La CIDH condenó la ola de violencia desatada en Ecuador por grupos criminales

Tras la escalada de violencia terrorista en Ecuador y con la declaratoria del gobierno de que el país enfrenta un conflicto armado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en X (antes Twitter) y condenó los acontecimientos registrados en la nación. Además informó que sus miembros monitorean la situación de los derechos humanos luego del Estado de Excepción ordenado por el presidente Daniel Noboa.

“La CIDH condena los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado; llama a la investigación diligente de los hechos”, se lee en la publicación. Desde que se decretó el Estado de Excepción el país ha sido testigo de atentados con coches bomba, motines en las prisiones, secuestros a policías e incluso un grupo de criminales se tomaron un medio de comunicación.

En su comunicado, la comisión informó que “sigue monitoreando la situación de derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción decretado el 8 de enero y ampliado el 9 de enero”. Adicionalmente recordó que “la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control”.

La noche del 8 de enero, en el marco de una nueva crisis de violencia en las cárceles de Ecuador, y mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad buscan al delincuente prófugo Adolfo Macías (alias ‘Fito’), el presidente Daniel Noboa declaró el Estado de excepción. A partir de entonces sucedieron una serie de actos terroristas y criminales incluyendo la fuga de Fabricio Colón Pico, señalado por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, de querer asesinarla.

La tarde del 9 de enero, Noboa emitió un nuevo decreto: “He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”, indicó en un mensaje difundido en redes sociales.

Luego de la emisión del decreto que dispone ejecutar acciones militares, Daniel Noboa convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado a una reunión urgente. A pesar de aquello, esta tarde, por ejemplo, se informó que al menos ocho personas murieron y dos resultaron heridas este martes en Guayaquil en medio de una jornada de violencia en Ecuador. En Quito, en cambio, el tránsito vehicular de la ciudad colapsó pues los ciudadanos intentaban volver a sus domicilios. También los negocios y centros comerciales cerraron sus puertas.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, en un mensaje a la nación aseguró: “Han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”. Por ello, informó que: “A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”.

Los gobiernos de Argentina, Colombia, Paraguay y Perú se solidarizaron con Ecuador, luego que se declarara la existencia de un “conflicto armado interno” en el país. A través de un comunicado publicado en la red social X, la cancillería Argentina manifestó su respaldo a las autoridades ecuatorianas y al presidente Daniel Noboa “en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada que busca socavar el imperio de la ley”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de la oleada de violencia en Ecuador y a “sus legítimas autoridades, con miras a restaurar el espíritu de armonía en beneficio del pueblo ecuatoriano, en el marco de los principios del Estado de Derecho”.

En un comunicado oficial difundido por la Cancillería peruana, el Gobierno respaldó también las acciones del mandatario para preservar “la institucionalidad y estabilidad democráticas” y deseó “un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país”, donde se ha registrado la toma de un canal de televisión, estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.