Agentes de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron este jueves a monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, según denunció en redes sociales la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien sigue de cerca los ataques del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en el país.
El religioso, conocido por su crítica abierta al régimen sandinista de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, fue aprehendido tras una reunión en las oficinas de la Curia Arzobispal, ubicada en la zona de Las Sierritas de Managua. Según fuentes de la prensa local, hasta el momento no se ha ofrecido información oficial sobre los motivos de su detención.
Por su parte, Molina ha expresado preocupación sobre la seguridad de Avilés, instando al régimen a que “respete su integridad física”. Y advirtió que este hecho marca la “primera arbitrariedad” del recién reinstaurado Ministerio del Interior (MINT), que tendrá las mismas labores que la cartera que funcionó durante la guerra civil que se vivió en Nicaragua en la década de 1980 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990). En aquel MINT funcionó durante casi 10 años un aparato de espionaje interno sobre la Iglesia católica y los periodistas, así como una oficina de control y censura de los medios de prensa independientes.
Además, la detención de Avilés se suma a la de otros miembros del clero en recientes semanas, como parte de la escalada de tensiones entre el sandinismo y la Iglesia. Entre estos, se incluye el arresto del sacerdote Jader Guido, segundo vicario de la catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa, y la retención posterior del vicario general de la Diócesis, monseñor Óscar Escoto Salgado. Este último fue incluso obligado a abandonar su residencia y trasladado a Managua, aunque fue liberado antes de Navidad.
Eventos anteriores también reportaron la captura del obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, y de los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios, quienes aún no aparecen y están siendo tratados como desapariciones forzadas.
A la fecha, no se ha dado una declaración oficial por parte del régimen de Nicaragua ni de la institución eclesiástica sobre estas detenciones, incluyendo la del obispo Mora y los seminaristas mencionados. La comunidad internacional está al tanto de estas acciones, consideradas violatorias a la libertad religiosa y de expresión por varios organismos de derechos humanos.
En los últimos meses el régimen también ha cerrado decenas de ONG y otras asociaciones civiles, llegando a superar las 3.500 clausuradas desde 2022, y mantiene encarcelados a más de 100 “presos políticos”, según datos de la oposición, entre ellos al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en febrero pasado.
La actual crisis política y social de Nicaragua se inició en abril de 2018 cuando policías y paramilitares armados reprimieron con violencia una ola de manifestaciones opositoras, con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados en ese año.
(Con información de AP y EFE)
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