(Desde Montevideo, Uruguay) - Después de dos años de discusión y cuestionamientos de la sociedad civil, el Senado de Uruguay aprobó un proyecto de ley que reconoce el derecho de los padres a enterrar o cremar a los “hijos nacidos sin vida”. El texto, que pasará a discutirse en Diputados, fue votado por unanimidad y propone que los progenitores que atraviesan esas pérdidas sean reconocidos como padres y reciban un trato humanizado.
Además, la normativa apuesta a que los padres tengan el derecho de inscribir en el registro a los hijos nacidos sin vida con su nombre. “Fueron más de dos años de trabajo y decenas de delegaciones recibidas a quienes agradecemos su tiempo. Celebro que hayamos avanzado en un tema tabú e invisibilizado: la mortalidad fetal y cómo abordarla”, valoró la senadora colorada Carmen Sanguinetti, impulsora de la reforma legal. La otra coredactora fue la legisladora del Partido Nacional Carmen Asiaín.
Actores de la sociedad civil y de la salud expresaron sus reparos frente a un supuesto trasfondo antiborto, informó La Diaria. Desde el Frente Amplio también expresaron sus reparos a la normativa, aunque finalmente acompañó la iniciativa de Sanguinetti tras varias modificaciones. La oposición, en tanto, pretendía que se reconociera la muerte fetal a partir de las 20 semanas de gestación o los 500 gramos de peso.
El proyecto de ley posibilita la inscripción voluntaria en el Registro de Estado Civil con la asignación de nombre y apellidos, la constancia de haber nacido sin vida y la fecha y el lugar de nacimiento. Hasta ahora, las inscripciones se registran como NN, lo que implica una “invisibilización”, según Sanguinetti.
Sanguinetti argumentó que las mujeres y las parejas de las mujeres que sufren la mortalidad fetal tienen índices superiores de depresión, ansiedad y otros síntomas psicológicos que se pueden extender por un tiempo prolongado, comentó la senadora basada en un informe de Unicef.
La definición la tomó de una legislación chilena y comprende a “todo producto de la concepción identificable o diferenciable de las membranas ovulares o del tejido placentario materno en general, que cesa en sus funciones vitales antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de la persona gestante, muriendo y que no ha sobrevivido a la separación ni un instante siquiera”.
El proyecto también reconoce la licencia especial por duelo y encomienda al Ministerio de Salud Pública la creación de un protocolo nacional de actuación frente a la muerte fetal intrauterina, con pautas para los equipos de salud y guías de apoyo a los familiares.
El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos destacó que el proyecto implica la existencia de una vida prenatal, consignó el medio uruguayo. “Nosotros estamos convencidos de que la vida existe desde la concepción, y este tipo de proyectos, en definitiva, establece un reconocimiento al derecho de ese feto que no puede nacer a ser enterrado o ser considerado de otra forma”, sostuvo en la sesión del Parlamento que discutió el tema.
Uno de los cambios que incluyó el proyecto para que sea aprobado por el Frente Amplio fue la incorporación de un artículo que aseguraba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Este proyecto de ninguna manera busca derogarla, sino tiene otros objetivos”, dijo Sanguinetti, en referencia a las “inquietudes” que hubo en esa línea.
Este pedido de la oposición motivó que se incluyera el artículo 14, que establece: “La presente ley no podrá interpretarse de manera distinta que obstaculice de modo alguno las leyes vigentes” de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian reafirmó que “el primer proyecto tenía muchas barreras” que no permitían el acercamiento entre el oficialismo y la oposición.