Caso Convenios: claves del escándalo de corrupción más grave del gobierno de Gabriel Boric

(Desde Santiago, Chile) La cronología del caso de corrupción más grave que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Gabriel Boric partió el viernes 16 junio de este año, cuando el medio digital Timeline dio a conocer que la asociación de funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Antofagasta (a unos 1.300 kms al norte de Santiago), había advertido, en mayo y por correo electrónico, de un presunto conflicto de interés que involucraba a una autoridad local, según reza un artículo de Ex-Ante.

Y es que el Secretario Regional Ministerial (Seremi) Carlos Contreras, había suscrito tres convenios por $426 millones (casi $500 mil dólares), para desarrollar proyectos con la fundación Democracia Viva, presidida por el ingeniero Daniel Andrade. El conflicto radicaba en que Contreras había sido jefe de gabinete de la actual diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Andrade. Los tres eran militantes del partido oficialista Revolución Democrática (RD).

Rápidamente, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió la renuncia del Seremi Contreras. El 19 junio la diputada Pérez habló en el Congreso en Valparaíso, flanqueada por diputadas oficialistas y el senador Juan Ignacio Latorre, entonces presidente de su partido. “No tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos exfuncionarios de la administración del Estado”, dijo en esa oportunidad.

Al día siguiente la fiscalía regional de Antofagasta anunció la apertura de una investigación penal liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar. Era el inicio de la causa Democracia Viva, que pronto daría origen a nuevas causas.

El efecto dominó terminó con investigaciones abiertas en todas las regiones del país, ya sea vinculadas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) o con Gobierno Regionales (Gore). Los montos investigados asociados a Vivienda bordean los $4.200 millones (uno $4.8 millones de dólares); los relacionados con Gore superan los $18 mil millones ($20 millones de dólares).

El 24 de junio, Boric pidió la renuncia a la subsecretaria Tatiana Rojas (RD). Rojas había sido alertada el 2 de mayo del convenio con Democracia Viva, por parte de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, dijo el gobierno. Su salida buscó descomprimir la presión de la oposición y blindar al ministro Montes.

El Presidente entregó el 5 de julio a la prensa su versión de cómo La Moneda se enteró del escándalo.

“El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. El conocimiento que nosotros tuvimos fue por un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es de la semana anterior. En medio de eso, me imagino que, no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, averiguar todo lo que corresponda”.

El viernes 11 de agosto Giorgio Jackson, socio político con el que Boric lideró las protestas estudiantiles de 2011, creó el Frente Amplio, llegó al Congreso y luego a La Moneda, anunció en una conferencia de prensa su renuncia indeclinable al Ministerio de Desarrollo Social. Todo en medio de anuncios de una acusación constitucional en su contra por parte de la oposición y con la agenda legislativa del gobierno prácticamente paralizada desde el estallido del caso Democracia Viva.

No sería el único en caer en desgracia. En una reunión del Consejo Político Nacional realizada la tarde del 16 de agosto, la directiva nacional de RD liderada por el senador Latorre presentó su renuncia. La decisión ocurrió horas después de que el Presidente Boric realizara el cambio de gabinete y el partido pasara de tener los ministerios de Educación y Desarrollo Social, a dirigir sólo la cartera de Bienes Nacionales.

El presidente de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (hoy ex RD), dio en agosto una entrevista a Chilevisión donde se ajustó al discurso que había entregado el Ejecutivo respecto del caso Convenios. Dijo que ni el entonces ministro Giorgio Jackson, ni la directora de Presupuesto Javiera Martínez, ni La Moneda, sabían de lo ocurrido antes de que se la situación se conociera públicamente. Sobre la diputada Catalina Pérez, su expareja, sostuvo que no intervino en su favor cuando se suscribió el contrato de la fundación.

El llamado Caso Convenios abrió una caja de Pandora en prácticamente todas las regiones del país y decenas de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil están siendo investigadas por presuntos traspasos irregulares de fondos públicos desde distintas reparticiones.

El martes pasado la fiscalía detuvo a cinco personas vinculadas a traspasos del Gore del Biobío, incluida la excandidata a alcaldesa por el FA y ex postulante a diputada Camila Polizzi. La protagonista de la llamada arista “Lencería” del Caso Convenios quedó con arresto domiciliario. Este caso gira en torno al traslado de fondos que superan los $250 millones (casi $300 mil dólares), a la Fundación En Ti destinados a la capacitación de habitantes locales. No obstante, parte de estos recursos fueron utilizados por Polizzi para adquisiciones personales, incluyendo ropa, lencería y alimentos.

Su aprehensión se sumó a las dos de La Araucanía y cuatro de Los Lagos, también relacionadas con Gore. De los 11 detenidos hasta ahora, cuatro están en prisión preventiva. Entre ellos está el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, por presunto fraude al fisco y lavado de activos.

Sin embargo, el allanamiento realizado el jueves pasado en el Ministerio de Vivienda, por instrucción de la fiscalía de Tarapacá y motivado por la falta de respuesta de la cartera a la solicitud de documentación, puso en entredicho el discurso del ministro Montes desde que estalló el caso Democracia Viva, respecto a su capacidad para colaborar con la investigación de la fiscalía.

Pese al impacto del escándalo, el ministro ha logrado mantenerse a flote gracias al apoyo del PS y a las redes políticas transversales que cultivó durante sus 32 años de parlamentario. Ahora, la posibilidad de una acusación constitucional retoma fuerza. Mientras tanto, la diputada Pérez, su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi Carlos Contreras fueron desafectados de su partido y la investigación del Caso Democracia Viva, que destapó este tipo de fraudes que se vienen realizando hace años, sigue su curso.