Un fiscal pidió sentencias de hasta 30 años para tres personas acusadas de “terrorismo” por presuntamente lanzar dos cócteles molotov y difundir “propaganda enemiga” en Cuba, informaron el lunes medios oficialistas.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Cuba fue más directo en su cuenta de la red X: “Un hombre y dos mujeres involucrados en acciones terroristas pagadas por mercenarios en EEUU cumplirán sanciones de 20 a 30 años de privación de libertad”, señaló la cartera sobre este proceso celebrado recientemente y dado a conocer la noche del domingo.
Esto se da paralelamente a la denuncia de la ONG Cubalex que indicó que el mismo domingo unas 40 personas, entre activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes fueron blanco de detenciones u “operativos policiales para impedirles salir” de sus viviendas en diferentes partes del país.
De acuerdo con el noticiero estatal, dos mujeres y un hombre están acusados de lanzar el año pasado dos bombas caseras al archivo del tribunal municipal de Centro Habana y al local de un Comité de Defensa de la Revolución, donde una persona resultó lesionada.
Estos tres acusados habrían sido pagados con “recargas” telefónicas por personas radicadas en Estados Unidos e incluidas en una lista publicada el jueves en Cuba de individuos bajo investigación penal en la isla comunista. Las autoridades cubanas las relacionan con acciones “terroristas”, añadió el reporte.
Por su parte Cubalex, una ONG de derechos humanos con sede en la ciudad estadounidense de Miami (Florida), señaló en su cuenta de X que unas 40 personas fueron objeto de “represión, amenazas, detenciones” y “vigilancia” en el día internacional de los derechos humanos.
La ONG precisó que entre ellos está Wilber Aguilar, padre de un preso por las manifestaciones históricas del 11 de julio de 2021, que “fue detenido al intentar salir de su vivienda” en un populoso municipio de La Habana.
Según Cubalex, lo mismo ocurrió con al menos siete integrantes del grupo opositor Damas de Blanco, que fueron también arrestadas cuando salían de sus hogares en esta capital y en la aledaña provincia de Matanzas.
Informó además que la Seguridad del Estado citó a algunos activistas en estaciones policiales “para amenazarlos e impedirles salir a la calle” y que otros son vigilados en provincias como Pinar del Río (oeste) y Camagüey (centro-este).
Este tipo de acciones policiales, que suelen durar algunas horas, ocurren regularmente en anticipación a jornadas que pueden generar algún tipo de tensión social.
(con información de AFP)
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