La dictadura cubana se apropió de casi USD 70 mil millones de los salarios de los médicos de las brigadas internacionales

El Observatorio Cubano de Auditoría Social denunció que GAESA, al conglomerado empresarial de las fuerzas armadas cubanas, desvió los ingresos confiscados al personal de salud que el régimen envía al exterior

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El régimen cubano envía a sus médicos a trabajar ara gobiernos amigos y confisca su salario
El régimen cubano envía a sus médicos a trabajar ara gobiernos amigos y confisca su salario

El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) en su informe Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria acusó al conglomerado empresarial de las fuerzas armadas cubanas de haberse apropiado como mínimo de 69.8 mil millones de dólares de los salarios de los médicos en las brigadas internacionales, que nunca fueron invertidos en el sistema de salud nacional como había anunciado el régimen cubano.

Al enfrentar las primeras acusaciones de trabajo esclavo, el régimen cubano alegó que los salarios confiscados a las brigadas médicas serían reinvertidos en el sistema de salud pública nacional. Pero ello nunca ocurrió. Según detalló el OCAC, las estadísticas anuales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba reflejan una aguda disparidad entre los ingresos que se reconoce aportados por las brigadas y el monto de inversiones dedicadas a salud pública. El informe confirma que, en los últimos 13 años, se invirtió 13 veces más en la construcción de nuevos hoteles que en el sector de la salud.

Según detalla la denuncia, el holding registrado como una sociedad anónima en Panamá pero con control de las FFAA castristas, utilizó para la maniobra al Banco Financiero Internacional.

El desvío de fondos resulta aún más indignante si se tiene en cuenta el grave deterioro de la sanidad en la isla. Según cifras oficiales, en Cuba el número de hospitales decreció entre 2007 al 2018 un 32%. Todos los rurales fueron cerrados a partir de 2011, los policlínicos en un 9%, mientras que todos los puestos médicos rurales y urbanos cerraron a partir de 2010.

El país pasó de tener un total de 312.406 empleados como personal facultativo en el año 2021, a 281,098 en 2022. El personal de salud descendió en 31,308 menos en solo 12 meses, de 2021-2022. Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud.

La falta de medicamentos básicos se ha duplicado este año con relación al año 2020. De 84 medicamentos faltantes en 2020, en 2023 la cifra llegó a 172. Una encuesta realizada en agosto de 2022 por el sitio independiente de información y estadísticas Cubadata, arrojó que el 46.7 % de los encuestados consideraba muy difícil conseguir medicinas en el país.

Durante el mes de septiembre miembros de OCAC realizaron visitas a farmacias en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Se recopiló información sobre la falta de medicamentos que son expedidos por tarjeta de control (tarjetón) por tratarse de medicinas para condiciones crónicas, y los de primera prioridad. En todas las provincias se detectaron falta de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos.

Un tratamiento mensual para enfermedades crónicas que solo puede adquirirse en el mercado negro puede equivaler a más del 200% de la pensión mínima. Por ejemplo, Enapranil, para la presión arterial elevada y Amitriptilina para la depresión pueden llegar a costar 3.600 CUP (USD 150) que representa el 236 % de la pensión mínima de 1,528 CUP (USD 64).

“La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional. Los hospitales también carecen de insumos básicos y equipamiento para diagnóstico y atención a pacientes, así como para mantener la limpieza y esterilidad de las instalaciones. Son los familiares los encargados de conseguir los insumos para cualquier procedimiento en el mercado negro”, reflexiona el OCAC.

Entre las recomendaciones del informe, OCAC exige que GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022.

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