Quién es Rubén Zamora, el opositor salvadoreño a quien la justicia de Bukele mandó a arrestar en la víspera de Nochebuena

Rubén Ignacio Zamora, un abogado, ex candidato presidencial y ex embajador de El Salvador ante la Casa Blanca, ha sido una de las voces más visibles y respetadas de la política salvadoreña desde finales de los 80, cuando empujó, primero desde el exilio y luego desde el Congreso, la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno en el país centroamericano. En los últimos años fue uno de los primeros que advirtió de las inclinaciones autoritarias del presidente Nayib Bukele. El 22 de diciembre, la jueza Mirtala Portillo, de San Francisco Gotera, en el este del país, emitió una orden de captura contra Zamora y otros exfuncionarios a quienes acusa de encubrir a los autores de una masacre cometida durante aquella guerra de los 80.

El razonamiento de la jueza Portillo para pedir el arresto de Zamora es que el político opositor encubrió a los autores de la masacre de El Mozote, cometida en 1981 al principio del conflicto armado por batallones especiales de la Fuerza Armada salvadoreña, al firmar una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 1993, cuando Zamora era miembro de la junta directiva. La jueza Portillo también extendió órdenes de captura contra otros exdiputados de aquel congreso.

Uno de los principales huecos en el razonamiento de Portillo es que Zamora nunca firmó aquel decreto.

Lucía Zamora, hija del político perseguido y ella también abogada, cree que se trata de una acción política contra su padre, y destaca la debilidad del razonamiento de la jueza para expedir las órdenes de arresto. Todo es tan absurdo, dice Zamora, que los argumentos de la juzgadora se caen al revisar lo que sucedió a inicios de los 90.

En 1992, en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna, la Asamblea Legislativa estudió el decreto legislativo DL N 147, del 23 de enero de ese año, propuesto y escrito entre otros por Rubén Zamora. En esa versión se incluyó un artículo que dejaba por fuera de la amnistía a quienes hubiesen cometido o participado en crímenes de lesa humanidad o genocidio desde el 1 de enero de 1980, como los implicados en la masacre de El Mozote. Rubén Zamora avaló esa versión. Al final, la Asamblea Legislativa, dominada entonces por la derecha, pasó una versión de amnistía total, de la cual Zamora renegó. De acuerdo con el razonamiento de la jueza Portillo, sin embargo, Rubén Zamora debe de ser arrestado por algo que él no firmó ni apoyó cuando fue diputado hace 30 años.

Varios de los involucrados en el juicio por la masacre de El Mozote entienden que la orden de arresto girada contra Zamora persigue otros objetivos, políticos, y no el de llevar justicia a las víctimas de la matanza.

David Morales, abogado de las víctimas de El Mozote, es uno de los que ha criticado la acción judicial contra Rubén Zamora por considerar que no es más que una táctica dilatoria de la jueza Portillo para evitar que los verdaderos responsables de la masacre sean juzgados.

En este caso, además, las órdenes de arresto son decisión exclusiva de la jueza y, al menos según lo expuesto en la resolución judicial que las avala, no se dan por petición de la fiscalía general. “Es una acción de oficio, una decisión propia de la jueza”, dijo Morales en charla con Infobae.

“La reciente resolución de la señora jueza… parece que se enmarca en una serie de resoluciones judiciales que están teniendo un impacto dilatorio, están generando una prolongación indefinida (del proceso judicial) … evitando y prolongando que el caso sea elevado a plenario”, dijo Morales respecto al cado de El Mozote.

“La pobreza de la fundamentación es bastante clara en la resolución. Habla de la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Amnistía, lo cual solo prueba que la ley existe, no prueba participaciones ni individualiza las participaciones. Hay documentos que ponen en evidencia que Rubén Zamora no votó a favor de esa ley ni participó en ella y son públicos desde hace años”, advirtió el abogado.

La embajada de Estados Unidos en San Salvador se pronunció en términos similares a los de Morales. “Son profundamente preocupantes las órdenes de captura emitidas por un tribunal salvadoreño contra Rubén Zamora y otras personas que ocupaban cargos de elección popular en 1993, cuando se aprobó la Ley General de Amnistía. Estas órdenes de captura no hacen avanzar la causa de brindar justicia o hacer rendir cuentas a los asesinos responsables de la masacre de El Mozote”, publicó la sede diplomática horas después de que fueron públicas las órdenes de arresto.

Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), comparte que las órdenes de captura dictadas contra Zamora y otros políticos salvadoreños están encaminadas a dilatar justicia, pero también tienen otro objetivo: “Usar, una vez más, al sistema de justicia de forma arbitraria y como herramienta de persecución política”, escribió Jiménez en su cuenta X.

Las hijas de Rubén Zamora también han denunciado la persecución. “El gobierno de Nayib Bukele lleva más de tres años investigando a mi padre, Rubén Zamora Rivas, y no ha podido encontrarle nada… cobardemente quieren encarcelarlo por un delito que no existe”, denunció Marcela Zamora, cineasta salvadoreña premiada por, entre otros, un documental que aborda, precisamente, los crímenes de la guerra interna salvadoreña.

“Mi padre fue torturado en tres ocasiones por la Guardia Nacional en la época de la guerra… Fue embajador de El Salvador en India, Estados Unidos y ante Naciones Unidas. El miedo es para cobardes”, aseguró, por su parte, Lucía Zamora, en charla con Infobae.

Rubén Zamora se une a una larga lista de opositores a Nayib Bukele que han sido perseguidos o encarcelados desde el Órgano Judicial, acosados a través del Ministerio de Hacienda, o incluso orillados al exilio bajo amenazas de persecución penal. En algunos de esos casos, como el de Zamora, las acciones judiciales han llegado pocas horas después de que funcionarios cercanos a Bukele han sido señalados por Estados Unidos de acciones corruptas o antidemocráticas.

En julio de 2021, luego de que el Departamento de Estado incluyó a varios funcionarios del círculo íntimo de Bukele en una lista de corruptos, la Asamblea Legislativa emprendió una cacería de brujas contra exfuncionarios de la oposición, a quienes acusó de beneficiarse con dineros de la presidencia en gobiernos anteriores. Investigaciones periodísticas revelaron luego que el mismo Bukele y Ernesto Castro, el presidente del Legislativo, habían recibido cientos de miles de dólares de esas partidas presupuestarias entre 2009 y 2019.

La orden de arresto contra Rubén Zamora llegó apenas 24 horas después de que el gobierno de Joe Biden en Washington incluyó, entre los funcionarios salvadoreños sancionados, a tres magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública, también leales a Bukele y quienes han sido parte de una política de ocultación de datos de interés público que han caracterizado la gestión del presidente salvadoreño.

En el caso de Zamora, la persecución empezó casi desde que Bukele asumió como presidente del país en 2023. No parece casualidad que él, Zamora, haya sido uno de los pocos políticos e intelectuales salvadoreños que, desde que Bukele era alcalde de la capital San Salvador, advirtió de sus rasgos autoritarios. En una entrevista previa a las presidenciales de 2019, Zamora aseguró que elegir a Bukele no era el remedio a los errores cometidos por los partidos políticos que gobernaron antes; el joven político, advertía Zamora, tenía claros rasgos populistas y era evidente su desdén por las instituciones democráticas.

En los últimos meses, Rubén Zamora, ya con 81 años cumplidos, había formado parte de un movimiento ciudadano que intentó levantar una candidatura presidencial que hiciera competencia Bukele, quien desde 2021, con la elección irregular de una Corte Suprema de Justicia leal a él, allanó el camino a su reelección, la cual está prohibida en la Constitución. El intento de Zamora y otros no funcionó.

La hoja de vida política de Zamora es mucho más extensa, e inicia en la década de los 70, cuando formó parte de una junta cívico-militar formada tras un levantamiento de jóvenes oficiales que depusieron al general Carlos Humberto Romero, último de los presidentes militares del país. Miembro desde joven de la Democracia Cristiana, Zamora se separó de esas filas políticas cuando sus líderes pactaron con los militares de la junta, señalados entonces por sus actos de represión, tortura y crímenes de lesa humanidad. Fue en aquellos años, cuando Zamora renegó de los militares, que ocurrió la masacre de El Mozote, donde fueron asesinados un millar de campesinos, mujeres y niños.

Junto a otros políticos de centro y de izquierda, Zamora fundó el Movimiento Popular Social Cristiano y salió al exilio en Nicaragua. Volvió a El Salvador para fundar la Convergencia Democrática en pleno conflicto interno. A finales de los 80 fue uno de los principales gestores, desde la oposición política de entonces, de las negociaciones de paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno del derechista Alfredo Cristiani (1989-1994.

Firmada la paz, en el 92, Zamora fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa, de la cual fue directivo. En 1994 corrió como candidato de la izquierda, que por primera vez se presentaba a unas presidenciales, pero, a pesar de que forzó una segunda vuelta, terminó perdiendo. Entre 2009 y 2019 fue embajador de dos gobiernos de izquierda en la India, ante la Casa Blanca en Estados Unidos y ante la ONU. A diferencia de otros políticos de izquierda que se alinearon con Nayib Bukele, Zamora siempre fue una voz crítica y de oposición al actual presidente.

La resolución de arrestar a Zamora por el caso de El Mozote llegó como una desagradable sorpresa en la víspera navideña, tanto para sus familiares como para los representantes de las víctimas de la masacre. David Morales, uno de los abogados de los afectados, aseguró que hasta noviembre de este año no había, en todo el expediente judicial abierto por la matanza, referencia alguna a Zamora o a los otros políticos contra quienes se giró órdenes de arresto.

A la familia le llegó una advertencia previa de que el arresto era inminente. Desde entonces, Rubén Zamora buscó como protegerse. A la fecha no ha sido capturado.

Para el abogado Morales, esta última resolución de la jueza se suma a otros intentos por retrasar el proceso. “Esta resolución tan controversial ha dejado en evidencia prácticas de violaciones al debido proceso que han venido ocurriendo en el caso desde la destitución del juez Jorge Guzmán y desde que asumió la titularidad la jueza Mirtala Portillo”, dice Morales al referirse al antecesor de Portillo en el juzgado de San Francisco Gotera, la capital provincial en que se conoce el caso de El Mozote.

La salida de Guzmán, de hecho, fue el primer golpe al proceso judicial por la masacre. El juez dejó el proceso en septiembre de 2021, luego de que el gobierno de Bukele aprobó un decreto para forzar la salida de varios magistrados del país con base en edad y en méritos. Para Guzmán, la medida era inconstitucional y violatoria de derechos laborales.

Mientras fue juez, Guzmán expuso las negativas de Casa Presidencial y del mismo Nayib Bukele, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de proporcionarle información sobre los movimientos de tropas militares cuando ocurrió la masacre y otros datos de los archivos del ejército que fuesen útiles para la investigación judicial.

El 24 de septiembre de 2020, cuando Guzmán presidía el tribunal, Nayib Bukele montó una cadena nacional de televisión para anunciar que haría algo histórico ese día: desclasificar los archivos militares. El presidente apareció rodeado de unas cajas en las que se suponía estaban los papeles de El Mozote. Era toda una farsa. Lo que Bukele mostró aquel día e hizo llegar luego a Guzmán eran papeles que el juez ya tenía porque el presidente que antecedió a Bukele, Salvador Sánchez Cerén, se los había hecho llegar.

Después de eso, Guzmán se presentó en una de las sedes del alto mando castrense en San Salvador para intentar hacer efectiva la orden judicial de abrir los archivos, pero los soldados le impidieron la entrada. El bloqueo fue avalado por el mismo Bukele, quien dijo que no desclasificaría los archivos por “seguridad nacional”. Desde la salida de Guzmán, de acuerdo con el abogado David Morales, el caso contra los militares acusados de idear y perpetrar la masacre languideció.

Hoy, dice Morales en nombre de las víctimas, “hay una opacidad en este proceso judicial que no tiene reserva…” Más aún, advierte que la jueza está actuando a espaldas de las partes: “Está realizando una serie de diligencias, como entrevistas a familiares de las víctimas, pesquisas en registros de propiedad y una serie de investigaciones sin haber ordenado este tipo de diligencias en ningún tipo de resolución, y por lo tanto sin notificar a las partes; las hace sin presencia de las partes, por lo cual hasta pueden carecer de valor probatorio o ser nulas… Entrevistas en que ha revictimizado a las víctimas y nada lo incorpora al expediente judicial”, cuenta el abogado.

La jueza Portillo, además, bloqueó a las víctimas el acceso al expediente judicial 10 meses en este año 2023. “En noviembre tuvimos una copia digital de un expediente reducido de casi 200 piezas a 133. Estamos estudiando qué es lo que ha separado. En la copia que nos facilitó en noviembre no hay ningún tipo de antecedente contra las personas que ahora ha acusado por el tema de la amnistía”, revela Morales.

Una fuente del gobierno estadounidense que habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizada a hacerlo de otra manera aseguró que la embajada en San Salvador ha recibido información de que la decisión de ordenar el arresto de Zamora no se tomó en el juzgado que preside Mirtala Portillo. “Como muchas otras cosas en este caso hay indicios que apuntan a Casa Presidencial”, aseguró, por su parte, una fuente judicial salvadoreña familiarizada con el caso de El Mozote.

Marcela Zamora, hija de Rubén Zamora, ha insistido en sus redes sociales que todo es una persecución política contra su padre. Lucía, su hermana, añade: “Pedimos como familia, como hijos de él, que se respete la integridad de mi padre, que es una persona de 81 años, un guerrero de este país… Que se respete, que se le deje libre de semejantes difamaciones que han hecho en contra de su integridad como persona. Todo lo que el aparato de gobierno ha construido para destruir la figura de mi padre es una difamación grave. Y no es justo.”

La familia ha pedido que se modifique la petición de detención provisional por arresto domiciliario y “que la Asamblea Legislativa abra los archivos para que se conozcan las pruebas contundentes de que mi padre jamás firmó esa ley”, dijo Lucía Zamora.

El de Rubén Zamora no es el primer caso de un opositor político a Bukele contra quien actúan operadores judiciales afines al presidente. Ya ocurrió con seis ambientalistas de Santa Marta, en el norte del país, que fueron detenidos por su supuesta participación en el asesinato de una mujer durante el conflicto armado. La única base para aquellas detenciones es la declaración contradictoria de un supuesto testigo que ni siquiera presenció los hechos. Los ambientalistas detenidos se han opuesto durante años a proyectos mineros con los que el gobierno de Bukele ha mostrado afinidad.