Los fantasmas de los asesinados por fuerzas policiales vuelven sobre el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

Cuando Juan Orlando Hernández se reeligió como presidente de Honduras, en noviembre de 2017, la muerte salió a las calles. Miles de hondureños protestaron por una reelección que consideraban ilegal y por unos resultados que, de acuerdo con la comunidad internacional, eran fraudulentos. Hubo manifestaciones y protestas en las que al menos 34 personas murieron, la mayoría, según los testimonios recogidos entonces, a manos de agentes del Estado.

La dirección del Departamento de Medicina Forense de Honduras, a cargo de Julissa Villanueva, levantó 27 autopsias, pero las autoridades de la fiscalía general apenas abrieron 8 expedientes de investigación por aquellas muertes, los cuales muy pronto quedaron en el olvido. El fiscal general entonces era Óscar Chinchilla, a quien un Congreso afín a Hernández había reelegido en 2018, también de forma irregular.

“A esas personas las asesinaron cuando se manifestaban… Las asesinaron las fuerzas del orden”, dijo a Infobae Villanueva, quien hoy es viceministra de seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Tras los disturbios provocados por la reelección de Hernández, Medicina Forense documentó las circunstancias de las muertes e incluso proveyó indicios de la participación de agentes del Estado al MP que dirigía Chinchilla, pero nada ocurrió.

Para 2017, cuando se reeligió como presidente, Juan Orlando Hernández estaba ya en el centro de una investigación internacional por narcotráfico que involucraba a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, a oficiales del ejército y de la policía, y a varios de los capos del narco más violentos y prominentes de Honduras. El grueso de estas investigaciones, que lideraban agencias estadounidenses como la Agencia Antidrogas (DEA), no eran públicas.

Los casos de los manifestantes asesinados aparecen ahora en una lista de 10 expedientes de investigación que una comisión del Congreso hondureño ha presentado a las nuevas autoridades del MP para que determine si Óscar Chinchilla, el antiguo fiscal general, y su adjunto, Daniel Sibrián, tuvieron responsabilidad en el encubrimiento de aquellos asesinatos, de la ejecución de una agente fiscal que investigaba el entorno del expresidente Hernández y de varios de los casos que había destapado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que estuvo en el país entre 2016 y 2021 y ayudó a elaborar complejos expedientes penales por corrupción atribuidos a políticos de todos los signos, la mayoría del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández.

Chinchilla dejó el puesto de fiscal general el 31 de agosto pasado. Horas después, el exfuncionario salió hacia Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha amparado a varios políticos y burócratas centroamericanos acusados de corrupción en sus países.

El Congreso hondureño, llamado a elegir a un sustituto al frente del Ministerio Público (MP), se estancó. La ley del país centroamericano establece un proceso de postulación del fiscal general que incluye evaluaciones de una comisión proponente, formada por abogados, miembros de la sociedad civil, académicos y representantes del Judicial, y la formulación de una lista final de candidatos de la cual los diputados tienen que elegir al jefe del MP.

En 2018, la ilegalidad en la reelección de Óscar Chinchilla, el fiscal general de Juan Orlando Hernández, ocurrió precisamente porque diputados afines al entonces presidente introdujeron a última hora el nombre de Chinchilla sin que este apareciera en la lista de los postulantes.

En la actualidad, el partido LIBRE, de la presidenta Xiomara Castro, no cuenta con los votos necesarios para elegir a un fiscal general sin pasar por acuerdos con el Partido Nacional de Hernández, ahora en la oposición. Ante eso, los partidarios de Castro escogieron una ruta alterna que les posibilita la ley: formar una comisión legislativa con autoridad para elegir a un fiscal general y un adjunto interinos, lo cual ocurrió a principios de este noviembre. Los escogidos son los abogados Johel Zelaya como jefe del MP y Mario Morazán como su adjunto, ambos cercanos al oficialismo.

Los nombramientos de Zelaya y Morazán han sido criticados por el partido de JOH y sus aliados, que la han calificado incluso de ruptura del orden constitucional. Estados Unidos, que en su momento fue aliado político del presidente Hernández, también ha criticado la selección del fiscal general interino. Pero también ha habido llamadas de alerta de buena parte de la sociedad civil hondureña, que han calificado esta elección como una muestra de autoritarismo de parte de la presidenta Castro y su entorno.

Lo cierto es que, por ahora, Zelaya, el nuevo fiscal general, ha emprendido acciones investigativas contra el entorno del expresidente Hernández y sus aliados políticos más cercanos, incluidos Chinchilla y el ex adjunto Sibrián, y ha retomado los casos de alto impacto, como la masacre de los manifestantes en 2017 y expedientes de alta corrupción. A mediados de mes, agentes policiales, capturaron, por órdenes del MP, a Rocío Tábora, ministra de finanzas en la época de Hernández, implicada en un caso de corrupción que involucra la compra de hospitales móviles durante la pandemia de Covid-19.

El nuevo fiscal general inició, también, una purga de mandos leales a Chinchilla en el MP, incluido el traslado de Ricardo Castro, exjefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quien ha sido señalado de encubrir ejecuciones, de tolerar una cultura de abusos sexuales en la agencia e incluso de permitir la existencia de un escuadrón de la muerte en el MP, el mismo que, de acuerdo con algunas investigaciones a las que Infobae ha tenido acceso, participó en la ejecución de un estudiante universitario y en el de una agente del MP que había investigado al entorno del expresidente Hernández por narcotráfico.

En la lista de los casos que la comisión legislativa entregó al nuevo fiscal general está incluida la muerte de Sheril Yubissa Hernández Mancía, una agente de la ATIC cuyo cadáver fue encontrado en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán en junio de 2018. La primera y única versión manejada por el MP de Chinchilla fue que Hernández Mancía se había suicidado por problemas económicos y personales. Los forenses encargados del caso, sin embargo, dijeron desde el principio que se trató de un homicidio.

Ricardo Castro, el exjefe de la ATIC, defendió varias veces en público la versión del suicidio a pesar de que las pruebas forenses dejaron en evidencia que el cuerpo de Hernández Mancía había sido manipulado postmortem, que la escena del crimen había sido alterada y que los hombres de la ATIC habían impedido el trabajo de los médicos forenses.

Dos investigaciones independientes posteriores determinaron que las dudas sobre la muerte de Hernández Mancía eran válidas y establecieron indicios sobre las razones del crimen: la agente fiscal, destacada como investigadora especial en Copán, había empezado a escudriñar en la relación entre el alcalde de un remoto pueblo con el narcotráfico y sus vínculos con Tony Hernández, el hermano del presidente, además de la relación de políticos y funcionarios con la pandilla MS13.

Durante años, el ex fiscal Chinchilla y los suyos se cerraron en la versión del suicidio de la agente Hernández Mancía y esa se convirtió en la única verdad aceptada por el Ministerio Público de Honduras. Eso hasta inicios de noviembre, cuando la comisión legislativa ordenó investigar la muerte de Hernández Mancía y el MP, ya bajo del mando del fiscal interino Johel Zelaya, anunció que iba a revisitar el caso, con lo que la posibilidad del asesinato y el encubrimiento quedó abierta.

Zelaya, el nuevo fiscal, anunció a principios de este mes varios cambios internos en el MP, lo cual una fuente ministerial hondureña que habló con Infobae atribuyó a una purga para sacar del camino a todos los cuadros leales al expresidente Hernández y al Partido Nacional. A Ricardo Castro, por ejemplo, Zelaya lo sacó de la ATIC, la poderosa unidad especializada de investigación, financiada en parte por Estados Unidos, lo cual despertó especulación en el MP de que Castro también sería investigado; sin embargo, el ex jefe de la ATIC fue nombrado como segundo al mando de la UFERCO, la unidad especializada en investigaciones de gran corrupción, bajo cuya responsabilidad están algunos de los casos de corrupción más relevantes atribuidos al gobierno de Juan Orlando Hernández.

En Honduras persiste, además, la duda sobre el alcance real del MP bajo el mandato de Johel Zelaya, el fiscal general interino. “La pregunta es si va a investigar a todos por igual o solo va a hacer cacería de brujas contra la gente de Hernández mientras protege al entorno de la presidenta”, se pregunta en Estados Unidos un funcionario federal que sigue de cerca la evolución del gobierno de Xiomara Castro en Honduras.

Entre la sociedad civil hondureña hay muchas dudas sobre la legalidad de la elección de Zelaya. El 20 de noviembre, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) introdujo un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Según Gabriela Castellanos, directora del CNA, la elección, “quebranta” las disposiciones constitucionales y atenta contra el sistema democrático de pesos y contrapesos.

Lo cierto es que, por el momento, el fiscal general Zelaya y los diputados oficialistas que lo nombraron han iniciado investigaciones de casos de alto impacto que en su momento estremecieron al país centroamericano, como la masacre postelectoral de 2017 y el asesinato de la agente Sheril Hernández, que hasta ahora languidecían en la impunidad. Pero también es cierto que, hasta el momento, las nuevas autoridades del MP no han anunciado la apertura de casos que involucren a funcionarios cercanos al gobierno de Castro, como las denuncias de que miembros de la fuerza pública nombrados en esta administración siguen teniendo relaciones con el narcotráfico y con las ejecuciones extrajudiciales.

La administración de Xiomara Castro también ha caminado a paso lento en la instalación de la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por Estados Unidos que, de instalarse, tendría autonomía respecto a las autoridades locales y capacidad para investigar casos de corrupción y crímenes de alto impacto, incluidos los que se atribuyen a funcionarios actuales.