El crimen organizado avanza en Brasil por la falta de una estrategia de contención eficaz

Brasil tiene un enemigo al que cada vez le cuesta más contener. Se llama crimen organizado y controla siempre más personas, drogas y armas. Lo dicen una serie de datos e informes que han salido a la luz recientemente y que fotografían una realidad oscura a la que el país aún no es capaz de dar una respuesta adecuada. Tanto el Primero Comando de la Capital (PCC) como el Comando Vermelho (CV), los dos principales grupos criminales de Brasil, avanzan ahora en las cárceles del país, pero no son los únicos.

Un informe del Ministerio de Justicia revelado por el diario Folha de São Paulo registra al menos setenta facciones criminales que controlan gran parte del sistema penitenciario brasileño. El Comando Vermelho, según el informe, está presente en 21 prisiones, seis más que el año pasado. En cambio, el PCC está presente en 23 cárceles, dos más que en 2022. Sin embargo, el CV es más difícil de controlar porque no está tan organizado como el Primero Comando de la Capital, que nació en 1993 en la prisión de Taubaté, en el estado de San Pablo, y que lleva sus propias contabilidad tanto en número de afiliados como de armas en su poder. La expansión de los grupos criminales en el control de las prisiones es un fenómeno preocupante porque transforma lugares que deberían ser centros de rehabilitación en plataformas del crimen que desde allí gestionan y controlan las guerras y el tráfico en el país sudamericano.

“En la prisión de Curado, en el estado de Pernambuco, sigue existiendo la figura del ‘recluso encargado’ que abre la celda para dejar entrar y salir a los presos. En el Distrito Federal, hay prisiones donde los miembros de las facciones tienen prioridad para salir al patio a tomar el sol”, afirmó el presidente de la Federación Nacional de Policías Penitenciarios, Fernando Anunciação, según el cual muchos estados brasileños han perdido totalmente el control sobre las facciones. Para el abogado de la defensa pública de Pernambuco, Michel Seichi Nakamura, “este poder paralelo dificulta aún más el acceso de la población carcelaria a los pocos servicios educativos, sanitarios e incluso de defensa de sus derechos que se ofrecen”.

Brasil es el tercer país del mundo con mayor población carcelaria. Sin embargo, con 644.000 reclusos, hay un déficit de 162.000 celdas. Para Rafael Velasco, secretario nacional de Políticas Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el hacinamiento convierte el problema en un círculo vicioso. “Con más gente, las facciones reclutan nuevos soldados que terminan saliendo a las calles, cometiendo nuevos delitos, regresando al sistema penitenciario y llenándolo cada vez más”, dijo.

El pasado mes de junio, el estado de Amazonas experimentó de primera mano lo que esta penetración significa en la práctica. Presos afiliados al Comando Vermelho amenazaron de muerte a funcionarios de prisiones, llegando incluso a ofrecer una recompensa de 50.000 reales, unos 10.000 dólares por la muerte de uno de ellos. De la cárcel, el conflicto se trasladó a las calles de Manaos donde, además del ataque a un funcionario de prisiones, asesinaron a un miembro del PCC, al que decapitaron e incluso improvisaron con su cabeza un macabro partido de fútbol. Según la policía brasileña, el Comando Vermelho, aunque originario de Río de Janeiro, domina ahora el tráfico de drogas en el estado de Amazonas, que sigue siendo una de las principales puertas de entrada de la cocaína procedente de Colombia y Perú. Los criminales cariocas tomaron el relevo tras el desmantelamiento del principal grupo local, la “Família do Norte”.

Sin embargo, la alerta de seguridad sigue siendo muy alta en toda la región amazónica. Un informe publicado recientemente por el Foro Brasileño de Seguridad Pública revela que las llamadas “muertes violentas intencionadas” en la Amazonia Legal son un 45% más altas que en el resto de Brasil. La Amazonia Legal incluye nueve estados de la región amazónica: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y parte de Maranhao. Es un área gigantesca en la que hay 772 municipios. Aquí se registró una media de 33,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. El 57,9% de los habitantes vive bajo el control de las cerca de 22 facciones criminales que ejercen su poder en la Amazonia. Además del narcotráfico y el tráfico de armas, el crimen organizado se dedica aquí a la pesca ilegal, la biopiratería y el contrabando de madera y oro.

La minería ilegal también sigue siendo una parte importante de sus ingresos. Y un dato parece preocupante. Los mineros ilegales han vuelto a ocupar tierras indígenas yanomami menos de un año después de haber sido expulsados. En enero pasado, el gobierno federal había iniciado una serie de operaciones en territorio yanomami para expulsar a los aproximadamente 20.000 mineros ilegales de oro. Según la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), su reducción había sido del 80%. Sin embargo, según el Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Medioambientales (IBAMA), su presencia ha vuelto a aumentar en los últimos cuatro meses. De hecho, las operaciones policiales están sufriendo problemas logísticos. Las Fuerzas Armadas desactivaron un punto de apoyo dentro de la reserva yanomami, que servía para abastecer a los helicópteros de vigilancia.

Los que pagan el precio más alto son los propios yanomami. Según la Secretaría de Salud Indígena (SESAI), 215 yanomami murieron en 2023, en su mayoría niños, a causa de la desnutrición y las enfermedades infecciosas. Pero sobre todo por el aislamiento y por el hecho de que su tierra se ha convertido ahora en el lejano oeste del crimen organizado. Incluso el gobierno parece haber bajado los brazos y ha dejado de emitir los boletines que publicaba cada semana para informar sobre la situación de los indígenas de la región. A principios de diciembre, una operación de la policía federal, la Operación Eldorado, contra el comercio ilegal de oro y uranio, mostró toda la magnitud del problema. La operación descubrió una organización criminal que también había cooptado a dos policías federales y había conseguido enviar fuera de Brasil toneladas de oro extraído ilegalmente en la Amazonia.

Las armas destinadas al mercado criminal también se están convirtiendo en un problema muy grave en Brasil. El Comando Vermelho y el PCC fueron los destinatarios de miles de armas decomisadas el 5 de diciembre en una operación conjunta de las policías brasileña y paraguaya.

El cerebro de la red criminal era un argentino, considerado por los investigadores como el mayor traficante de armas de América Latina,

Diego Hernán Dirisio, de 49 años, actualmente prófugo. Entre sus clientes brasileños se encontraba Fhillip da Silva Gregório, de 36 años, también conocido como el “Profesor”, narcotraficante del Complexo do Alemão de Río de Janeiro. En la operación, que duró tres años, se investigó a 54 personas. Dirísio habría suministrado a las principales facciones brasileñas 43 mil armas procedentes de Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, moviendo 1.200 millones de reales, es decir 243 millones de dólares. El esquema también involucró a “doleiros” y empresas de fachada en Paraguay y Estados Unidos. El brazo financiero del grupo incluía, según el sitio de noticias G1, a un funcionario del Ministerio Público Federal, Wagner Miranda. Se trataba de un grupo de personas, escribe G1, “que, a sabiendas y voluntariamente, permitieron movimientos de dinero provenientes del comercio de armas hacia sus cuentas bancarias, con el fin de dar una apariencia de ‘legalidad’ a las maniobras realizadas por los doleiros”.

Según la investigación, Dirisio vendía las armas a través de su propia empresa con sede en Paraguay.

“Él es el dueño y coordina todas las actividades de la empresa, hacía los negocios directamente para la venta y reventa con el conocimiento de que a estas armas había que quitarles los números de identificación porque estaban destinadas al crimen organizado. Esto se comprobó durante la investigación y fue la mayor dificultad al principio de la operación”, declaró el Superintendente de la Policía Federal del estado de Bahía, Flávio Albergaria.

Paraguay era fundamental para la red de Dirisio. Aquí, las armas llegaban directamente de Europa y, gracias a la corrupción de algunos policías y militares locales, obtenían la autorización de la Dimabel, el organismo paraguayo de control de armas. 15 de sus funcionarios fueron investigados por corrupción. Entre ellos se encuentra el general Jorge Antonio Orue Roa, ex director de la Dimabel y ex jefe de la Fuerza Aérea de Paraguay. Desde ese país, las armas llegaban a Brasil, donde abastecían principalmente al mercado del narcotráfico carioca.

Sólo en noviembre se incautaron en la “ciudad maravillosa” 568 rifles, una cifra que equivale a un 26% más que en el mismo mes de 2022. Es el número más alto registrado en los últimos 16 años. Además, la noticia revelada por el sitio web Metrópoles de una negociación entre el Ejército, la Policía Civil y narcotraficantes en Río para la devolución de 21 armas robadas de una base del Ejército en Barueri, en el estado de San Pablo, el pasado mes de septiembre, suscitó polémica. Según Metrópoles, la negociación tuvo lugar con un miembro del Comando Vermelho y un traficante de armas conocido como “Capixaba”.

La principal fuente de ingresos del crimen organizado brasileño sigue siendo el narcotráfico. Aunque cada año se destinan toneladas de cocaína al mercado europeo, el consumo interno también crece de forma alarmante. Sólo en San Pablo, la cantidad de consumidores de droga que ocupan la región central apodada Cracolandia aumentó un 43% en el segundo semestre de este año en comparación con el primero, según datos de la Secretaría de Seguridad Urbana del ayuntamiento de la metrópoli. Sólo en octubre, el cálculo realizado con imágenes captadas por drones registró un promedio de 583 adictos químicos aglomerados en la región.

La otra cara de la moneda es el aumento de los robos, a menudo cometidos por los propios toxicómanos para comprar droga. En San Pablo, el centro se ha convertido en tierra de nadie, con un robo cada treinta minutos, mientras que en Río de Janeiro, sólo en el barrio de Copacabana, los robos, especialmente de teléfonos móviles, han aumentado más de un 56 % en los últimos meses.

Las últimas cifras del Informe Mundial sobre Homicidios 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) hacen el escenario aún más trágico. Brasil lidera el ranking mundial de homicidios en números absolutos. De los 458 mil homicidios registrados en el mundo en 2021, 10,4% ocurrieron en Brasil, con un promedio de 22,38 homicidios por 100 mil habitantes, casi cuatro veces más que el promedio mundial de 5,8%.

Frente a un Estado percibido como ausente en las políticas de seguridad pública, hay el preocupante fenómeno de los ciudadanos justicieros que van en busca de ladrones para golpearles. Los episodios recientes ocurridos en San Pablo y en Río, donde algunos vecinos de Copacabana unieron sus fuerzas para identificar y atacar a personas sospechosas de cometer robos en el barrio, no desencadenaron una respuesta adecuada por parte de las autoridades. “La reacción violenta de los residentes de Copacabana, en gran medida previsible debido a la peligrosa combinación de sentimientos de terror e impotencia, es algo que no se ajusta a los principios de un Estado de Derecho democrático y debe ser contenido dentro de la más estricta legalidad. Es innegable, sin embargo, que esta forma de actuar refleja la desesperación de los ciudadanos, que lo único que desean es poder salir a la calle sin el temor de ser asaltados y asesinados al doblar la esquina”, escribe en un editorial el diario O Estado de São Paulo.

El pasado noviembre el presidente Lula, para hacer frente a la emergencia de seguridad especialmente en Río de Janeiro y Bahía, promulgó un decreto presidencial, la llamada Garantía de Ley y Orden (GLO), en virtud del cual 3.700 militares de Ejército, Marina y Fuerza Aérea tienen ahora poder policial en los aeropuertos de Guarulhos y Galeão, en los puertos de Río de Janeiro, Itaguaí y Santos, y en las carreteras de acceso, así como en una franja de 2.300 kilómetros en las fronteras. La GLO durará hasta mayo de 2024. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido decepcionantes. Para los expertos brasileños en seguridad, la GLO parece más una operación cosmética que la señal de una estrategia que Brasil necesita urgentemente para evitar que el problema alcance evitar que el problema alcance un tamaño que ya no pueda controlarse.