La jueza Melissa Muñoz definió este jueves rechazar el recurso de pre-libertad solicitado por el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas tras analizar informes del servicio penitencial de los cinco años que el mandatario pasó tras las rejas.
Glas se desempeñó como el segundo de Rafael Correa entre 2007 y 2017, pero fue condenado en dos causas y encarcelado el mismo año que dejó el cargo. En el primer proceso, la Justicia lo encontró culpable en un caso por asociación ilícita ligada al escándalo de corrupción de la constructora brasileña Oderbrecht y lo sentenció a seis años de prisión. En el segundo, fue acusado por cohecho en una investigación sobre la financiación ilegal de su partido político y le indicaron ocho años de reclusión.
Sin embargo, años más tarde consiguió que un juez unificara ambas penas bajo una sola condena y, tras haber cumplido cinco años de detención, es decir, más del 40% de su pena, solicitó acogerse al beneficio de pre-libertad. Obtuvo el visto bueno y salió en noviembre de 2022.
Esta decisión, que generó gran descontento en un sector de la sociedad ecuatoriana, se vio amenazada la víspera, cuando el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) presentó ante otro magistrado de la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas una petición para que se revoquen estas medidas cautelares que benefician a Glas. Sus razones se basan, principalmente, en que el encargado de autorizarlas poco más de un año atrás, ahora está siendo investigado en la causa “Metástasis”, que investiga la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el sistema judicial, el penitenciario y el policial.
Asimismo, el organismo sostiene que el ex mandatario incumplió una de las condiciones que se le impusieron al quedar en libertad condicional que lo obligaba a presentarse todas las semanas en una cárcel en Guayaquil. La ausencia de Glas se debe a que, desde el 17 de diciembre, está resguardado en la Embajada de México en Quito dado que la Fiscalía solicitó su detención en una investigación de carácter reservada. Es por ello que, de salir de la residencia diplomática, quedaría expuesto a un nuevo arresto por parte de la Policía local.
Según indicó entonces su equipo, solicitó asilo conforme a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 “por ser víctima de una persecución y porque su seguridad estaría en riesgo”.
Su abogado, Edison Loaiza, recibió la noticia de este jueves con gran descontento y apeló el fallo de la jueza Muñoz por considerar que su resolución es “injusta e inmotivada” y que se contrapone, a su vez, a decisiones previas de la Justicia. Inclusive, el letrado consideró que su cliente debería haberse beneficiado con la pre-libertad en diciembre de 2020 pero ello no ocurrió por informes contradictorios del SNAI.
Es por ello que, frente a este “error” en el fallo, remitió su apelación a un tribunal superior, que ahora deberá evaluar el caso. Por último, señaló que la vuelta a prisión de Glas pone “en riesgo su vida e integridad”.
De todas formas, el ex mandatario aún podría ser enviado nuevamente a la cárcel ya que el próximo 5 de enero la Fiscalía celebrará una audiencia de formulación de cargos en su contra en un nuevo proceso judicial que lo investiga por peculado -malversación- en el caso Reconstrucción de Manabí.
(Con información de EFE)