Escándalo en Chile: un hombre que recibe una pensión como víctima del estallido social de 2019 está prófugo imputado por estafa

(Desde Santiago, Chile) La cronología de este desaguisado parte el 23 de junio de 2022 cuando la jueza Elizabeth Melero, del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, emitió una orden de detención en contra de Juan Francisco Villalobos Prado (37), imputado por el delito de estafa.

Paralelamente, casi tres meses después, se emitía el decreto exento 2787 —firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda—, que le otorgaba a él y a otras 417 personas la pensión de gracia como persona afectada “en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019″, según consigna una nota del diario digital Ex-Ante.

Dicho decreto terminó de tramitarse recién en febrero de 2023 y en abril, comenzó el pago hacia Villalobos, que es vitalicio y mantendrá esa condición mientras “subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.

Entre el 18 de abril y 15 de diciembre, el prófugo recibió nueve pagos a su cuenta de $633.129 ( US$ 727 dólares), a razón de uno por mes, que sumaron $5.698.168 (US$6.540).

Fue recién en septiembre de este año cuando algunos medios de comunicación se percataron de que uno de los beneficiados de las pensiones por gracia por motivo del estallido social, brindadas por el Gobierno, constaba como prófugo de la justicia.

Es en el marco de esta investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió este miércoles oficiar a la Tesorería General de la República sobre el domicilio que entregó Villalobos Prado para recibir la pensión de gracia, dijeron fuentes cercanas a Ex-Ante.

Esta medida busca ampliar a esa propiedad la orden de detención vigente que mantiene ya en otros domicilios registrados a su nombre, pues el paradero de Villalobos continúa siendo desconocido.

Villalobos Prado es una de las 418 personas que han recibido este beneficio: 270 en el gobierno de Gabriel Boric y 148 en el pasado, de Sebastián Piñera.

Según detalló en septiembre el subsecretario Manuel Monsalve de Interior, del total de beneficiados, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en la gestión pasada.

Al conocerse todos los detalles del caso, la oposición exigió airada este miércoles al gobierno revertir la medida:

“Le pedimos al gobierno (…) que revoque e invalide la pensión de gracia que está recibiendo esta persona mensualmente, porque además está ocupando esta pensión para escapar de la Justicia”, señaló el diputado RN Andrés Longton, miembro de la comisión investigadora por las pensiones de gracia.

“Esto es una vergüenza y muestra que el gobierno no tiene una sola línea en materia de seguridad. Por una parte, dice que tiene una agenda anti delincuencia, pero finalmente termina favoreciendo con plata y dinero de todos los chilenos, y con impuestos de todos los chilenos, a delincuentes”, recalcó el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet.

Desde la Subsecretaría del Interior contestaron por escrito que “se está trabajando en modificaciones al manual de procedimiento para la entrega de pensiones de gracia para incorporar, entre otros, el tener a la vista los antecedentes penales de las personas”.

“Como Gobierno estudiaremos una modificación a la ley que establezca la posibilidad de revocar el beneficio en el caso de que la persona a la que le haya sido otorgada una pensión de gracia cometa un delito durante la vigencia de ésta”.

“Respecto a las personas que recibieron pensiones de gracia por hechos ocurridos en el contexto del estallido social, reiteramos que el Gobierno se apegó estrictamente al reglamento vigente, que data de enero de 2022, que no establecía el tener a la vista los antecedentes penales de los eventuales beneficiados”.

Villalobos Prado fue calificado para postular al polémico beneficio debido un hecho ocurrido en noviembre del 2019, en el contexto del estallido social, según una querella auspiciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que denuncia el delito de abuso sexual reiterado.

Los detalles, recogidos en una nota del diario El Mostrador, cuentan que Villalobos, luego de participar en una marcha en La Florida, “es interceptado sin mediación alguna” por Carabineros, quienes no llevaban una identificación visible. Los uniformados golpearon con lumas y patadas al afectado y posteriormente lo subieron a un móvil policial.

Luego lo llevaron a constatar lesiones a un centro de salud, sin embargo, el recinto hospitalario emitió un documento que se le entregó a Carabineros y no a Villalobos.

Tras eso, Villalobos fue trasladado a la subcomisaría de Los Quillayes, donde se materializaría la denuncia.

En el único calabozo del lugar, las fuerzas policiales le piden a Villalobos que se desnude, al tiempo que es esposado. Luego dos de los Carabineros le toman los brazos, donde un tercero “introdujo un dedo en su recto, hecho que se repitió cuatro veces mientras se le preguntaba de forma amenazante: ‘tení (SIC) algo … tení (SIC) droga’”.

Además, el INDH relató que Villalobos recibió descargas eléctricas en sus dedos, con lo que el afectado reconoció como una linterna.