Hallaron muerto a un sacerdote keniata que denunció el tráfico de indígenas en Venezuela

Un sacerdote católico de origen keniata que denunció tráfico de indígenas en Venezuela fue hallado muerto esta semana, en un caso por el que comunidades nativas exigieron este miércoles una investigación “seria y creíble”.

Josiah K’Okal, de 54 años y miembro de la Congregación de Misioneros de la Consolata, desapareció el 1 de enero después de salir de la casa de esa organización en Tucupita, en Delta Amacuro (este), en la bicicleta en la que solía trasladarse.

Su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol un día después por habitantes de la localidad de Boca de Guara, en el vecino estado Monagas, de acuerdo con una minuta de la militar Guardia Nacional.

La comunidad indígena warao, a la que K’Okal se había dedicado en su ministerio, exigió una investigación “seria y creíble” de modo que se “aclaren las circunstancias de su muerte”, según un comunicado del Servicio de Información para las Obras Misioneras Pontificias (FIDES).

La policía ha descartado que se trate de homicidio y estudia la hipótesis del suicidio, según el diario Últimas Noticias, de línea chavista, que cita supuestos testimonios sobre depresión que sufría el religioso.

Según indica Fides, el religioso fue visto por última vez saludando a los habitantes del poblado de Janokosebe en un tramo de la autopista nacional que recorría desde la casa que la congregación Misioneros de la Consolata tiene en la localidad venezolana de Tucupita (noroeste).

El religioso se movía sin su documento de identidad ni su teléfono y en bicicleta, un medio que utilizaba habitualmente ya que “solía hacer actividad física” por su pasado maratonista en Kenia.

“Querido hermano, que tu alma descanse en paz. Gracias por tanto amor por esta tierra venezolana, gracias por ser un gran misionero”, escribió la congregación de misioneros en su página de internet.

K’Okal nació en Kenia el 7 de septiembre de 1969 y llegó a Venezuela tras ordenarse sacerdote en 1997.

Nacionalizado venezolano, el sacerdote llegó a ser superior de la delegación de los Misioneros de la Consolata en este país caribeño. Desde 2006, según el FIDES, se dedicó a estudiar la cultura y la lengua de los warao.

Terminó en 2022 una maestría en Antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y trabajó en su tesis el caso de waraos desplazados a Brasil y hacinados en centros de refugiados.

De hecho, denunció tráfico de indígenas en Delta Amaruro, en medio de una masiva migración por la crisis económica venezolana.

“Su desaparición y repentina muerte al inicio de este nuevo año nos asusta y entristece, porque hemos perdido a un dedicado cuidador y defensor de nuestros pueblos y realidades amazónicas”, expresó en una nota de duelo la Red Eclesial Panamazónica.

Reconocido como el misionero “de la gran sonrisa”, los indios Warao destacaron “la cercanía y el diálogo” del religioso y “su dedicación y servicio al pueblo venezolano”.

“Aquí la situación es dramática, por eso la gente huye despavorida hacia Trinidad y Tobago”. Orlando Moreno, coordinador de la ONG Foro Penal en el estado Delta Amacuro, vivió en mayo de 2021 en primera persona la persecución y hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro luego de ser detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del régimen cuando “acompañaba a familiares” de las víctimas del naufragio de una embarcación que trataba de llegar al país vecino, en el que fallecieron, al menos, nueve personas.

En diálogo con Infobae, el activista por los derechos humanos dio detalles de cómo es la dramática situación que viven los venezolanos en ese estado afectado por la trata de personas, los naufragios y la persecución del régimen chavista.

“La gente vende todo para irse. Aquí se vive un régimen dentro de otro régimen. Hay una sola entrada y una salida, o nos morimos de hambre o de coronavirus. Para entrar a la ciudad de Tucupito nada más hay como diez alcabalas para entrar casi a la misma parroquia”, señaló.

Allí, todo depende del Estado. “El poder del régimen aquí es brutal. Nadie le hace frente a las autoridades. Es difícil hacer activismo político o de derechos humanos porque te ahorcan de distintas forma: no te dan gasolina, o te dan 20 litros a la semana, y no puedes viajar, no puedes salir del estado. O sea, dos semanas para llenar el tanque y viajar a Maturín para alguna situación médica”.