Asaltantes de tierras, aliados de Evo Morales, condenan a muerte a empresarios privados propietarios de predios en Guarayos, Santa Cruz, creando un conflicto entre las leyes de Bolivia y los intereses de los cocaleros y narcotraficantes.
Sixto Canaza, dirigente de los asaltantes de tierras, tiene arresto domiciliario por haber encabezado el secuestro de policías y periodistas en el sector de Las Londras hace dos años, pero sigue muy activo y ahora es el cabecilla de los que amenazan de muerte a los empresarios privados que tienen posesiones allí.
Los asaltantes llegaron a ocupar una propiedad de 1.800 hectáreas en la zona en época de cosecha de la soya, y después de cosecharla y vender la producción se declararon campesinos sin tierras. Ahora vuelven a las andadas y tuvieron un enfrentamiento con los campesinos de la zona, en que murieron dos personas.
Después de esos hechos, los asaltantes divulgaron un anuncio en que dijeron que “la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agropecuarios de San Julián Norte, junto a las comunidades de la central Pailitas, los hijos de la familia intercultural de la Federación Norte, resuelve: primero; condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras”.
Nicolás Ramírez Taboada, de la Federación Intercultural San Julián, perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-La Londras, llegó a decir: “Ahora sí vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar”.
El dirigente del comité Pro Santa Cruz Fernando Larach preguntó entonces: “¿Dónde está el ministro de Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, el fiscal departamental y el comandante departamental para aprehender a este señor? Eso es un delito flagrante. ¿Cuándo se resolverá el caso Las Londras? Esto quedará en lo mismo”.
El abogado Gary Prado opina que con estos hechos, se confirma el fracaso del “Estado plurinacional” creado por el MAS.
Ante esa y otras críticas por la actitud pasiva del gobierno frente a estos hechos delictivos se han producido algunas reacciones, aunque por el momento muy tibias.
La abogada Raquel Guerrero, vinculada al caso Londras, había advertido en su momento que los grupos armados en el conflicto por tierras iban a proliferar debido a la ausencia de Estado de derecho en la zona de Guarayos.
Con mucha cautela, la justicia decidió ahora iniciar una investigación sobre el anuncio de que los grupos de asaltantes tomarán las armas para matar a los propietarios.
La fiscalía de Santa Cruz decidió actuar aprovechando que Evo Morales, el comandante de los asaltantes, llamados “interculturales”, está en Buenos Aires, donde se sospecha que organiza grupos de choque entre los residentes bolivianos para crear problemas al presidente electo Javier Milei. En radio Fides se difundió la versión de que Morales podría ser o detenido en Argentina o expulsado de ese país por estar empeñado en acciones que están prohibidas para todos los extranjeros en todos los países.
El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que el gobierno no tolera la existencia de grupos armados, porque así lo dicta la constitución cuando dispone que sólo las fuerzas armadas y la policía tienen derecho a portar y usar armas en el país.
Sin embargo, pocos minutos después de esas declaraciones surgió otra amenaza de un grupo armado que se instaló en San Carlos, también en Santa Cruz, donde los asaltantes de tierra, de un “área protegida”, enviaron un mensaje muy claro: “Si llegan aquí, aténganse a las consecuencias”.
Por el momento, esta amenaza ha sido efectiva, porque la policía no ha enviado oficiales para controlar la zona y proteger de veras esa zona “protegida”. Los asaltantes llevaron maquinaria pesada para destruir la selva.
Las Fuerzas Armadas están paralizadas desde que se difundió la denuncia de que los comandantes reciben del gobierno la autorización para alquilar amplias áreas de parques nacionales a quien quisiera explotarlas.
Ahora es el caso de empresas chinas que operan en los ríos de la región amazónica, donde explotan oro mediante el uso indiscriminado y dañino de mercurio, que está envenenando el agua y la tierra. Los pueblos aborígenes denuncian que el mercurio afecta a los peces de los ríos, que son el único alimento que tienen, lo que está provocando enfermedades a los niños.
Según las denuncias difundidas por radio Fides, los comandantes militares no solamente cobran alquiler por la explotación de “áreas protegidas”: exigen que los arrendatarios, en este caso los chinos, les entreguen un porcentaje del oro que obtienen.
El abogado Gary Prado, hijo del general del mismo nombre que capturó al Che Guevara en 1967, opinó en las redes sociales: “Cuando el Estado no es capaz de arbitrar los intereses contrapuestos de sus ciudadanos y algunos de ellos utilizan la fuerza para imponer sus objetivos en desmedro del patrimonio o los derechos de otros, se instala la anomia en este fracasado Estado Plurinacional”.
“Por eso los delitos de amenazas coacción, lesiones gravísimas posesión de armas de fuego y otros quedan en la impunidad. Porque sus autores son parte del esquema de dominación y poder que nos mal gobierna y son además útiles a los fines de la disputa por el territorio y la tierra.”
Carlos Chalup, analista político de Camiri, dijo que todo esto confirma los temores de que Bolivia ya es un “Estado fallido”.
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