(Desde Montevideo, Uruguay) - El Batallón 14, una unidad militar del Ejército uruguayo, fue un centro de detención y tortura durante la última dictadura del país (1973-1985). Y como tal, es un lugar clave en las excavaciones que buscan encontrar restos de detenidos desaparecidos por las acciones ilegítimas que el Estado uruguayo cometió durante ese régimen de facto.
En junio, fueron hallados restos humanos en ese predio. Eran huesos que estaban a 100 metros de donde en 2011 fue encontrado Julio Castro, desaparecido en 1977, y donde en 2012 se desenterraron los de Ricardo Blanco, desaparecido en 1978. La incógnita de las autoridades y de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es saber a quién corresponden los restos.
Pero a siete meses de la aparición, todavía no se pudo conocer la identidad. Esta duda motivó una movilización de la organización, que fue respaldada por el movimiento sindical, este miércoles en Montevideo.
Después de encontrados los restos, estaba previsto que a los días se pudiera conocer la causa de la muerte y extraer muestras de ADN para la constatación de la identidad. Luego, un estudio llevado adelante en un laboratorio genético de Argentina determinó que el cuerpo hallado era el de una mujer, aunque se conocieron pocos detalles más.
En la movilización de este miércoles, la organización de Madres y Familiares reclamó: “Que nos digan quién es”. “Nos urge nombrarla, nos urge darle un nombre; necesitamos saber quién es, qué nombre lleva, quién fue, cuál es su historia”, leyó Laura Boiani, nieta de Otermín Montes de Oca, desaparecido en 1975.
Boaini proclamó que necesitan saber “si bailaba, si reía, si tenía sueños o miedos, cómo era su pelo, cómo eran sus ojos, poder abrazarla y refugiarla”, según la crónica de La Diaria. Los familiares quieren poder “arrancarla finalmente de las garras de quienes apagaron su vida”.
“Se volvió a reafirmar algo que venimos exigiendo hace mucho tiempo: son las Fuerzas Armadas, asesinas y cobardes, las que ocultan la verdad, las que mantienen secuestrados a nuestros familiares (…) Les exigimos nuevamente que hablen, que rompan el pacto de silencio, que digan de una vez por todas la verdad”, reclamó.
Luego, Boiani aludió a la responsabilidad del presidente Luis Lacalle Pou por ser la jerarquía a la que obedecen las Fuerzas Armadas.
Hay 39 mujeres desaparecidas en la última dictadura uruguaya cuyos restos aún no fueron encontrados, según el listado oficial de la Secretaría de Derechos Humanos. De ese universo, 21 nombres fueron descartados porque había suficientes muestras de calidad de sus familiares en la base de datos con las que se matchean las muestras de ADN, consignó El Observador.
Entre las descartadas por los estudios genéticos figuran Elena Quinteros y María Claudia García de Gelman. La falta de ADN de muchos familiares obligó a una campaña en los últimos meses para tratar de conseguir la mayor cantidad de muestras, que fueron a parar al laboratorio argentino.
Si bien los investigadores no descartan ninguno de los 18 nombres posibles, la poca información que hay apunta que una posible víctima es Amelia Sanjurjo. Ella es la única de la que no se consiguieron muestras suficientes de ADN con las que contrarrestar. La edad (tenía 41 años al momento del secuestro) es otro de los datos que afianza la hipótesis.
Hasta ahora en Uruguay se hallaron cinco detenidos desaparecidos enterrados en predios militares: Ubagésner Chaves y Fernando Medina (en 2005), Julio Castro (2011), Ricardo Blanco (2012) y Eduardo Bleier (2019).
Son 197 las personas desaparecidas por acciones ilegítimas, una cifra que incluye no solo las desapariciones ocurridas en Uruguay, sino todas aquellas en las que el Estado tuvo responsabilidad, incluso en el exterior.