Estados Unidos aseguró este lunes que quiere que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tome posesión de su cargo, aunque admitió que no es optimista tras la solicitud por parte de la Fiscalía de Guatemala de retirar su inmunidad.
“Tenemos todas las esperanzas de que Arévalo tome posesión, pero estas últimas medidas no indican mucho optimismo”, señaló el embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, durante una llamada con periodistas.
El diplomático, sin embargo, celebró que se haya enviado una misión de observación electoral para supervisar el traspaso de poder.
“Hay retrocesos pero seguimos avanzando, en gran parte debido al esfuerzo de la OEA”, agregó.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de las elecciones generales del pasado verano y tratar de cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo.
La persecución por parte de la Fiscalía en contra del Movimiento Semilla empezó el 12 de julio pasado, después de que sorpresivamente Arévalo de León obtuviera el segundo lugar en los comicios generales del 25 de junio.
“Abuso de poder”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió el sábado a las recientes acciones de la Fiscalía de Guatemala contra el presidente electo Bernardo Arévalo y denunció que está ejerciendo un “abuso de su poder” sobre los miembros del Movimiento Semilla.
En un comunicado, el organismo hizo un “llamado a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público, que atentan contra el orden democrático, la voluntad soberana de la población, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio de las libertades civiles y políticas”.
El viernes, el fiscal Ángel Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, formalizó su solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que apruebe el retiro de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo de León; a su vicepresidente, Karin Herrera; y a por lo menos cinco diputados del partido, en el marco de una investigación que se inició en 2022.
La causa acusa a los señalados de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, supuestamente ocurridos durante la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en abril del año pasado. Entonces, un grupo de estudiantes se rebeló ante el rector Walter Mazariegos, quien cometió fraude en las elecciones que lo dieron por ganador, y tomó la sede de la institución.
(Con información de EFE y AFP)
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