A un año de los ataques del 8 de enero, Brasil celebra la democracia pero la polarización política sigue siendo un problema

Promete ser un aniversario lleno de polémica el que Brasil ha decidido conmemorar con pompa y circunstancia el 8 de enero. Un año después de las invasiones de los palacios del poder en Brasilia, que representaron la versión brasileña de los atentados contra el Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero de 2022, el gobierno de Lula ha convocado “una fiesta por la democracia”. A la ceremonia serán invitadas 500 personas, entre las cuales, además del Presidente de la República y sus 38 ministros, estarán el Presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, el Presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira y el Presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso. Según anunció el ministro de Defensa, José Múcio, también participarán los comandantes de las Fuerzas Armadas. Muchos gobernadores bolsonaristas estarán ausentes y el propio ex presidente Jair Bolsonaro ya dejó trascender que ni siquiera estará en Brasilia el lunes. La oposición criticó la idea de conmemorar este aniversario, que calificó de «intento de criminalizar a los partidos de derecha ya que el gobierno siempre intenta asociar esos atentados al resultado de las elecciones de 2022». Treinta senadores, entre ellos Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, firmaron un manifiesto en el que denuncian “el abuso de poder del STF” y piden “la vuelta a la normalidad democrática”.

El temor es que, aunque las intenciones de Lula sean celebrar la idea de un Brasil unido y democrático, especialmente de cara a las elecciones municipales de este año, los efectos puedan ser los contrarios, es decir, una mayor polarización política. En un documental del sitio de noticias Metrópoles estrenado ayer, Lula culpó abiertamente a Bolsonaro por los acontecimientos del 8 de enero. “Creo que hay un responsable directo que planeó todo esto y que cobardemente se escondió y se fue de Brasil antes de tiempo, y ese es el ex Presidente de la República. Él no aceptó nuestra victoria”, dijo el presidente.

Por otra parte, una entrevista concedida el jueves al diario O Globo por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, también ponente del juicio de los acusados el 8 de enero, causó polémica. Por primera vez, Moraes reveló la existencia de tres planes para matarlo aquel fatídico segundo domingo de enero del año pasado. “El primer plan era que las Fuerzas Especiales del Ejército me detuvieran el domingo y me llevaran a la ciudad de Goiânia”, dijo el juez. “En el segundo, se desharían del cuerpo a medio camino de Goiânia. Entonces no habría sido una detención, sino un asesinato. Y en la tercera, los más alborotadores afirmaban que, tras el golpe, yo debía ser detenido y ahorcado en la Plaza de los Tres Poderes”, el corazón político de Brasilia. Fueron declaraciones importantes que desencadenaron un gran debate en Brasil. De hecho, Moraes no se encontraba en el país en aquel momento, sino en París (Francia). “¿Hay pruebas de este plan? Moraes no ha presentado ninguna prueba. Y, sobre todo, ¿por qué no se mencionó nada de esto en las sentencias ya dictadas contra los acusados el 8 de enero?”, escribe el sitio de noticias en línea Gazeta do Povo.

“Estas acusaciones son extremadamente graves y, precisamente porque son extremadamente graves, el ministro tiene la obligación de decir quién planeó asesinarlo”, se hace eco Mario Sabino en el sitio de noticias Metrópoles. “El objeto de sus declaraciones no puede permanecer indeterminado u oculto, porque los planes de los que habla son contra la institución STF, en la persona del ministro”, escribe Sabino. El director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, también intervino en el caso. El jefe de la PF dijo que las amenazas fueron identificadas a partir de mensajes intercambiados por los acusados. “Será posible identificar a los responsables de las amenazas. Pronto lo sabremos”, dijo Rodrigues.

En cuanto a Moraes, denunció en enero pasado que fue atacado por partidarios de Bolsonaro en el aeropuerto de Roma, en Italia. Hasta ahora, sin embargo, no se han divulgado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Además, aunque Moraes está implicado en el caso como una de las partes, también es fiscal adjunto en el proceso, lo que va en contra de la legislación brasileña. Deltan Dallagnol, ex fiscal de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil, también atacó a Moraes, ya criticado por el New York Times en 2022 por su supuesto autoritarismo cuando era presidente del Tribunal Supremo Electoral en un duro artículo titulado ‘Para defender la democracia, ¿el tribunal supremo de Brasil va demasiado lejos? Para Dallagnol, “si el ministro fue víctima de estos crímenes, ¿no debería declararse sospechoso al juzgar a quienes quisieron matarlo?”.

El ex juez de la Lava Jato también se pregunta en sus redes sociales “¿cómo responde Moraes a las críticas de que los acusados del 8 de enero están sufriendo abusos judiciales, como falta de conexión con personas de jurisdicción privilegiada, detenciones preventivas prolongadas, falta de pruebas e individualización de conductas y condenas exageradas?”. De hecho, el Supremo Tribunal Federal había podido asumir la competencia sobre el caso, alegando que investigaría la implicación de diputados y senadores federales, que tienen jurisdicción privilegiada y deberían ser juzgados por el STF. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona con jurisdicción privilegiada ha sido incluida en el juicio.

Como se recordará, apenas tres días después de los hechos, el fiscal general adjunto Carlos Frederico Santos fue nombrado coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, encargado de investigar el caso junto con el STF. Ese Grupo Estratégico presentó más de 1.400 denuncias, distinguiendo entre instigadores, 1.156, y autores, 248, de los hechos de violencia, así como ocho autoridades acusadas de omisión y un financiador, denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR) el 14 de diciembre.

Se trata de Pedro Luis Kurunczi, originario de Londrina, en el sureño estado brasileño de Paraná, acusado de organizar cuatro autobuses de manifestantes e incitar a los ataques. En marzo de 2023, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentó una acción civil pública por daños y perjuicios en el 8º Juzgado del Distrito Federal, exigiendo que se condenara a los financiadores de los ataques a pagar 100 millones de reales, unos 20,5 millones de dólares. En aquel momento, 54 personas fueron señaladas como financiadores, entre ellas Kurunczi, tres empresas, una asociación y un sindicato. En agosto pasado, por instrucciones de la Procuraduría General de la República, varios oficiales de alto rango de la Policía Militar del Distrito Federal, entre ellos la comandante Klepter Rosa Gonçalves, fueron encarcelados por cargos de omisión.

Según la PGR, la investigación había revelado una “profunda contaminación ideológica” entre los oficiales, mientras que los miembros del mando de la Policía Militar parecían ser expertos en “teorías conspirativas sobre fraude electoral y teorías golpistas”. Pero lo que provocó la detención, según informó el comunicado de la PGR, fue el hecho de que los acusados habían recibido información de inteligencia sobre la posibilidad de atentados antes del 8 de enero, pero la habían ignorado. “De acuerdo con las pruebas existentes, los acusados conocían los riesgos con antelación y se adhirieron dolosamente al resultado criminal previsible, incumpliendo su deber funcional de actuar”, se lee en el comunicado.

Además, queda el misterio de las imágenes de los ataques filmados por cámaras en el interior de los palacios depredados. En abril, CNN Brasil había revelado en exclusiva las imágenes del Planalto invadido por los bolsonaristas con el ministro de Lula, Gonçalves Dias, del Gabinete de Seguridad Institucional, moviéndose tranquilamente por el palacio presidencial, mostrando incluso la salida a los saqueadores. La primicia había provocado la dimisión de Dias. Después, en agosto, unas declaraciones del entonces ministro de Justicia, Flávio Dino, habían creado polémica. Dino había admitido que las imágenes del 8 de enero, aún inéditas, habían sido suprimidas “debido a un problema contractual”.

En cuanto a las críticas a Alexandre de Moraes sobre su supuesta concentración de poder, el Fiscal General Adjunto, Carlos Frederico Santos, comentó: “No veo ningún abuso. Si ha habido un error, es el error de la justicia humana. No es justicia divina”. Aplicada al juicio, recordamos, está la tesis del crimen cometido por una multitud. “Había una masa de gente que quería derrocar a un gobierno legítimamente elegido y cometer actos vandálicos. Tendría que haber demostrado que Pedro, Manuel, Jair, etc., hicieron cada uno un acto. Y debería haber dicho ‘éste rompió esto, aquél sólo rayó aquello, no, aquél rompió el reloj, aquél vandalizó una silla del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, no hay forma de hacer eso’”, dijo Santos. Para después agregar: “entonces aplicamos la tesis del crimen multitudinario diciendo que la ejecución de esos crímenes fue hecha por varias personas al mismo tiempo, por lo que no necesito probar que fue Pedro, Joaquim o Jair quien hizo cada acto”. Es por eso que la PGR ha ofrecido a los que aún no han sido juzgados un acuerdo de no enjuiciamiento, para escapar a una condena segura por parte del STF. Precisamente porque se ha aplicado el criterio del delito de multitud, con este acuerdo todos tendrán que admitir haber cometido los delitos de conspiración criminal, instigación a las Fuerzas Armadas y animadversión contra los poderes constitucionales. Si son declarados culpables, la pena máxima es de tres años y seis meses, que se cumplirán generalmente en régimen abierto. El juicio comenzará de nuevo en febrero.

Además, a los acusados por los sucesos del 8 de enero se les prohibió salir de prisión con motivo de las fiestas navideñas, la famosa “saidinha” en portugués, que este año también se concedió a delincuentes de alto calibre como dos famosos jefes del narcotráfico de Río de Janeiro, Saulo Cristiano Oliveira Dias, conocido como SL, y Paulo Sérgio Gomes da Silva, conocido como Bin Laden, que no han regresado a prisión y se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Por este motivo, la defensa de los acusados por los hechos del 8 de enero denunció la discrepancia de trato incluso con grandes narcotraficantes. La polémica ya había estallado tras la muerte en prisión de uno de ellos, Cleriston Pereira da Cunha, el pasado 20 de noviembre. El hombre había enfermado durante su hora de aire en la cárcel. Su salud se deterioraba desde hacía semanas. El 7 de noviembre su defensa había solicitado el arresto domiciliario, pero a pesar del dictamen favorable de la PGR su petición no fue tramitada.

Y ahora la gran incógnita sigue siendo Jair Bolsonaro. A finales de octubre, la Comisión Parlamentaria de Investigación de los hechos del 8 de enero había aprobado la imputación del ex presidente por cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, asociación para delinquir y violencia política. También están acusados de participar en el plan 30 militares, entre ellos ocho generales y los ex ministros de Justicia y Defensa. “Los hechos aquí relatados demuestran exhaustivamente que Jair Messias Bolsonaro fue el autor intelectual y moral de los atentados perpetrados contra las instituciones, que culminaron el 8 de enero de 2023″, rezaba el veredicto. Las conclusiones de la CPI fueron remitidas al Ministerio Público Federal (MPF), cuya investigación sigue en curso.