El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al menos 300 acciones represivas en noviembre

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes al menos 300 acciones represivas en noviembre en la isla, mientras el régimen de La Habana se sometía al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“En medio del análisis a Cuba en la ONU por la situación de los derechos humanos y de la visita a la isla del representante especial de DDHH de la Unión Europea, Eamon Gilmore, el régimen cubano continuó su ofensiva represiva contra activistas y población civil”, indicó el observatorio en su más reciente informe.

Y detalló: “Las acciones represivas en este período fueron fundamentalmente detenciones arbitrarias, que afectaron a 85 casos. Otros hechos recogidos por la red de activistas del OCDH en la isla dan cuenta de 83 abusos contra presos políticos. Entre ellos aparece el que terminó con la vida de Luis Barrios Díaz, de 37 años, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. Barrios Díaz falleció tras negligencias de las autoridades penitenciarias”.

“También predominaron en noviembre los sitios de viviendas de activistas y opositores, amenazas, citaciones policiales, juicios y multas”, consignó el OCDH.

Por último, estimó que “los actuales mecanismos de presión no son suficientes en la protección de las personas frente a la acción del gobierno en la isla”.

El preso político cubano Luis Barrios Díaz murió por una afección respiratoria que desarrolló en prisión. Había sido condenado a nueve años de cárcel por participar en las masivas protestas del 11 de julio de 2021 contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Luis era un simple manifestante del 11J que fue detenido por esta causa y se le enfrentaron miembros del Gobierno para ‘neutralizar la aglomeración’ por ‘disciplina social’, según la propia sentencia. ¿Y qué hacían para tener que ‘neutralizar’ y volver al cauce de la ‘disciplina’ social?”, se preguntó Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.

El activista citó parte de la sentencia para mostrar que Barrios Díaz no había hecho nada que merezca la pena que recibió. “Probado que los acusados (…) aproximadamente a las 3:30 horas de la tarde del 11 de julio de 2021, con el propósito de perturbar la tranquilidad ciudadana y el orden social; se sumaron a una concentración de aproximadamente 60 personas (…) la manifestación que se hacía visible e interrumpía el descanso de los convivientes de esa localidad, los acusados (…) incitaban a la población a su incorporación y (…) gritaban frases a viva voz, con protagonismo, haciendo gestos con sus manos... esto se acabó... (sic)”, reza el escrito judicial.

Larrondo indicó que, después de que los funcionarios enfrentaran la manifestación para “neutralizar la aglomeración por disciplina social”, según la propia sentencia, dijeron tener lesiones. “Sin embargo, no presentaron en la causa ni parte médico ni parte ambulatorio debido a que no requirieron asistencia médica alguna, como reconoce la propia sentencia. Todos los testigos fueron oficiales y miembros del PCC (Partido Comunista Cubano) y del Gobierno”, sostuvo.

Luego denunció que el Tribunal “dejó sin crédito todos los testimonios de la defensa sin argumentarlo de modo alguno. Todos los peritos fueron del Ministerio de Interior, así que de la lectura de la sentencia se deduce que era una manifestación pacífica que no necesitaba ‘neutralizarse’, y se deduce sólo un delito: el empleo de la fuerza por parte de las autoridades para ‘neutralizar la aglomeración’”.

Y siguió: “Nada de lo narrado previamente sobre la manifestación sonaba o fue descrito en ningún aspecto delictivo. Es más, ni siquiera se atreve a decir que los manifestantes no llevaban el correspondiente nasobuco (la mascarilla por la propagación del COVID-19). Pues bien, a los manifestantes, que sólo recibieron golpes, se los acusó de atentado a la autoridad y desórdenes públicos”.

“El caso es claramente una farsa en contra de estos manifestantes. Luis fue condenado en primera instancia a nueve años de privación de libertad por desórdenes públicos y atentado”, concluyó Larrondo.

Por su parte, el mencionado Observatorio Cubano de Derechos Humanos detalló que Barrios Díaz presentaba problemas respiratorios desde agosto pasado, motivo por el cual había sido ingresado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y después trasladado a un hospital de La Habana para recibir atención especializada.

“Los médicos del hospital de la Covadonga informaron a las autoridades del penal de que era indispensable el ingreso hospitalario debido al mal estado de salud del reo pero estas decidieron devolverlo a la prisión, alegando que no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al prisionero político, decisión que provocó el empeoramiento de su estado de salud y posterior fallecimiento”, denunció el OCDH en un comunicado remitido a este medio.