Chile: ya son al menos 5 los condenados por violencia en el estallido social a los que el gobierno de Boric les otorgó una pensión vitalicia

(Desde Santiago, Chile) Hace poco menos de un año, precisamente el 23 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior visó el quinto caso conocido - hasta ahora -, de pensión de gracia vitalicia para un condenado del estallido social en Chile, que comenzó en octubre de 2019 y se extendió por varias semanas.

Se trata de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo, estudiante de administración de 28 años, a quien el Ejecutivo otorgó en octubre de 2022 una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, que luego reajustó a 1,5, equivalentes a $444.767 (unos USD 500) a diciembre de 2023, según consigna una nota del diario digital Ex-Ante.

En el fragor de las manifestaciones, Parra recibió lesiones producto de varios perdigones disparados por funcionarios policiales, por lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una querella contra quienes resultaran responsables.

Sin embargo, al recibir la pensión, Parra ya había sido sentenciado a cuatro años de cárcel por el delito de incendio y un año por desórdenes públicos, tras quemar una caseta de Carabineros en la plaza de armas de Talca (a unos 250 kms al sur de Santiago). En dicha audiencia, el acusado aceptó los hechos descritos por la fiscalía, por lo que se sustituyó su pena efectiva por la de libertad vigilada intensiva, durante cinco años.

Su caso se suma así a otros cuatro ya conocidos de condenados del estallido social que reciben este beneficio, que es de por vida. Estas causas le han traído más de un dolor de cabeza al gobierno de Gabriel Boric, en medio de las críticas de la oposición por cómo La Moneda ha enfrentado la delincuencia.

El ministro (s) de Interior Manuel Monsalve, señaló que este viernes ingresarán dos indicaciones a mociones parlamentarias para, primero, poder revertir estos beneficios y, segundo, establecer como requisito la revisión de los prontuarios penales para otorgar dichas pensiones.

Cabe mencionar que, del total de 418 beneficiados con pensiones de gracia por el estallido social, 40 tenían antecedentes penales: 17 correspondían a pensionados durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y 23 en el gobierno actual del presidente Gabriel Boric.

Según la formalización de cargos hecha por el Ministerio Público a fines de noviembre de 2019, “el día 19 octubre 2019, aproximadamente a las 20:00 horas, y en circunstancias que se realizaban manifestaciones y desórdenes en la Plaza de Armas de la ciudad de Talca, el imputado Jonathan Alfonso Parra Rebolledo, junto a sujetos aún no identificados, procedieron sin justificación a atacar a Carabineros, lanzándoles elementos contundentes”.

“Causaron destrozos en diverso mobiliario público y privado, (e) incluso intentaron atacar el edificio de la Intendencia Regional del Maule, ubicada en Calle 1 Norte esquina 1 Poniente de Talca, causando grave desórdenes públicos”.

“Dentro de esta dinámica, el imputado Parra Rebolledo tomó un cono de canalización de tránsito encendido y, con la intención de destruir la caseta de vigilancia que usa Carabineros en la Plaza de Armas, que se encontraba ubicada para atención y protección de la comunidad, en la intersección de Calle 1 Poniente con 1 Norte, lanza dicho objeto al interior, comenzando un incendio”.

“Ante esto, 2 funcionarios de Carabineros intentan detener el siniestro sacando el objeto encendido de la dependencia, momento en que son atacados por el imputado y un grupo de manifestantes con objetos contundentes, debiendo huir del lugar”.

“El imputado junto a otros sujetos aprovechan (entonces) para alimentar el fuego con acopio de elemento combustible, tanto dentro como fuera de la caseta, volviendo Parra Rebolledo con un trozo de madera, avivando el fuego, volviéndose las llamas incontrolables, lo que significó en pocos minutos la destrucción Integra del bien municipal dispuesto para la seguridad pública en cooperación con Carabineros”.

Por otra parte, el 26 de octubre de 2019 el INDH presentó una querella contra todos los que resultaran responsables de apremios ilegítimos contra Jonathan Parra, causa que sigue abierta y sin formalizados.

“Don Jonathan Alfonso Parra Rebolledo relata que el día domingo 20 de octubre del presente año (2019), alrededor de las 17:00 horas, mientras la gente que había asistido a la manifestación de aquel día se dispersaba hacia la plaza Cienfuegos, ubicada entre la calle 1 sur con 3 y 4 oriente de la ciudad de Talca, él se dirigió hacia la calle 4 oriente con 2 sur donde resultó afectado por gases lacrimógenos usados por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile”, dijo el escrito.

“Frente a esto, la víctima relata que se desplazó hacia la calle 1 sur con 4 oriente de la ciudad, donde se da cuenta de la presencia de un contingente de funcionarios de Fuerzas Especiales, por lo que decide continuar avanzando, cubriéndose con la tapa de un basurero, a modo de escudo, para repeler los perdigones que estaban siendo lanzados por los funcionarios ya mencionados, a través de la utilización de escopetas antidisturbios”.

“Dentro de este contexto, el Sr. Parra relata que, al continuar avanzando, se le cae la tapa de basurero que utilizaba para cubrirse y es impactado por dos disparos de perdigones efectuados a una distancia no superior de 6 metros desde donde él se encontraba, los cuales le impactan en el lado izquierdo del pecho a la altura del tórax y en el hombro derecho, los cuales le producen una hemorragia grave”.

Sumando el de Jonathan Parra, ya son cinco los casos conocidos hasta ahora de condenados del estallido social que han recibido pensiones de gracia vitalicia. A estos se suma un sexto aún más controversial: Juan Francisco Villalobos Prado, quien fue beneficiado cuando tenía una orden de detención por estafa, por la que sigue prófugo. He aquí los otros cuatro casos:

Gabriel Allende Torres: condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví (comuna rural en las afueras de Santiago), el 21 de octubre de 2019. Su pensión se origina en una querella del INDH por sus heridas con perdigones. La fiscalía formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.

Andrés Fuica Fuica: condenado por saquear un supermercado en Viña del Mar (120 kms hacia la costa de Santiago) el 22 de octubre de 2019. Su pensión se debe a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a cuatro cuadras del supermercado, pero la sentencia del tribunal que condenó a dos carabineros por el caso lo excluyó de la lista. Una segunda causa, todavía abierta y donde figura como víctima, está desformalizada.

Adán Castro Cifuentes: condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica ( a unos 760 kms al sur de Santiago), el 21 de octubre de 2019. Al cabo lo pateó en la cabeza cuando estaba en el suelo, dijo en su sentencia. Su pensión nace de que, al ser detenido, recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”, según se dijo en la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento. El tribunal y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron dejar al policía con medidas cautelares.

Eliseo Carrera Espinoza: condenado por apedrear un carro de Carabineros en Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), el 9 de diciembre de 2019. Su pensión se origina en que durante una protesta ocurrida el 3 de enero de 2020 resultó con una fractura expuesta de muñeca al recibir un tiro con una escopeta que lanzaba bombas lacrimógenas.