar. Y estoy describiendo y entendiendo.

—Hablaba de las bandas delictivas ecuatorianas como grupos criminales carcelarios. Noboa anunció una estrategia similar a la de Bukele en El Salvador, por ejemplo prometió la construcción de cárceles de máxima seguridad y de cárceles flotantes en barcazas. ¿Puede ser efectivo este abordaje?

—Personalmente no considero que existan fórmulas que puedan ser 100% replicables de un país a otro. Ecuador es muy diferente a El Salvador. El Salvador es un país pequeño y con 6 millones de personas. Ecuador es un país pequeño en comparación con otros más grandes, pero mucho más grande que El Salvador, con 17 millones de personas. ¿El presidente Noboa tiene una estrategia clara para las prisiones? Todavía no lo sé. No he visto ningún documento en el que yo pueda ver una estrategia para las prisiones. Sin embargo, según las declaraciones de la ministra Palencia, las prisiones no están pensadas como las mega cárceles de El Salvador, sino más como cárceles pequeñas pero con altas capacidades.

—Varios especialistas en crimen organizado subrayan que el hecho de que Ecuador tenga una economía dolarizada facilita el lavado de activos de los grupos criminales. ¿La economía dolarizada de Ecuador fue un factor que contribuyó a llevar a la situación actual?

—Sin duda es un atractivo. Evidentemente tener una economía dolarizada puede ser un incentivo para que se lave dinero en Ecuador. Sin embargo, lo que posicionó al Ecuador dentro de la geopolítica del tráfico de sustancias ilícitas fueron sus puertos. Ecuador tiene unos puertos bastante atractivos para la delincuencia organizada. Yo creo que más que la economía dolarizada, que sí es un gran factor que atrae al lavado de activos, fue esto lo que más ha llamado a los grupos extranjeros, porque sabemos que en Ecuador opera la mafia italiana, albanesa y cárteles mexicanos, colombianos). Fueron sus puertos, sus fronteras permeables, unas fuerzas del orden bastante disminuidas lo que ayudaron a que Ecuador se constituya como lo que es ahora: un punto ya no solo de acopio, sino también de distribución en esta geopolítica de la cocaína.

—Las políticas de mano dura contra la delincuencia parecen haber alimentado la reacción de estos grupos criminales en lugar de aplacarlos. ¿Qué pasa si esta guerra que ahora se inició se prolonga? ¿Hay un plan de acción claro ante esta eventualidad?

—El presidente Noboa llegó al gobierno ofreciendo un plan de seguridad. En medios e incluso en la comunicación gubernamental se lo conoce como el “plan Fénix”. Hay que esperar y ver cuáles son las fases de intervención y cómo están preparándose para la respuesta. Yo creería que con el equipo que tienen posiblemente pueda dar algún resultado. Yo creo que la mano dura en sí no es la solución. Sí, Ecuador necesita una intervención territorial en este momento. Se necesita que las fuerzas del orden recuperen el territorio, porque en Ecuador hay territorios en los cuales los grupos delictivos organizados controlan el territorio. Así que sí, se debe empezar por ahí. Aunque una medida de mano dura por sí sola no soluciona ningún problema porque los factores para que el crimen organizado ingrese ha sido en realidad el abandono estatal de ciertas poblaciones.

—¿Qué es lo que se necesita, entonces, además de la mano dura?

—Después de un control territorial se tienen que hacer un trabajo articulado con organizaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de de la Mujer. Todas las instituciones encargadas de lo social tienen que enfocarse en estos distritos en los que Ecuador ha perdido el control. Hay que recuperar el territorio, pero ahí no acaba el problema, más bien ahí empieza la solución. Y la solución es que las organizaciones, las instituciones públicas encargadas de lo social, lleguen con planes bien estructurados, con planes que se puedan realizar. Y ahí se podría cerrar este ciclo, porque la mano dura por mano dura no sirve de nada. En Ecuador tenemos experiencia: tuvimos más de 19 estados de excepción donde se ha controlado el territorio. Pero luego se van los militares y regresan los grupos de delincuencia organizada a controlar de nuevo ese territorio. ¿Por qué? Porque no hay una presencia estatal, no hay programas de reinserción escolar, no hay programas contra la desnutrición infantil. Ecuador tiene un triste palmarés en cuanto a desnutrición infantil. Y eso obviamente limita el desarrollo de una generación entera. Es un problema mucho más grave, que va a tomar mucho más tiempo en resolverlo. Se tiene que empezar por controlar el territorio, pero sin olvidar la importancia y la necesidad del trabajo de las instituciones sociales.

—¿Está en riesgo la democracia ecuatoriana en este momento?

—Totalmente. Yo creo que lo que estamos viendo en Ecuador, cuando estos Grupos Delictivos Organizados (GDO) entraron al canal público TC es un ataque directo a los medios de comunicación. Y a la institucionalidad, al Estado de Derecho. Lo que más nos debe importar y lo que más está en juego es la seguridad de todos, sí. Sin embargo, son también los pilares fundamentales sobre los que se debe construir un Estado de derecho, que es la libertad de expresión. Por eso creo que existe la necesidad de una unidad política en este momento. Debemos tener un acuerdo de mínimos. Garantizar seguridad, salud y educación y luego pelearnos por el resto. Si no garantizamos estándares mínimos de convivencia, estándares mínimos de un Estado de derecho, el país sin duda se irá a pique.