
(Desde Montevideo, Uruguay) - El narcotraficante Sebastián Marset está dispuesto a reconocer delitos menores que cometió en Uruguay y entregarse en su país. La estrategia de su defensa, que incluye también la entrega de su esposa, su hermano y su cuñado, busca evitar que el delincuente sea extraditado a Paraguay. Pero sus planteos no fueron bien recibidos ni por el gobierno ni por la Fiscalía uruguaya.
Consultado sobre este caso, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el Ministerio del Interior y la Cancillería del país ya hicieron las “averiguaciones necesarias” y generaron “las alertas que había que generar” para este caso. “El gobierno no negocia con narcotraficantes. Eso está claro. No debería ni decirlo”, aseguró el mandatario en la noche de este martes en una rueda de prensa.
Lacalle Pou señaló que su gobierno espera que la “coordinación” de las policías de los diferentes países sea “efectiva” para “llevar a cabo lo que hay que hacer”.
El presidente dijo que no vio la entrevista televisiva, pero aseguró que leyó las opiniones que hubo tras el reportaje.

Uno de los comentarios que hubo sobre las declaraciones de Marset fue el del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Este dirigente –el precandidato de la oposición con más chances de ser electo presidente en 2024– dijo días atrás: “El relato de Marset coincide casi 100% con el relato del gobierno nacional”. Esto, añadió, le pareció “por lo menos, raro”.
Sus comentarios fueron criticados por el oficialismo. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia y otro de los precandidatos, lo cruzó en Twitter: “Pensé que tenía algo más sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable”.
Consultado por las declaraciones de Orsi, Lacalle Pou contestó: “No tengo tiempo para dedicarme a cada uno que habla. Además, un amigo mío siempre decía: ‘O subimos el nivel o bajamos el volumen’”.
En la misma línea que el presidente uruguayo se expresó el fiscal de Corte, Juan Gómez. “La Fiscalía General de la Nación está para cumplir la ley y los convenios internacionales. Ningún fiscal podría pasar por encima de lo que prevé la ley y los tratados internacionales. Por lo tanto, que quede muy claro: no se negocia con narcotraficantes en esta situación”, declaró Gómez al noticiero Subrayado.

El vocero de Fiscalía, en tanto, aclaró que cualquier avance que se produzca en la causa del narco Marset va a estar apegado al Estado de Derecho y a las normas internacionales. Marset tiene una alerta roja emitida por Paraguay por lo que, en caso de ingresar a Uruguay, debería ser extraditado a ese país.
El abogado de Marset, Santiago Moratorio, fue quien inició las conversaciones con Fiscalía para que la pareja, el hermano y el cuñado de Marset se entreguen. En esos diálogos también sondeó la posibilidad de que el líder de la organización criminal asuma la responsabilidad intelectual de delitos menores y se entregue en Uruguay. Así, podría dilatar su entrega en Paraguay.
Moratorio se entrevistó con el fiscal de Flagrancia de 8° Turno, Diego Pérez, con la de Estupefacientes, Mónica Ferrero, y con el de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, según informó El País este miércoles.

Uno de los delitos que Marset está dispuesto a reconocer es la amenaza que Ferrero recibió a través de un mensaje enviado desde un celular peruano. “Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros”, advertía el texto.
El fiscal Pérez es quien investiga esta amenaza y transmitió a Moratorio que está dispuesto a analizar un acuerdo abreviado con Marset. Sin embargo, le aseguró que el narcotraficante debería enfrentar una medida cautelar de prisión preventiva y luego sería extraditado.
El fiscal de Lavado de Activos, en tanto, descartó el juicio a los familiares y explicó que se basa en un tratado vigente con Paraguay. Con la fiscal Ferrero, en tanto, no hubo avances de ningún tipo.
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