Estados Unidos pide que la OEA analice si hay que aplicar la Carta Democrática a Guatemala por las presiones sobre Bernardo Arévalo

(Washington, Estados Unidos) El gobierno de Estados Unidos presentó un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) que plantea la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres e invocar algunos artículos adicionales de la Carta Democrática contra Guatemala, ante el agravamiento de la persecución política contra el gobierno electo de Bernardo Arévalo.

La iniciativa, que había sido anunciada por el embajador Frank Mora esta semana, fue presentada por escrito horas después. Según el proyecto de resolución al que accedió Infobae, Estados Unidos promueve que el Consejo Permanente “considere la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General (o una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores)”.

El texto de Estados Unidos ya está en manos de todos los representantes permanentes a la OEA, que esperarán el regreso del secretario general, Luis Almagro, que se encuentra en Guatemala, para evaluar los siguientes pasos de la organización.

Almagro viajó a invitación del gobierno saliente, para participar de la presentación de un informe sobre la transición gubernamental que el presidente Alejandro Giammattei realizará en la tarde de este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura, de Guatemala. Al regreso a Washington, los embajadores esperan recibir un nuevo informe del secretario general para tomarle el pulso a la crisis institucional provocada por el Ministerio Público, que según entienden la mayoría de los países de la región pone en riesgo el cambio de mando presidencial previsto para el próximo 14 de enero.

El texto que presentó la delegación de Estados Unidos a los países es un borrador para que desde allí se busquen consensos políticos para que el Consejo Permanente de la organización emita una tercera declaración política sobre Guatemala.

La primera,emitida el 1 de setiembre, condenó las presiones de la fiscalía de ese país contra las autoridades electorales y al presidente electo Bernardo Arévalo y su partido el Movimiento Semilla. Esa resolución fue aprobada por consenso, es decir, por la unanimidad de los países.

El segundo texto, aprobado el 15 de noviembre, fue sometido a votación dado que el canciller de Guatemala, Marío Bucaro, presente en Washington para la discusión, puso reparos y cuestionó que nuevamente la OEA se metiera en asuntos internos de los países. La votación fue 20 a 1.

Ahora, tanto Estados Unidos como la enorme mayoría de los países creen que la situación es más grave. En primer lugar porque el Ministerio Público pidió hace tres semanas quitarle la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karín Herrera. En segundo lugar, porque cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) perdieron la inmunidad luego que la fiscalía lo había solicitado y el Congreso lo aprobara sobre la medianoche del último día de la legislatura, con votos mayoritariamente de legisladores que no renovaron su banca.

Por ello el borrador que presentó EEUU sostiene que se advierte en Guatemala “un incremento en el abuso del poder por parte del Ministerio Público” que “atenta contra el orden democrático, así como contra el proceso de transición presidencial en curso”. Para ello se apoya en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entregado hace dos semanas al Consejo Permanente.

En el texto, Estados Unidos promueve invocar los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, que prevén la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de cancilleres del continente. Ese sería un paso siguiente en un proceso de aplicación de la carta que de manera sui generis ya viene ejecutando la OEA.

Varios de los conceptos que se establecen en esos artículos ya se aplicaron. Por ejemplo, el texto señala que “cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.

La OEA, tras la invitación del presidente saliente Alejandro Giammattei, tiene desplegadas dos misiones en Guatemala: una que acompaña la transición y otra de mediación. Además, había tenido una tercera, para la observación electoral.

La carta democrática también señala que el secretario general podrá elevar informes al Consejo Permanente para que se realicen “apreciaciones colectiva de la situación”, algo que ya se produjo varias veces. Desde junio, la OEA se reunió nueve veces por Guatemala.

Pero el paso siguiente en esa escala de presión a Guatemala, que ahora en especial se focaliza en procurar que el gobierno saliente que ha mirado para el costado a las acciones de la fiscalía, es convocar a una reunión de cancilleres, ya sea en el formato de Asamblea General de la OEA o no.

Otra alternativa más suave que está arriba de la mesa, y fue propuesta por Bolivia, es que antes de convocar a una reunión de cancilleres se establezca una comisión integrada por embajadores ante la OEA de diferentes países para que vayan a Guatemala en una nueva misión de la organización.

En cualquier caso los países esperarán las próximas horas para recibir el nuevo informe de Almagro a su regreso de Guatemala.

Hasta ahora las críticas de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la región habían estado centradas en el Ministerio Público por sus ataques al proceso democrático de transición. Por un lado la OEA ve que hay dos procesos dentro de lo que Arévalo llama un “golpe de estado en cámara lenta”.

Por un lado está la búsqueda por desacreditar el resultado de las elecciones. Para ello son los juicios contra los magistrados del TSE, que tras la pérdida de inmunidad al menos dos de ellos debieron exiliarse. También realizaron allanamientos e incautaciones de cajas con votos y actas electorales.

Por otro lado está, lo que interpretan los países, como la búsqueda de impedir que Arévalo asuma el poder el 14 de enero. Para ello lanzaron causas intentando inhabilitar al Movimiento Semilla primero, en base a una denuncia de firmas falsas al inscribir el partido en 2017. Luego, con un pedido de quitarle la inmunidad a la fórmula presidencial por haber posteado en sus redes sociales mensajes de apoyo a los estudiantes que ocuparon la Universidad de San Carlos en 2022 en denuncia de un supuesto fraude en la elección del rector.

Estados Unidos habla de “la apertura de nuevas investigaciones infundadas, la emisión de órdenes de allanamiento y detención” y de una “continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público de Guatemala”.

Pero en las últimas horas el gobierno de Joe Biden también empezó a sumar presión contra el gobierno saliente de Giammattei. La semana pasada el Departamento del Tesoro aplicó sanciones a una figura extremadamente cercana al presidente por acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.