Catástrofe anunciada y polémica en Brasil: comenzó la implosión de una de las 35 minas de Braskem en Maceió

“Es la mayor tragedia urbana del mundo”. Con estas palabras, João Henrique Caldas, alcalde de Maceió, la capital del estado brasileño nordeste de Alagoas, definió el desastre medioambiental que implosionará literalmente parte de la ciudad. El domingo, la mina nº 18 se derrumbó en el distrito que, según las previsiones, se derrumbará por completo y acabará bajo el agua, el Mutange. Abel Galindo, profesor de ingeniería civil en la Universidad Federal de Alagoas y uno de los primeros en advertir de la posibilidad de un derrumbe de las minas de sal de la empresa petroquímica brasileña Braskem hace décadas, comentó que “estos movimientos de tierra que se han oído en los últimos días eran agua y tierra bajando a la mina. La telenovela ha terminado. La mina ya no existe, está llena de rocas y piedras. Como vengo repitiendo desde hace años”, dijo.

En total, Braskem posee 35 minas de sal gema en la zona. La de Maceió empezó a funcionar en 1975, durante la última dictadura militar, a pesar de que las autoridades medioambientales lo desaconsejaron en su momento. Al cabo de casi 50 años - la mina dejó de funcionar en 2019 - ha llegado el momento de pagar la factura, una factura muy elevada porque las minas se encuentran en una zona de falla geológica y ahora corren el riesgo inminente de derrumbarse. La capital de Alagoas ha declarado el pasado 1 de diciembre el estado de emergencia, la gente se ha visto obligada a abandonar sus casas para siempre y ahora empieza la difícil guerra de indemnizaciones y responsabilidades. Se trata de unas 60 mil personas que han tenido que abandonar 14mil viviendas desde 2018 en otros cuatro barrios además de Mutange, es decir Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto y Farol. Las primeras grietas importantes comenzaron a aparecer hace cinco años. Sin embargo, en 2016, el Instituto del Medio Ambiente (IMA) de Alagoas había renovado la licencia ambiental para la minería por seis años más.

Y que estamos ante un terrible juego de culpas lo demuestra también la polémica suscitada tras el colapso del domingo. El alcalde quiso tranquilizar a sus conciudadanos en su perfil de X. “Los habitantes de las otras zonas pueden estar tranquilos. No hay ningún estudio que indique otro derrumbe de esta magnitud”, dijo. Los equipos técnicos del Ministerio de Minas y Energía, junto con los de la Protección Civil de la ciudad, también describieron el incidente del domingo como un “localizado, sin daños mayores aparentes”. El Servicio Geológico de Brasil y la Agencia Nacional de Minería (ANM) también participaron en el análisis.

Sin embargo, expertos de otras instituciones cuestionan estas declaraciones tranquilizadoras. Regla Toujaguez, ingeniera, geóloga y profesora de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL) está convencida que el episodio del pasado domingo es sólo el comienzo de un proceso de implosión que también implicará a las otras 34 minas. “Todavía no es un derrumbe, pero esta ruptura es el inicio del proceso. Para que se produzca realmente el derrumbamiento, toda la circunferencia tiene que ceder, lo que aún no ha ocurrido”, afirmó. La bióloga Neirevane Nunes, coordinadora del Movimiento Unido de Víctimas de Braskem, lamenta la falta de información. “Se han omitido datos o no se han recogido. En la universidad no tenemos información suficiente para predecir lo que ocurrirá. Es un apagón informativo. La información que tenemos es la que la Protección Civil transmite a la población”. A continuación, insta a la población a permanecer alerta. “Tenemos que seguir el proceso y vigilar las demás minas. Aparte de la nº 18, hay minas que necesitan monitoreo, como la mina situada bajo el lecho del río Laguna”, advirtió.

El Ministerio Público Federal de Alagoas en 2019 llevó a juicio, aún abierto, tanto la Agencia Nacional de Mineración como el Instituto del Medio Ambiente Medio de Alagoas (IMA) por cargos de no tributar a Braskem. Según los fiscales, “no hay forma de exonerar a las instituciones gubernamentales de asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, especialmente en relación con las actividades de control”. El proceso se había iniciado a partir de un informe elaborado por el Servicio Geológico de Brasil (SGB), según el cual existe un vínculo entre los daños registrados en los cinco barrios de Maceió (Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto y Farol) y las actividades mineras de Braskem. Por otra parte, el derrumbe de la mina nº 18, ocurrido el 10 de diciembre, también se llevó consigo los equipos técnicos utilizados para controlar con gran precisión los movimientos del terreno. Sólo en cinco días, a principios de diciembre, el suelo se ha hundido 1,69 metros. Según la Protección Civil Municipal, se instalará una nueva instrumentación, pero aún no hay fecha. En cambio, Braskem dijo que había instalado un nuevo sensor en la zona con la ayuda de un helicóptero.

La catástrofe anunciada en Maceió también está teniendo repercusiones en el frente político. Ayer se abrió en el Senado una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para aclarar las responsabilidades. Sin embargo, su ponente no será elegido hasta la próxima semana. De hecho, los senadores están divididos sobre el principal candidato del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el senador Renan Calheiros que es también padre del ex gobernador de Alagoas (hasta 2022) y hoy ministro de Transportes del gobierno Lula, Renan Filho. La alternativa es Omar Aziz, del Partido Socialdemócrata (PSD), ya conocido por haber presidido la CPI de la COVID-19, en 2021. Calheiros fue el político que pidió la creación de la CPI y es, junto al presidente de la Camara Arthur Lira del Partido Progresistas (PP), el hombre político más fuerte de Alagoas. Y justamente para evitar interferencias los senadores pidieron que sea alguien de afuera del estado a presidir la parlamentaria de investigación.

El diario O Estado de São Paulo informó sobre una acalorada reunión el martes pasado en Brasilia con el presidente Lula y algunas figuras políticas, entre ellas Renan Calheiros, Arthur Lira, el gobernador del estado de Alagoas, Paulo Dantas, del mismo partido de Renan, el MDB y el prefecto de Maceió, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. El tema de las tensiones fue el acuerdo firmado en junio por Braskem con el municipio de Maceió en el que la petroquímica se comprometía a una indemnización de 1.700 millones de reales, unos 346 millones de dólares. Según el gobernador, algunas cláusulas no fueron divulgadas, sugiriendo que favorecían a la petroquímica. “Si el alcalde revoca este acuerdo y empieza a defender los intereses de las víctimas, podría votar por él para la reelección”, dijo Renan, añadiendo que también propondría “una tregua humanitaria si demuestra que no defiende a Braskem”.

Lula, por su parte, mostró su oposición a la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación porque, en su opinión, iría en contra de los intereses de la industria nacional que defiende su agenda política. Petrobras posee el 36,15% de las acciones de Braskem junto con Novonor (antigua Odebrecht), que tiene el 38,32%. A principios de este mes, la petrolera estatal emiratí Adnoc presentó una oferta de 2.100 millones de dólares para comprar una participación clave en Braskem. El presidente Lula en la reunión también señaló que la CPI es un instrumento de la oposición y podría acabar poniendo en peligro los votos de interés del gobierno en el Congreso e incluso Petrobras. “Lira estuvo de acuerdo con él”, informa O Estado de São Paulo, “pero Renan no”.

Y mientras tanto, se van conociendo detalles que indican la magnitud del problema. Según el fiscal brasileño Vladimir Aras, el gerente de las obras de Braskem en Maceió es un ex empleado de Odebrecht involucrado en el Lava Jato colombiano. Además, en medio de la tormenta por el caso Maceió, la petroquímica brasileña aumentó un 44% los sueldos de sus directivos. La semana pasada, el Instituto del Medio Ambiente (IMA) multó a Braskem con 72 millones de reales, 14,6 millones de dólares por daños ambientales y por la mina 18. También se incluye en la cifra una multa de 2 millones de reales porque, según el IMA, la petroquímica omitió información sobre la mina nº 18.

En un comunicado, Braskem respondió a la acusación declarándo que es “falsa”. Entretanto, mientras sus casas abandonadas sólo están ahora pobladas por colonias de gatos, las víctimas empiezan a unirse. Temen que se repita el mismo caos indemnizatorio que se produjo con la tragedia de Mariana del 5 de octubre de 2015, cuando toneladas de barro sepultaron un pueblo entero, el de Bento Rodrigues, en el estado de Minas Gerais. La catástrofe se produjo tras el derrumbe de una represa que contenía un estanque gigante de desechos de una mina de hierro. Fue la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Brasil. En total, cerca de 1,5 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por el mar de barro, y 19 perdieron la vida.

En la actualidad, 700.000 víctimas luchan en los tribunales para obtener una indemnización completa por los daños sufridos. En 2019 un desastre similar arrasó la ciudad de Brumadinho, también en Minas Gerais. El balance fue aún más trágico, 272 muertos y 22 desaparecidos. El grupo minero brasileño Vale, que gestionaba el lugar, pagó 7 millones de dólares en indemnizaciones. Según la Secretaría de Economía del Estado de Alagoas es difícil cuantificar los daños causados a la población y a la ciudad. Las estimaciones, sin embargo, hablan de unos 30.000 millones de reales, cerca de 6.100 millones de dólares, que quién sabe cuándo llegarán a los bolsillos de los damnificados y de la ciudad. Primero habrá que acabar con la catástrofe medioambiental anunciada en su totalidad.